Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
La máxima autoridad en el Poder Ejecutivo de Veracruz desdeñó las evidencias (aunque no las rechazó). *** En opinión del gobernador, lo que se escucha en la grabación difundida el pasado lunes (Ulises Rodríguez Landa, director de Administración de Seguridad Pública, organizando brigadas para la promoción del voto) no es otra cosa que “actividades políticas realizadas por un ciudadano en su tiempo libre”. *** Sin embargo, no es tan simple. El diputado federal José Yunes Zorrilla aseguró que las grabaciones constituyen un delito que habrá de denunciarse, y de las investigaciones sobre este caso, tendrá que surgir quiénes más están involucrados en ese operativo del que -dijo- no puede deslindarse el gobernador. *** Ese audio, dijo el legislador, viene a confirmar las denuncias de los propios trabajadores, pues con mucha frecuencia la burocracia estatal se queja de que los presionan para que se afilien a Morena, los obligan a participar en marchas y mítines, así como en otros eventos organizados por el partido que gobierna. *** “Se configura un delito, pero para todos: para quien coacciona y obliga a sus trabajadores a hacer trabajos de partido, para el gobierno que utiliza recursos públicos en financiamiento partidistas y para quienes también hacen y obedecen”. *** Pepe Yunes insistió en que por parte de los funcionarios estatales hay una violación a la Constitución, así como al marco electoral, y el mandatario estatal no puede escudarse diciendo que no sabe sobre el tema o que no está enterado, pues se trata de un colaborador de su gobierno y, por ende, debe sancionar ese tipo de hechos. *** “Es una buena pregunta para el señor gobernador del estado; él tendrá que responder si está o no está enterado, y de no estar enterado, que deslinde responsabilidades e investigaciones para que se puedan también hacer evidentes los castigos y las responsabilidades de quienes infrinjan la Ley”. *** Este tema va a escalar entre los veracruzanos.
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Se anticipó en este mismo espacio, hace un año: “el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH en el caso de los seis jóvenes detenidos e imputados por ‘ultrajes a la autoridad’ y la negativa a admitir la recomendación emitida por los abusos de los que fue objeto July Raquel, son razones de peso para citar al gobernador de Veracruz y a la titular de la Fiscalía, al Senado de la República, para que justifiquen esas omisiones”.
Tanto el gobernador, como la titular de la Fiscalía, ya estaban enterados de que la CNDH había iniciado las gestiones en la Cámara Alta, pero nada habían dicho al respecto.
Fue un trabajo de investigación de la agencia veracruzana AVC Noticias, lo que permitió confirmar que la Comisión a cargo de Rosario Piedra había solicitado al Senado la comparecencia tanto de los dos servidores públicos de Veracruz.
La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece, en su artículo 46, que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, la autoridad o servidor público deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, “y atender los llamados de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.
Ese mismo artículo establece, al final, que “si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables”.
La investigación de AVC Noticias señala que la gestión para citar al gobernador Cuitláhuac García, y a la titular de la FGE, Verónica Hernández, obedece a la decisión de esos dos servidores públicos de no admitir dos recomendaciones.
Una, por violaciones graves a los derechos humanos (51VG/2022) de July Raquel, a quien la Fiscalía atribuye la responsabilidad en el homicidio de quien fungía como rectora de la Universidad de Valladolid, Guadalupe García.
La investigación de la CNDH permitió confirmar que la detenida sufrió actos de tortura, así como violencia sexual y psicológica.
Las autoridades hicieron caso omiso a la recomendación y en un juzgado de control se le impuso a July Raquel una condenada de 60 años de prisión.
La CNDH calificó como “estigmatizante y sin perspectiva de género” la postura del gobernador, a pesar de que se reunieron pruebas suficientes para sostener dicha recomendación.
La otra recomendación que fue rechazada en Veracruz fue la 59/2022 y tiene que ver con la detención del secretario técnico del senado, José Manuel del Río Virgen, en diciembre del 2021.
El funcionario del Senado fue señalado de tener participación en el asesinato de Remigio René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones por Movimiento Ciudadano (MC).
La CNDH acreditó irregularidades cometidas por las autoridades ministeriales al momento de su detención, que fue calificada como “arbitraria” y violatoria del interés superior de la niñez, al haberse llevado a cabo frente a un menor de edad sin el protocolo correspondiente.
Del Río Virgen fue detenido por ocho personas que no se identificaron, y que apuntaron al vehículo donde viajaba con su familia, además de que en ningún momento le mostraron una orden de aprehensión.
Y todo esto se refiere a recomendaciones “antiguas”. El gobernador y la titular de la Fiscalía han persistido en rechazar las recomendaciones, de las comisiones -estatal y federal- de los derechos humanos, lo que se ha convertido en una gigantesca bola de nieve que terminará por aplastarlos.
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Epílogo.
La mañana de este martes fueron localizados dos cuerpos sin vida en el interior de un vehículo, en el municipio de Coxquihui. Pobladores de aquella zona confirmaron que uno de los cuerpos corresponde a Everardo Rosales Espinoza extesorero de ese municipio, y el otro sería el de su esposa. *** En una pared cercana al sitio donde fueron encontrados los cuerpos, apareció un mensaje en el que se habla de un presunto ajuste de cuentas. *** Everardo rosales trabajó en la tesorería de Coxquihui, cuando el alcalde era Reveriano Pérez Vega, alias “El Pelón”, cuyo hermano Fernando, fue asesinado en enero del presente año junto con su familia. *** Está claro que en el Totonacapan (donde se celebra en estos momentos el Festival Tajín) el gobierno no tiene control y los grupos criminales actúan con total impunidad.
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