Los que saben de leyes, aseguran que Estado de derecho es cuando el poder y la aplicación de justicia están regulados y garantizados por ley. Tomando en cuenta ello, existe preocupación que en México la ley la estén aplicando los grupos criminales. Resulta muy delicado que el crimen organizado les esté haciendo la chamba a las autoridades con la ejecución de José Noriel Portillo, El Chueco, presunto asesino de dos sacerdotes y dos civiles en Chihuahua.
Atrás quedaría el proceso legal y un juicio que al menos dejara convencidos a la Compañía de Jesús, gremio al que pertenecían los malogrados jesuitas. De ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia, ni como una solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara.
«La ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial». Así o más clarito, ojalá y que las autoridades tomen cartas en el asunto, o acaso ya se les olvidó que, con el asunto de los norteamericanos, también los malandros les resolvieron el problema presentándoles a los presuntos asesinos.
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