Bernardo Gutiérrez Parra / La noche del 17 de abril del 2021, poco después del artero ataque que sufriera en su casa de Boca del Río la joven Monserrat de 20 años, la Fiscalía General del Estado desató una persecución contra el presunto agresor Marlon Botas Fuentes, misma que alcanzó a miembros de su familia.
Cinco días después, el 23 de abril, la joven Monse dejó de existir y la FGE arreció la persecución contra los familiares de Marlon. El 9 de agosto fue detenido su tío, Brian Fuentes Pérez, al que se le fabricó el delito de ultrajes a la autoridad.
Dicha detención la utilizó la FGE como medida de presión para que los padres de Marlon, Jorge Ignacio Botas Jiménez y Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa proporcionaran la ubicación de su hijo, pero al no obtener nada, se fue contra ellos y los detuvo el 6 de noviembre del 2021 en la Ciudad de México.
A ambos se les aplicó de manera adelantada la Ley Monse que busca la persecución penal de quienes apoyen a una persona que comete un feminicidio y escapa. El asunto es que la Ley apenas está en calidad de dictamen. Es decir, ni ha sido votada por los legisladores locales, ni ha sido aprobada y mucho menos promulgada.
Lo anterior poco importó al juez de control, Oscar Hernández Carmona, que los vinculó a proceso porque según él tuvieron una participación “simultánea” en el delito de feminicidio y además: “prestaron ayuda en su ejecución, por conducta simultánea al hacer acto de presencia en el domicilio donde previamente existió una agresión física en contra de la pasivo”.
Sin embargo, el juez omitió explicar en qué consistió la ayuda que proporcionaron los padres de Marlon a su hijo.
Por lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito concedió un amparo a los padres de Marlon en el que instruye al juez Hernández Carmona a que “Deje insubsistente la parte relativa a la audiencia inicial, en lo concerniente al dictado del auto de vinculación a proceso reclamado”. Y además a que “señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que, con asistencia de las partes, pero sin intervención de las mismas, con libertad de jurisdicción, resuelva lo procedente sobre la solicitud de vinculación a proceso realizada por el fiscal, de manera fundada y motivada”.
Ante su ineficacia para detener al presunto feminicida, la FGE cometió algo más que una imprudencia al perseguir de manera pertinaz al tío de Marlon, a sus padres y hasta a una de sus abuelas a la que fueron a hostigar a Yucatán.
Al final, Marlon Botas Fuentes terminó entregándose en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en junio del año anterior. Y sus padres siguen en prisión acusados de nadie sabe bien a bien qué.
Ojo lector, con lo anterior no pretendo sugerir o insinuar que Marlon es ajeno al feminicidio. En la actualidad está vinculado a un proceso cuya sentencia será de muchos años de cárcel si resulta culpable.
En lo que me quiero detener es en el atropello y la falta de ética de la Fiscalía (lo que ya es la marca de la casa) con los padres de Marlon, al perseguirlos como lo hizo hasta llevarlos a prisión, pasando por alto su presunción de inocencia.
Eso es todo.
Por lo pronto la pelota está en la cancha del juez Oscar Hernández Carmona que este día tendrá que decidir. O acata la sentencia de amparo emitida por el Tribunal Colegiado a favor de Jorge Ignacio Botas Jiménez y Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa, o la manda al diablo y sigue actuando por consigna.
Veremos.
Se los dije
El legislador local y líder estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, citó para hoy miércoles a una conferencia en el auditorio Jesús Reyes Heroles de ese instituto político en la que (como decían los clásicos), hará “tronantes declaraciones”. Declaraciones en las que evidenciará one more time, las transas sobre el affaire Araly Rodríguez Vez que siguen dejando muy mal parado al gobierno estatal.
Si Cuitláhuac García está apostando a que el caso se pudra en el cajón del olvido, Marlon apuesta a lo contrario. Lo único que puedo adelantarte lector, es que (según escribe hoy el periodista Filiberto Vargas) saldrán a relucir nombres hasta de muertos que siguen facturando contratos con la 4T. Y todo está perfectamente documentado.
A principios de este año comenté que el asunto de Araly Rodríguez que aparece como responsable de unas empresas que nomás no existen y que Marlon Ramírez dio a conocer en diciembre anterior, eran apenas la punta de un iceberg de corrupción que el legislador jarocho no iba a soltar. Y como fue.
Veremos qué dice hoy.