En el primer Artículo de nuestra Carta Magna, se señala que «todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a la vida, desde el primer instante de su existencia, como el primero y anterior a cualquier otro derecho». Sin embargo, en los hechos, estas palabras son letra muerta. Y es que, después de la muerte de 40 migrantes en la central de retención de migrantes en Ciudad Juárez a cargo del INM, no se ve claro qué va a pasar con los responsables. Se sabe que, dentro de las víctimas hay siete de nacionalidad salvadoreña, por tal motivo, El Salvador quiere ceses y cárcel para los responsables.
Ayer, luego de que se informara que siete de las víctimas que fueron identificadas como de nacionalidad salvadoreña y que fueron ya repatriadas, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de ese país, Cindy Portal, advirtió: «Estamos exigiendo la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México».
Ya hace unos días, la misma funcionaria del gobierno de Nayib Bukele acusó que lo ocurrido con los indocumentados fue un “crimen de Estado”. Sin embargo, ayer agregó su exigencia de prisión. Ahora a ver con que sale el presidente, por lo pronto, El Salvador pide la cabeza del titular del INM.
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