Mussio Cárdenas Arellano / Tres años después, Andrés Manuel recapturó a Ovidio. Y por 24 horas se agazapó. Evadió a la prensa, Evitó hablar. Se ocultó como aquel que muerde la mano del capo que lo trepa al poder, como aquel que sabe que traición con traición se paga.
Con balazos, sin abrazos, cercó al junior capo, tercero en el mando de Los Menores, el clan de los hijos del Chapo Guzmán, y asestó un golpe crucial, no letal porque Ovidio Guzmán es objetivo para Estados Unidos por su rol en el tráfico de fentanilo, pero no es el líder del Cártel del Pacífico.
Tres años después, López Obrador se halló en la encrucijada de aplicar la ley o consentir a los capos, como en 2019, de dispensarles abrazos, ser el alcahuete de sus crímenes y beneficiario de la operación electoral de los narcos. Y optó por las balas, como aconsejaba Felipe Calderón.
Tardó 24 horas en festinar el éxito. Y lo hizo con pesar, doliéndose por las bajas militares y las muertes de los “seres humanos”, eufemismo con el que categoriza a los sicarios que sirven al cártel del Chapo, del “Mayo” Zambada, de Aureliano “El Guano” Guzmán, hermano del Chapo, y de Los Chapitos; “seres humanos” que asesinan y mutilan y disuelven en ácido a sus víctimas.
Andrés Manuel fue evasivo en la conferencia mañanera, el 5 de enero. Cuestionado por los reporteros, tras filtrarse la aprehensión, tácitamente dijo desconocer qué ocurría en Jesús María, sindicatura de Culiacán, Sinaloa. Había que esperar, dijo. Informaría después, en Palacio Nacional.
Pero no fue así. Concluida la mañanera, desapareció. Rehuyó el tema. Al filo de la 1 PM, tres mandos encabezaron la conferencia de prensa, en la sede de la Secretaría de Seguridad y federal, no en Palacio Nacional, como ofreció Andrés Manuel.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, abrió la rueda. Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, detalló el operativo. Rafael Ojeda, secretario de Marina, ni siquiera habló.
Sabíase que todo inicio hacia las 5 de la mañana, ese 5 de enero, cuando efectivos del Ejército sorprendieron a Ovidio en su casa de seguridad. Rompieron uno a uno los cercos de sicarios, halcones y punteros que resguardaban el área. Ovidio emprendió la huida, pero no tardó en caer.
La versión oficial, sin embargo, fue en otro sentido y terminó siendo toda una contradicción. Luis Cresencio Sandoval advertía que hacía seis meses le seguían la pista al junior. Minutos después diría que personal de la Sedena, al percatarse que un convoy de autos circulaba con gente armada, los interceptó. Intentó revisarlos y el Ejército recibió una agresión armada.
La versión, según analistas en temas de seguridad, pretendería acreditar que a Ovidio se le aprehendió en flagrancia portando armas de uso exclusivo del Ejército y por el ataque a efectivos militares. Se suponía que existía una orden de captura y se ejecutó.
Diez minutos y el show terminó. No se permitieron preguntas. Sólo la versión oficial y ya.
Y Andrés Manuel seguía sin aparecer.
Mientras, Culiacán era un infierno. El Cártel del Pacífico bloqueaba carreteras, incendiaba camiones y automóviles, intentaba tomar el aeropuerto, lanzaba disparos contra un avión de Aeroméxico que se disponía a despegar y sobre dos aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Todo en vano. La extracción de Ovidio Guzmán se concretó en el lugar de la aprehensión, en Jesús María, un poblado de no más de 2 mil habitantes, a 10 minutos de Culiacán. Lo treparon en un helicóptero, de ahí al aeropuerto y en un Boing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana.
Voló a la Ciudad de México. Se le trasladó a la Fiscalía General de la República y de ahí al penal del Altiplano, donde estuvo preso su padre, Joaquín Guzmán Loera, y del cual se fugó.
Más de 14 horas y en Culiacán el infierno seguía. Ardían, literalmente, autos y tiendas. Y sobre paredes de casas y comercios quedaban las huellas de los impactos de bala. Y cientos de cristales estrellados y con los orificios de los disparos.
Y López Obrador continuaba agazapado.
La comunicación oficial no existió. Los medios y las redes llenaron el vacío. Se multiplicaban las imágenes, las llamas y el humo consumiendo vehículos. Y el miedo devorando a todos.
Y así cayó la noche. Pasaron las horas. Y el mesiánico no apareció.
Parco, Andrés Manuel amaneció el viernes 6 con un saldo funesto: 29 muertos, 10 de ellos militares, el resto civiles en su mayoría matones; 30 detenidos; 250 vehículos quemados; aviones alcanzados por los disparos; centenares de viviendas dañadas. O sea, peor que el fallido operativo de 2019 cuando López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán “para evitar un baño de sangre”.
Aquel día, al presidente le temblaron las piernas. Se arrugó. Capturado Ovidio, López Obrador se acobardó. Los sicarios superaban a los elementos militares. Descargaron sus ametralladoras Barret calibre .50, destruyendo cuanto impactaban. Y amenazaron con asesinar a familiares de militares.
Soltar a Ovidio Guzmán fue un delito. Es evasión de reos. El delito de López Obrador. Pero con ello, Andrés Manuel se congració con el cártel que le operó la elección de 2018, secuestrando y amenazando candidatos de oposición. En 2021 repitió la fórmula, imponiendo a Morena en gobiernos estatales y alcaldías. O sea, el narcopacto.
López Obrador soltó a Ovidio, en 2019, con la argucia de que se evitó una masacre. Pero este 5 de enero lo recapturó con mayor número de muertos y heridos.
¿Por qué es importante extraditar a Ovidio Guzmán? Porque, se le vea como se le vea, es un criminal, un desgraciado que trafica droga, que ordena homicidios, que desmembra seres humanos, que tortura y desaparece a sus víctimas. Y por el tráfico de fentanilo del Cártel del Pacífico a Estados Unidos, rol que desempeñan Los Menores, los hijos del Chapo.
Hay cifras que no dejan duda. Por ejemplo, las que revela Héctor de Mauleón en El Universal:
“En 2014 el gobierno de Estados Unidos decomisó 4 kilos de fentanilo. Al año siguiente el sistema de aduanas aseguró 100.
“En 2015 se detectaron 5,343 casos de muerte por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. La cifra de fallecimientos pasó a 9, 580 en 2016”.
“En el país vecino —agrega—, las muertes por sobredosis fueron creciendo: hasta que cobraron un promedio de 50 mil vidas por año, una cifra que se duplicó entre mayo de 2020 y mayo de 2021 (100 mil muertos), y que se mantuvo constante entre mayo de 2021 y mayo de 2022 (más de cien mil fallecimientos).
“En las fronteras de Texas y California los decomisos crecieron de manera escandalosa. A lo largo de 2022, el gobierno estadounidense decomisó 50 millones de pastillas”.
“En julio pasado —apunta De Mauléon—, fuerzas militares aseguraron en una bodega de Culiacán 542.74 kilos de fentanilo. Era el decomiso más grande en ‘la historia de esta droga letal’ ”.
Andrés Manuel le hace la chamba al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El tráfico de drogas es un tema electoral, con sobrada hipocresía. Biden intenta vender que ataja el suministro de fentanilo pero no frena el consumo. En EU, son millones de adictos los que demandan droga.
La captura de Ovidio Guzmán es un campanazo pero no acaba con el Cártel del Pacífico. Ovidio no es su líder. Ni siquiera es la cabeza de Los Menores. En jerarquía lo superan sus medios hermanos, Iván Archivaldo y José Alfredo. Pero es el mérito del Ejército que López Obrador poco festinó.
Ya no podrá ir a Badiraguato, cuna del Chapo. Ya no saludará y le sonreirá a María Consuelo Loera, mamá del Chapo. No le irá a decir que encarceló a su nieto. Ya no acudirá al Triángulo Dorado, feudo del líder narco al que le destinó millones de presupuesto federal. El narcopacto se fracturó.
Anabel Hernández, periodista especializada en temas sobre narcotráfico, y el ex director de Operaciones de la DEA en México, Mike Vigil, coinciden en que la caída de un capo es positiva pero no daña a la organización. La clave sería golpear la infraestructura financiera, las redes de lavado de dinero, bloquear los activos, impedir el pago de droga, operadores, sicarios; neutralizar empresas lavadoras, abogados y políticos que los preservan de la acción de la justicia.
Ahora, falta ver la reacción del cártel favorito del mesiánico, el del Chapo, El Mayo y Los Chapitos.
Porque traición con traición se paga.
Archivo muerto
Tanta corrupción, tantas amenazas, que hasta los ediles de Sayula terminaron diciendo ya no. Piden la desaparición de poderes, que el Congreso de Veracruz imponga un concejo municipal, que así se frene el abuso, la arbitrariedad, las tropelías y raterías de Lorena Sánchez Vargas, la alcaldesa pro Eric Cisneros Burgos. “Es mejor renunciar a nuestros salarios y prestaciones, ganados legítimamente el pasado proceso electoral, a ser cómplices de los actos contra la ley que desea cometer la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas”, señalaron tras iniciar el trámite. A riesgo de su vida, de la persecución judicial, de parar en la cárcel como ocurrió con el ex tesorero Rafael González Cárdenas, el síndico Bartolo Grajales Lagunes, y los regidores Alicia María García Cruz, Abimael Merino de los Santos, Zoila García Wandestrand y Juan Manuel Symor Gómez, describen un auténtico estado de terror, la presencia de porros que los insultan, el uso de elementos de la Guardia Nacional como si fuera autoridad federal y los alardes de que contar con buenos “padrinos” que le permiten violar la ley. La tildan de “enferma” y “mitómana”. Lorena Sánchez Vargas se niega a firmar el documento con el que se designó por mayoría en el cabildo a la nueva tesorera municipal, Paloma Manuel Pino, cuyos familiares ya sufren acoso judicial por delitos inventados por la tormentosa alcaldesa. Y la ira crece. Lorena Sánchez intenta deshacerse de Paloma Manuel Pino e imponer en la tesorería de Sayula de Alemán a un incondicional, Gregorio García Salomón, ex tesorero del municipio de Hidalgotitlán, quien dejara el cargo con un daño patrimonial superior a 30 millones de pesos. En las sombras, el que mueve a la alcaldesa es Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, cuya obsesión por encarcelar inocentes ya es tema de psiquiatra. Por eso la reacción de los cinco ediles. Mejor renunciar, pedir al Congreso de Veracruz la desaparición de poderes, la instauración de un concejo municipal, pero no ser parte de esta locura de poder… “Véanme, no soy un holograma”, le falta gritar a Héctor Yunes. O ya de perdida, “escandalizo, luego existo”. Y así los delirios del ex senador al que le urgen reflectores y que un día no lejano buscó a Cuitláhuac García, lo asedió, le ofreció sumar para construir el Veracruz de todos y con el apretón de manos y la foto se quedó. El gober no lo volteó a ver. No lo fumó, no lo peló, no lo lamió, y entonces Héctor Yunes pasó a la segunda fase: la provocación. Olvidado, ignorado, el fiel duartista —“Javier Duarte es mi jefe político”, dijo en un desliz demencial— apeló al juicio de amparo para que Cuitláhuac García Jiménez dé respuesta a la propuesta de crear un cuerpo colegiado que elabore una agenda de emergencia ante la crisis de inseguridad. La maroma es fenomenal, a riesgo de que el virtuoso grillito se rompa el cuello. En el fondo, a Héctor Yunes le vale un pepino el cuerpo colegiado, la agenda de emergencia y la inseguridad. Recuérdese que fue subsecretario de Gobierno con Fidel Herrera, cuando el Cártel del Golfo y Los Zetas asolaban Veracruz, y nada hizo. Y como diputado federal presidió la comisión de Defensa Nacional, sin haberse visto alguna acción que mitigara el baño se sangre en el estado que lo vio nacer. Van cinco días de 2023 y la búsqueda de reflectores lo hace desvariar… Otro notario a barandilla. Es Miguel Yuén Ricárdez, acusado de expedir una escritura de propiedad que vulnera los derechos de dos particulares. El caso sacude a Nanchital y en concreto a la alcaldesa morenista, Esmeralda Mora Zamudio. Su familia, los nuevos ricos del pueblo, terminó salpicada por el despojo que el notario y José Luis Herrera Ortiz perpetraron en agravio de los hermanos de éste, Enrique y Antonio Herrera Ortiz. De la noche a la mañana, José Luis Herrera se ostentó como único dueño de un local comercial ubicado sobre la calle Hidalgo que rentó a familiares de la presidenta municipal, Esmeralda Mora, protegida de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García. En el local se instaló la taquería Juanito Abdul, de reconocido prestigio en el sur de Veracruz. Y el franquicitario, según comentarios en redes, resultaría ser Farit Yael Lamarque Rosas, nieto de la alcaldesa, ya con un incidente policíaco previo. En la maroma empresarial brincan los nombres de otros familiares: José Carlos Lamarque Guzmán, Maribel Rodríguez y Carla Lissette Rosas Mora, hija de la edil. Todo iba bien hasta que Enrique Herrera se dejó llegar desde Estados Unidos y presentó la denuncia por el despojo, exhibiendo la escritura original, que acredita que los dueños del local son los tres hermanos, no únicamente José Luis. De un momento a otro se determinará si el notario Miguel Arturo Yuén Ricárdez, hijo del ex alcalde Alfredo Yuén Jiménez, es vinculado a proceso. Hay evidencia de que se falsificaron firmas para consumar el atraco. Es el tercer caso en Veracruz de notarios con líos con la justicia. A Sergio “N” y Alejandro “N”, de Cosamaloapan y Chinameca, la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, les ha congelado las pesquisas. El caso de Sergio “N” fue escándalo nacional. El de Alejandro “N” pronto lo será. Ambos están denunciados por violencia intrafamiliar. Es una olla de presión que de un momento habrá de estallar…