Fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek quien admitió la controversia constitucional: «Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído. La medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente».
Esto significa un duro golpe para el ego y los planes del presidente López Obrador, quien buscaba hacerse del control del órgano electoral.