Seguramente Rocío Nahle recibió la noticia como un balde de agua fría, cuando se enteró de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad realizada por el Congreso de Veracruz a la Constitución que le permitiría participar en las elecciones del 2024 como candidata por el gobierno de Veracruz. No hay que olvidar que el diputado Juan Javier Gómez Cazarín fue el promotor principal de este mamotreto jurídico que beneficiaba a la titular de la Secretaría de Energía (Sener).
Sin embargo, de manera inmediata los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma de agosto de 2022, con la que se adicionó una tercera fracción al artículo 11 de la Constitución de Veracruz para considerar como oriundos de ese estado a quienes tengan hijos nacidos ahí o quienes hayan residido al menos cinco años en ese estado, como es el caso de Rocío Nahle.
Ni hablar, la ley es la ley y ésta se debe cumplir, aunque a muchos no les parezca, como es el caso del gobernador de Veracruz, quien le había apostado a Rocío Nahle, para que esta llegara a cuidarle la espalda.
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