Mussio Cárdenas Arellano / El saqueador quiere silencio. Un carpetazo y ya. Cuitláhuac intenta sepultar la basura, ocultar el lodo, sofocar las llamas, que no se hable de Araly Rodríguez y que no se sepa qué tanto su primo Eleazar Guerrero movió la corrupción.
El saqueador de Veracruz, como su alter ego, Javier Duarte, imagina que su palabra cierra la discusión, omitiendo que la tildó de prestanombre, fachada de empresas proveedoras —fantasmas, en realidad— y al dejarla sin trabajo manda al limbo los 100 millones de pesos que su gobierno le entregó.
Lo de Araly Rodríguez es sólo una rendija. El boquete está en la red de corrupción, el rol de Eleazar Guerrero Pérez, sus tentáculos en cada secretaría, los recomendados, los enlaces administrativos, la pandilla, con nombre y apellido, que orquestó, desde el primer día, compras y más compras, contrataciones violentando la ley, licitaciones simuladas, la inacción de los órganos internos de control, el Orfis vapuleado y replegado y Cuitláhuac García, en la cúspide, como beneficiario mayor.
Y el gober se afana en la teoría del carpetazo inmundo.
Y divaga, como lo hacía Duarte, denostando a la prensa que dio santo y seña, la que investigó y halló, y también la que sólo cachó y difundió las filtraciones que provenían de la pandilla voraz.
Y delira, como el preso gordobés, en que las empresas fantasma no son fantasma sólo por el hecho de existir, aunque, bien lo sabe, sirvan para delinquir.
Cuitláhuac es tonto y torpe. Es insensato y burdo, queriendo enderezar lo que él mismo enchuecó. Si antes admitió que con Araly Rodríguez Vez se acreditaba una caso de corrupción, hoy el discurso cínico lo implica en un escándalo de colusión.
Se le investiga, dijo Cuitláhuac García, el 6 de febrero. Y la tildó de prestanombre.
Y armó un show. Simuló una investigación interna. La empleada con plaza de maestra, que gana 7 mil 200 pesos al mes y cubre un interinato, que tiene credencial de elector con dirección en Poza Rica, representa a una empresa con domicilio en Xalapa, adscrita a una escuela en Cosoleacaque, o sea norte, centro y sur de Veracruz, está limpia.
Le habrán dado siete contratos. Habrá cobrado más de 100 millones de pesos. Puede tener una empresa con domicilio social en una tienda de abarrotes o junto a ella, en una colonia proletaria, en calles de tierra. Los millones cobrados no les dio para rentar un piso o comprar una oficina. Y está limpia.
Habrá tenido el tino de ganar contratos en la Secretaría de Seguridad Pública, en la pestilente Secretaría de Salud, en el DIF donde la marrullería es carta de presentación. Y está limpia.
Y Cuitláhuac abrió la Caja de Pandora. Aireó los males del mundo y los demonios de Morena. Volaron las corruptelas de la pandilla en Salud, las transas en Seguridad Pública, la uña en Infraestructura y Obras Públicas, el saqueo en cada oficina, la red de corrupción a todo lo que da.
Y cuando el escándalo lo devoró, metió el reversazo. Once días después, hecho trizas, acuchillado por los suyos, los que filtran y filtran documentos, contratos y versiones a periodistas y redes sociales, al presidente del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, lanzando misiles el diputado que un día fue de Fidel y otro de Duarte, Cuitláhuac finalmente reculó.
Araly, dijo el 17 de febrero, no es prestanombre, la empresa que representa concursa desde 2003, no es empresa fantasma y su domicilio social no es el que la prensa difundió.
Y la vedette de palacio volvió a cantinflear:
“Ahora nadie dice, uno, que la empresa no es fantasma y que el domicilio de la empresa sí existe. Algunos medios mintieron con la foto de una tiendita y no mostrar completa la foto, donde junto a la tienda está la empresa, su logo y la dirección correcta”.
Y sostiene:
“No es fantasma, no hay robo, fraude o cosas inexistentes y están todos los servicios materiales a los que se comprometió. Es una empresa constituida no de ahora, de años, no entró en nuestro gobierno, sino de años. Lo único que hizo fue trabajar en la SEV, pero no es su actividad principal”.
Ya metido en sus delirios, Cuitláhuac categorizó a la prensa como “voceros de la corrupción”.
Los voceros de la corrupción existen. Es su prensa, los portales comprados, mercenarios de la información, hoy al servicio del gobierno morenista de Veracruz, los Robles y su mala Imagen, los Rosas y Al Calor, radio y televisión hincados y sometidos, y un ejército de páginas ficción que desde las redes sociales traducen el silencio y el aplauso en jugosos convenios de publicidad.
Araly es lo de menos, pero siguiendo esa pista se llega al círculo del gobernador. Y ahí estriba la operación carpetazo de Cuitláhuac. Quiere sofocar el fuego antes que escale, crezcan, devore el edificio de poder. Que no alcance a Eleazar Guerrero, subsecretario de Finanzas, catalogado como el verdadero padrino en esta trama de corrupción.
Todo Morena sabe que la Secretaría de Salud es coto de Norma Rocío Nahle García. Ahí incrustó la secretaria de Energía a Roberto Ramos Alor, un convidado de piedra, llevando las jornadas médicas a ritmo de música caribeña, tocando las tumbas, su delirio por la percusión.
Y los alfiles de Nahle y Eleazar Guerrero disponiendo de la Secretaría de Salud, los Sisniega, los Rueda, los Basurto, los Alvarado, transitando de su medianía a ser magnates con viajes a Europa.
Cuitláhuac ya palpó el efecto de la guerra interna, el choque morenista, la cruenta batalla por la sucesión, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, filtrando información explosiva contra sus adversarios; Cisneros contra el delegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta; Manuel Huerta orquestando el abucheo al gobernador en Boca del Río, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador; el líder del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, embistiendo a los enemigos de Rocío Nahle. Unos y otros en una épica gesta, lodo contra lodo, corrupción contra corrupción.
El carpetazo llegó cuando un personaje clave, José Luis Lima Franco, soltó la respuesta crucial al acertijo. Para entender las asignaciones directas, los contratos ilegales, debía saberse quién recomendó a los enlaces administrativos de cada secretaría.
Lima Franco es una pieza fundamental. Siendo secretario de Finanzas y Planeación, tiene el manejo del dinero federal y los recursos propios, el tema de la deuda pública, el pago a acreedores y municipios tras el saqueo duartista. Sin Lima Franco el gobierno de Cuitláhuac sería polvo.
El 16 de febrero, la Sefiplan fijó postura: “Habrá que investigar a esos administradores de la SSP, SEV, SSA y DIF, quien los puso y a quien obedecen en realidad”.
Lima Franco lanzó un dardo envenenado. Esa red la controla Eleazar Guerrero, el primo incómodo. Y va más allá de Poder Ejecutivo. Se extiende al Poder Judicial, donde Joanna Marlene Bautista Flores, su antigua secretaria, mantiene el control del dinero desde la Secretaría de Administración.
Ejerció un presupuesto de 11 mil 178 millones de pesos en 2022 y en ocho meses prácticamente llevó a la quiebra al Poder Judicial, una quiebra simulada. Mientras los magistrados debieron reducirse el salario, Joanna Marlene siguió cobrando sus 96 mil pesos mensuales e inundó la nómina con 158 empleados, la corte chaira, con sueldos que van de los 16 mi a los 60 mil pesos, y dispensando contratos irregulares, según acusó la magistrada Concepción Flores Saviaga.
Cuando restaban cuatro meses para concluir el año, Cuitláhuac García apretó a la entonces presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, y se quedó con 500 millones del presupuesto.
Una más de Eleazar Guerrero. Protagonizó el primer escándalo de corrupción cuando el gobierno de Veracruz adquirió 160 patrullas para la Secretaría de Seguridad. Cuitláhuac García anunció haber erogado 208 millones de pesos. La adquisición fue mediante una licitación simplificada. Pero violó la ley. Por el monto, debió ser licitación nacional.
Ante la gravedad del hecho, se retractó. Dijo haber adquirido sólo 50 patrullas y tener en arrendamiento 110 más. Habría pagado 39 millones de pesos. Aún así debió ser licitación pública. un caso de corrupción en el que se implica a Andy, el hijo travieso de López Obrador.
El carpetazo no protege a Araly. Protege a los alfiles de Nahle, del primo incómodo, de Ulises Rodríguez Landa, el operador administrativo en la Secretaría de Seguridad, y a los administradores en la SEV, SSA y DIF, “quién los puso y a quién obedecen en realidad”, la sentencia de Lima Franco.
Y cuando el fuego amenaza, Cuitláhuac blinda a Eleazar.
Archivo muerto
En el radar del Poder Judicial, no se halla el sur de Veracruz. Ni la ciudad judicial en Coatzacoalcos, ni el fortalecimiento de los juzgados, ni el nombramiento de secretarios, ni la justicia al pueblo. No hay un peso para invertir en todo 2023. Cerrada, extraviada, su presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, lo dice con la crudeza de quien teniendo el presupuesto, lo oculta, o no lo ejerce, o estando autorizado, deja que el Poder Ejecutivo, léase el ratón de Cuitláhuac, vía Sefiplan, se agandalle los recursos destinados al mejoramiento de la impartición de justicia. Tres meses apenas, y la mal togada es una réplica de Isabel Romero Cruz, ex presidenta del Poder Judicial de Veracruz que rendía pleitesía al gobernador Cuitláhuac García Jiménez hasta la abyección. Lisbeth Aurelia Jiménez anda igual. Es un cero a la izquierda. A un grupo de abogados de Coatzacoalcos les dijo en corto, en Xalapa, que no hay nada para el sur de Veracruz en todo 2023. Y a todo lo que le plantearon, respondió con negativas sin sentido. Ni cómo abatir rezago de expedientes, ni cómo contratar personal, ni cómo adquirir los predios para construir la ciudad judicial, ni cómo contar con el área para convivencia padre-hijo en casos de rompimiento familiar. Nada sabe la presidenta-adorno del Poder Judicial de Veracruz. Y cómo no, si ni debió ser magistrada pues llegó a ocupar el cargo del magistrado Roberto Dorantes Romero, quien se amparó contra el retiro forzoso y ganó con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que la magistrada espuria empezó mal y sigue peor. De aquel encerrón con abogados de Coatzacoalcos hay historia larga, pero en partes se cuenta mejor… Insostenible, Sergio Hernández Vallarino fue enviado a la congeladora. Al notario uno de Cosamaloapan se le viene la ley encima, acusado de violencia intrafamiliar, amenazas y la infame acción de haber tatuado en la piel de su esposa su nombre, así como la imagen del fierro con que marca a los animales del rancho. Lo suspendió la Dirección de Notarías del gobierno de Veracruz y, según la versión oficial, fue por presuntas irregularidades en su función. Mientras, su expediente yace en la Fiscalía de Veracruz y apenas si se mueve, encubierto desde las entrañas del monstruo judicial que jefatura Verónica Hernández Giadans, la fiscal espuria. Notaria ella, ha tendido un manto protector sobre quienes son de su gremio y enfrentan denuncias penales. Así ocurre con Alejandro “N”, notario de Chinameca, radicado en Coatzacoalcos, cuya pareja lo denunció por violencia en el seno familiar, describiendo conductas malsanas, la agresión en su más vil expresión, vicios y el intento de arrojarla desde un balcón, o sea tentativa de homicidio. Así lo dice la denuncia; así consta en el expediente de Alejandro “N”. A Sergio Hernández Vallarino ya le llegó su hora. Ahora queda que la fiscal Verónica Hernández se digne procurar justicia o un juez federal u otro escándalo mediático nacional la obligarán. Y luego va el notario Alejandro “N”, al que lo mantuvieron cobijado y solapado y por el que están en curso dos quejas, una contra la fiscal especializada en delitos contra la familia por empantanar las denuncias, y otra contra la psicóloga de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos que lo mismo dice que el susodicho notario tiene conducta paranoide que lo ve sociable y bueno para liberar el estrés… El Congreso puede esperar. Eusebia Cortés, en mala hora diputada local por Coatzacoalcos, invierte su nada valioso tiempo en andar armándole la campaña anticipada a su madrina —o matrona—, Norma Rocío Nahle García, y de paso la suya, ese delirio que se trae por ser alcaldesa. Acude a un plantel escolar, en poder de madres de familia ante la indolencia de las autoridades educativas y la demagogia del secretario de Educación, el ex stripper Roberto Zenyazen Escobar García; escucha la queja de los padres de familia por las condiciones del inmueble y toma nota. Por delante arguye que “yo estoy aquí porque me habló hace un ratito la ingeniero Rocío Nahle y (me dijo) ve a checarme cómo está ese tema. Por eso estoy aquí. Yo siento que con ella”. Mala legisladora, Cheva por lo menos es cómica. La patraña da risa. Nahle está que no duerme con el fiasco de la refinería Olmeca, construida en Dos Bocas, Tabasco, y peor cuando la Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias por más de 40 millones de pesos, y Cheva Cortés quiere arrear guajolotes a sombrerazos, usando el nombre de la secretaria de Energía como si se comadrearan todas las tardes. Cuando la queja por la campaña anticipada llegue al OPLE y luego a los tribunales electorales, Rocío Nahle ya tendrá tiempo de reclamar a quien le puso esa piedra en el camino…
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