Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
La mañana de este martes, minutos después de las 9 horas, tuvo lugar una reunión urgente en la cabecera municipal de Santiago Tuxtla. *** En una de las más recientes adquisiciones de la alcaldesa Kristel Hernández (una residencia ubicada en la calle Independencia, número 19) tuvo lugar el encuentro al que convocó la propia presidente municipal. *** Además de la propia Kristel Hernández, estuvo presente su esposo y exalcalde de Santiago Tuxtla, Argéniz Vázquez Copete. Asistió también el actual tesorero municipal, José Alfredo Osorio López. *** Fue convocada, además, Mónica Lizette Gutiérrez, quien fue tesorera del municipio durante la administración de Argéniz Vázquez y en el actual ayuntamiento cumple las funciones de titular del Órgano Interno de Control (OIC). *** También estuvo presente el actual director de Obras Públicas, Felipe de Jesús Perea, lo mismo que quien ocupó ese cargo en la pasada comuna, Alfredo Martínez Bapo. *** Hasta ese punto llegó Jesús Hernández Montezano, quien estuvo al frente del OIC en la anterior administración municipal y es, además, primo de la actual alcaldesa. *** Presente, también, Yazmín Copete Zapot, suegra de Kristel Hernández y madre del anterior presidente municipal, Argéniz Vázquez. *** El tema central fue uno solo: la exhibición del desvío de recursos municipales, en especial los que iban destinados, desde el anterior ayuntamiento, a rehabilitar la unidad deportiva “El Palenque”. *** Que esta irregularidad haya trascendido a los medios de comunicación, significa que quienes les habían ofrecido “blindaje” ya los dejaron a su suerte, y muy pronto llegarán los requerimientos de los órganos fiscalizadores. *** “Urge un chivo expiatorio”, fue la conclusión a la que llegaron.
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La versión del actual secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, cambio de forma radical en un breve lapso.
Apenas en el mes de enero, cuando se hicieron públicos los señalamientos por casos recurrentes de acoso sexual y trata de personas, el funcionario estatal reaccionó ofendido:
“Por supuesto que es falso, no tenemos esa información, si hay alguna denuncia siempre la hemos turnado a asuntos internos que es el órgano que le toca hacer la investigación correspondiente (…) Hasta el momento no tenemos ese dato (de personal cesado) no ha habido la comprobación de un caso de esta naturaleza, sin embargo, todos tienen el derecho de expresarse. De 17 casos que dice esa persona no tenemos y menos que haya una red, es completamente falso”.
Hoy, a menos de dos meses de distancia, el discurso es otro:
“Si hay algunos casos, nosotros no vamos a ocultar ninguna información, por supuesto que hay algunos casos que ya están siendo atendidos por la propia Contraloría General del Estado”.
Pero ha sido tal la gravedad de este problema en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que, incluso, su titular admite que se ha visto en la necesidad de implementar programas para concientizar al personal.
“Existe una campaña de concientización para evitar la violencia de género en todas las áreas y se les ha dicho a los hombres que no se va a tolerar ningún tipo de acoso, ni ningún tipo de agresión a las mujeres. Las compañeras están para ganarse el pan que llevan a su casa”.
El caso más evidente de acoso sexual, que obligó a que el propio gobernador saliera a admitir (aunque sólo en parte) los actos de agresión de género en la SSP, fue el señalamiento del portal de noticias Latinus en contra de quien fungía como jefe de la Ayudantía de Cuitláhuac García, el marino Carlos santos Hernández, de quien se dijo que había sido separado del cargo porque “fue requerido por la Secretaría de Marina Armada de México”.
El problema es que no se quiera reconocer la dimensión de este problema.
Este martes se empeñó en negar la cifra de denuncias por acoso y hostigamiento sexual durante su gobierno (170, dato proporcionado por la Contraloría General del Estado).
“(Ese número) es cuando se inicia un protocolo de atención, independientemente si es cierto o no, se tiene que hacer, es una cuestión de protección a la mujer”.
Exacto. Decir que existen 170 denuncias por acoso sexual, no significa que todos sean reales, pero si se iniciaron los protocolos de atención, significa que hubo señalamientos específicos.
Para variar, como sucede cada vez que se le acaban los argumentos, el gobernador replicó que esos casos porque en su administración “se aplica el protocolo y no como ocurría en gobierno anteriores que su protocolo era mandar a callar y nunca atender las denuncias”.
Pasa por alto el mandatario estatal que si en la actualidad se conocen estos casos, ha sido porque organizaciones de la sociedad civil los han expuesto, no porque su gobierno haya salido a difundirlo.
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Epílogo.
Parece mentira que sea la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, la que dé el mal ejemplo al violentar un principio fundamental del derecho: la presunción de inocencia. *** La togada “invitó” a los abogados y a los ciudadanos para que, si alguien les pide un “moche” lo denuncien, pues con la detención del juez Florencio Hernández, “hay muestra de que se está trabajando para sancionar a quien imparte justicia e incurre en actos de corrupción”. *** La magistrada no debería expresarse de esa manera respecto a una persona que no ha sido juzgada y, por lo tanto, tampoco sentenciada, por lo que ella en primer lugar (porque encabeza el órgano encargado de impartir justicia en Veracruz) tiene que hacer valer ese principio: “Toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa” (artículo 20 de nuestra Carta Magna).
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