Juan David Castilla / Ambientalistas exigieron a la Cámara de Diputados que apruebe las reformas a la Ley Minera impulsadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para contrarrestar el daño ambiental que ocasiona la minería a cielo abierto en el país.
De acuerdo con Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), las modificaciones legislativas deben realizarse durante este año.
Se modificaría el Artículo 6º que establece que la actividad minera no es prioritaria en México y que no es de interés público. Además, determina que las concesiones mineras ya no serán de 50 años, sino de 15.
El activista detalló que también las empresas, antes de acceder a las concesiones, deberán consultar a las comunidades y realizar una investigación de impacto social, no solo de impacto ambiental.
“Por último, limita el uso del agua, los mineros deben de mostrar que hay suficiente agua para la actividad minera. Estamos contentos, si se aprueba esta iniciativa nos pone en una condición extraordinaria para que las próximas generaciones, mis nietos y bisnietos, disfruten de lo poco que nos queda”, expresó.
Rodríguez Curiel recordó que en Veracruz solo queda el 4 por ciento de corteza vegetal, una situación que resulta alarmante por la pérdida de bosques y distintas especies de flora y fauna.
Si la minería “tóxica” continuara avanzando se devastarían 500 mil hectáreas en el estado de Veracruz, que van del municipio de Actopan hasta Tatatila, lo que dejaría sin agua a 3 millones de habitantes.
CANCELAN DISTRITO MINERO
En enero pasado, se dio a conocer que pobladores de Actopan y Alto Lucero lograron la suspensión definitiva de todo el distrito minero, que comprende 24 concesiones ubicadas en dichos municipios de la zona costera central del estado de Veracruz.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reveló lo anterior y recordó que el pasado 22 de septiembre, un juez federal otorgó la suspensión definitiva a cuatro de dichas concesiones mineras concedidas por la Secretaría de Economía. Posteriormente, el 28 de diciembre, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz otorgó la suspensión definitiva a las otras 20 concesiones.
La medida implica que no se podrá ejecutar ninguna de las 24 concesiones mineras, es decir, que durante el trámite del juicio las autoridades no podrán expedir autorización alguna y que las empresas deberán abstenerse de realizar cualquier actividad tendiente al proyecto minero.
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