Detecta ASF irregularidades a Delfina por 830 mdp

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / ALGUNOS DEFENSORES a ultranza dirán que se trata de un ataque de conservadores que buscan menguar su candidatura, aun cuando la información provenga de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque no se trata del único antecedente de la maestra Delfina Gómez Álvarez, ahora flamante aspirante a la gubernatura del Estado de México abanderada por MoReNa. Y es que de acuerdo a la ASF, en el periodo de la profesora al frente de la Secretaría de Educación Pública detectó irregularidades por más de 830 millones de pesos, lo que invariablemente será minimizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como aquel fraude cometido en Texcoco por la honestísima ex funcionario y suspirante al gobierno mexiquense. Y es que cuando Delfina fue alcaldesa de Texcoco, quedó demostrado que descontó 10 por ciento de su sueldo a 472 trabajadores y una parte de ese dinero fue para financiar a MoReNa, lo que le ha valido varios cargos y perdones. El ilícito, incluso, fue sancionado por autoridades electorales con 4.5 millones de pesos, y aunque ameritaba otras acciones, bastó el perdón en una mañanera para que nada pasara. Por aquel caso, el INE consiguió pruebas, como la supuesta autorización “voluntaria” de trabajadores, tanto del Ayuntamiento como del DIF-Texcoco, para que se aplicaran los descuentos del 10 por ciento del salario. Sin embargo, detectó variaciones en el número de trabajadores reportados en el DIF-Texcoco. También el DIF del Estado de México, que en ese entonces era dirigido por Alejandro Gómez Álvarez, hermano de Delfina, retuvo un diezmo a sus trabajadores. Su firma aparece en pólizas de cheques obtenidas por el INE. Mientras que en pólizas y en cheques del Ayuntamiento de Texcoco, algunos firmados por la propia Delfina, consta que una de sus asistentes, de nombre María Victoria Anaya Campos, recibió de febrero de 2013 a febrero de 2015 más de 10.8 millones de pesos provenientes del diezmo retenido a los trabajadores. Pero las irregularidades, las raterías y el constante saqueo dentro de la Cuarta Transformación no paran, y nuevamente la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México es la protagonista.

Y ES que ahora se dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuando ella era su titular, tiene un monto por aclarar de 830.7 millones de pesos. Según lo vertido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la gestión de Gómez Álvarez en esa dependencia Federal hubo pagos excedentes en sueldos, en prestaciones y en estímulos a los autorizados, salarios de plazas o categorías no consideradas, trabajadores designados como deceso en nómina, bienes adquiridos no localizados o que no operan, servicios no realizados, falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto. En la SEP las cuentas no salen en la revisión de la Cuenta Pública 2021 al revisar las transferencias de recursos de los subsidios federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior en las Universidades Públicas Estatales, y su ejercicio, y en ese contexto, la ASF detectó pago de plazas o categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa por 179.2 millones de pesos, y que las instituciones no se ajustaron al tabulador de sueldos autorizados por un monto de 78.2 millones de pesos.

DICE EL organismo descentralizado: “Se observó que el pago de plazas o categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa con 179.2 millones de pesos fue la principal irregularidad en las auditorías al nivel medio superior al igual que en las universidades tecnológicas y politécnicas con 42.2 millones, recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del programa con 9.9 millones en las universidades públicas con apoyo solidario y pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con el fondo o programa con 31.9 millones en los institutos” pero, además de transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por un monto de 64.4 millones de pesos; conceptos no autorizados por la dependencia normativa por 41.3 millones de pesos, pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con el fondo o programa por 27.5 millones de pesos; recursos no comprometidos o no ejercidos sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 29 millones de pesos; pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales por 20.2 millones de pesos; y otras irregularidades sumaron 56.7 millones de pesos del monto por aclarar.

PARALELAMENTE SE formularon observaciones por irregularidades en su ejercicio por 148.7 millones de pesos por aclarar a universidades, donde destaca la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez” con 44.4 millones de pesos; Universidad Tecnológica de la Selva con 22.1 millones de pesos; Universidad Politécnica de Pachuca; y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Entre las irregularidades se encontraron pagos de plazas o categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa por 42.2 millones de pesos; falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por un monto de 36 millones de pesos; personal que no acredita el perfil académico por un monto de 23.6 millones de pesos; y 46.9 millones de pesos por otras irregularidades como pagos a personal comisionado al Sindicato sin autorización, bienes adquiridos no localizados o que no operan, o servicios no realizados. También, se detectaron irregularidades en los Centros de Estudios, Bachilleratos, Institutos, Universidades Tecnológicas y Politécnicas a cargo de la SEP. En Apoyo Solidario las irregularidades suman 15.8 millones de pesos; Educación Media Superior 496.5 millones de pesos; Universidades Tecnológicas y Politécnicas 148.7 millones de pesos; Institutos Tecnológicos 49.9 millones de pesos; y Transferencias UPES 119.8 millones de pesos.

AHORA QUE, tampoco, debería sentirse apenada la finísima precandidata al Gobierno del Estado de México, ya que Cuitláhuac García Jiménez, el mejor gobernador que ha tenido Veracruz y que tendrá en muchas décadas o siglos, según la percepción zalamera del Presidente Andrés Manuel López Obrador resultó con un daño patrimonial en 2021 por 189 millones de pesos, sobre todo en dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obrados Públicas, Comisión del Agua del Estado de Veracruz y la Secretaría de Salud, las que siempre han fungido como cajas grandes del Gobierno. Por ello, cuando presumen ser muy honestos, sus afirmaciones mueven a risa, ya que el Órgano de Fiscalización Superior, Orfis, a través del Informe de la Cuenta Pública 2021, los exhibió tal cual son y echó por tierra el discurso de honestidad de la actual administración Estatal. Acaso por eso el acoso de los diputados morenistas del Congreso del Estado en contra de la auditora general, Delia González Cobos, ante la información sobre el daño patrimonial detectado en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, en la cuenta pública de 2021. Y es que, en el tercer año de gobierno resulta que el presunto daño patrimonial de las instancias del Poder Ejecutivo ascendió a 189 millones 899 mil 820 pesos, lo que no es poco y mucho menos honesto. Así se las gastan los morenos…OPINA [email protected]