Bernardo Gutiérrez Parra / El reporte de enero sobre la incidencia delictiva y la violencia dado a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, chorrea en sangre. Mientras en diciembre anterior hubo 2 mil 602 asesinatos con violencia, en enero de este año la cifra fue de 2 mil 654 para un promedio de 85 asesinatos por día.
En lo que va de su sexenio el gobierno de López Obrador tiene registrados 143 mil 100 asesinatos con violencia, contra 107 mil 771 de Peña Nieto en el mismo periodo. Es decir, hay 35 mil 329 asesinatos más en el gobierno de un hombre que prometió acabar con la violencia en un año, luego en dos, después en tres y nada. Pero que repite con alarmante frecuencia: “¿Cómo que vamos a cambiar la estrategia contra la inseguridad si vamos muy bien?”
Lo cierto es que más de la mitad del país se tiñe de rojo todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días de año.
¿Y en Veracruz cómo andamos? Felices de la vida principiando por el gobernador Cuitláhuac García, que festinó que este enero hubo nueve asesinatos menos que en enero del 2022.
Tan feliz está que posteó en sus redes: “Esto no lo van a sacar ni en la radio de los voceros conservadores ni los medios tradicionales que les gusta mentir, por lo que compartimos las buenas noticias para Veracruz”.
¿Nueve ejecutados menos son buenas noticias? Híjole, sería cuestión de preguntar a los deudos de los 93 asesinados este enero y también a los familiares de los 102 ejecutados en enero del 2022 a ver qué dicen.
El sábado anterior, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron en Córdoba al alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García con un arsenal (¿Sembrado o no? Ve tu a saber, lector) compuesto por armas de grueso calibre, chalecos antibalas, equipo táctico y de radiocomunicación.
Pero al gobernador o no le informan o le informan mal porque todavía con la felicidad en el rostro por los nueve asesinados menos, dijo sobre esa detención: “No lo tenemos catalogado como generador de violencia, no lo tenemos registrado como integrante de grupos delictivos”.
Pero cuando se le dijo que la propia SSP lo acusaba de eso trastabilló y se tropezó con sus palabras. “Yo me tengo que atener a la información oficial y a las indagaciones que se hacen… hay cosas de las que no me entero”.
Si no se entera ¿para qué opina?
Su coco en la conferencia de prensa fue otra vez Araly Rodríguez, la mujer que es señalada de recibir contratos por más de 100 millones de pesos para proveer suministros a la Secretaría de Salud, a la de Seguridad Pública y al DIF estatal.
Cuitláhuac se enzarzó en un duelo con una reportera, duelo que perdió cuando ésta le dijo que ella fue personalmente a la dirección que dio Araly como domicilio fiscal de una fábrica; que lo único que encontró fue una tiendita de abarrotes y que no se vale que acuse de mentirosos a los reporteros cuando la información que dieron fue verídica.
“Lo que hago es ejercer mi derecho a la libertad de expresión” alcanzó a tartajear como respuesta y en ese sentido ni quien le rebata. Lo feo es que use esa libertad para decir mentiras.
En relación a las observaciones que le hizo a su gobierno la Auditoría Superior de la Federación por un monto de 2 mil 696 millones 890 mil 7 pesos, no aclaró mucho y se fue por enésima vez contra los medios. “Hay medios que secundan mentiras”.
Sobre este punto, el diputado local y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, dijo que no hay claridad en el manejo de la administración pública, ni en las contrataciones, asignaciones y licitaciones y esto evidencia casos como el de Araly Rodríguez, por lo que no sorprende que la ASF pida al gobierno estatal que aclare qué fue de esos 2 mil 696 millones de pesos.
“Lo más grave, es que este porcentaje de recursos que fueron los que se revisaron es eso; sólo una parte de todo el caudal de dinero que recibe el gobierno estatal. Estamos en la etapa donde se tendrá que hacerse la solventación de las observaciones y yo espero que esta cifra disminuya, porque no solamente es de los municipios sino de todos los entes públicos del estado”, dijo el legislador.
Pero si el gobernador no despejó dudas, quien sí lo hizo (al menos en la parte que corresponde al gobierno estatal) fue el titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco.
En entrevista con el portal Al Calor Político, el funcionario explicó que la solicitud de aclaración que emitió la ASF sobre la Cuenta Pública 2021 al gobierno estatal por 1, 226 millones 591 mil 241.02 pesos, no tiene relación con el saneamiento financiero llevado a cabo por la actual administración, ni implica daño patrimonial.
“En ninguna parte de esta solicitud de aclaración habla del saneamiento financiero, simplemente solicita información referente al Capítulo 1000, servicios personales del tema de la nómina educativa estatal. Prácticamente lo que la ASF solicita es que aclare por qué el Estado gastó más de nómina que lo que presupuestó”, indicó Lima Franco.
Agregó que este desbalance se debe a que Veracruz tiene déficit de recursos y no le alcanza para completar su gasto, por lo que tiene que recurrir a créditos bancarios de corto plazo y complementar el pago de la nómina educativa con los subsidios federales que recibe.
“No hay daño patrimonial, simplemente es solicitud de aclaración y que tampoco es un tema de responsabilidades contra los servidores públicos, es información que se estará entregando en las próximas semanas; sin ningún problema se estará aclarando este tema”, indicó el joven funcionario.
En resumen lector, lo de la ASF terminará aclarándose, lo del alcalde de Río Blanco tiende a enturbiarse y los delincuentes harán feliz al gobernador si este mes matan a una persona menos que en febrero del 2022.
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