Emilio Cárdenas Escobosa / Tal y como se preveía, la derrota del proyecto de reforma constitucional en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, al no alcanzar la mayoría calificada, iría acompañada del envío de su famoso Plan B por el que se modifican leyes secundarias y reglamentarias, el que fue aprobado ipso facto por la mayoría morenista, obviando el proceso legislativo.
De poco sirvieron los reclamos y pataleos de la oposición que terminó por abandonar el recinto parlamentario ante la negativa de la bancada oficialista de aceptar modificaciones o postergar la discusión. El Plan B sacaría la espina del rechazo a la reforma constitucional.
Fue así el premio de consolación del mandatario mexicano, pero más allá de ello, es un conjunto de cambios a 450 artículos a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la de Partidos Políticos; la derogación de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y ajustes significativos a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que no son menores.
Al grito de “El INE sí se toca”, la bancada morenista siguió el dictado del presidente López Obrador y aprobó cambios a las cinco leyes secundarias citadas, lo que sí transforma el sistema electoral mexicano, acota el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros temas que, a reserva de ser más exhaustivo en posteriores entregas, recupero a vuela pluma:
El llamado plan B de reforma electoral sirve para establecer condiciones favorables para que los virtuales precandidatos de Morena hagan campaña sin ser molestados e introduce cuestiones tan extrañas como que en las coaliciones los partidos puedan transferirse votos, o que la sesión de cómputo deba realizarse el mismo día de la elección al desaparecer el famoso PREP, el programa de resultados electorales preliminares, lo que en un país con una geografía compleja como la nuestra hará lento el flujo de resultados y abrirá la puerta a los conflictos poselectorales, sobre todo en elecciones muy cerradas. En aras de transparentar el proceso de cómputo -que se transmitirá en tiempo real- y, sobre todo -en lo que es el verdadero fondo del Plan B- abaratar costos-, la falta de certeza se hará evidente desde la noche misma de los comicios.
Otras modificaciones relevantes es que se acorta el calendario electoral por lo que el proceso iniciará en diciembre y no en septiembre del año previo al de la jornada electoral.
Entre lo más notable que se incluyó está la eliminación de fondos y fideicomisos del INE, del servicio profesional de carrera y el suprimir la secretaría ejecutiva. Además de establecer un plazo de seis meses para compactar los salarios en el instituto, para que nadie gane más que el presidente.
Destaca la reducción al INE y al TEPJF de sus facultades para sancionar a funcionarios que hagan campaña anticipada; resaltando el que tras las reformas ambas instituciones no podrán cancelar candidaturas por faltas graves.
Se introduce el voto electrónico y este deberá entrar en vigor en 5 años a través de una estrategia que quedará en manos de una comisión de estudio del Congreso, con participación del INE y del Conacyt, a fin de diseñar un sistema “de manera gradual, cierta, segura y austera”.
Tras la reforma las personas en prisión sin sentencia podrán votar y se garantizará que también lo hagan las personas con alguna discapacidad que no puedan acudir a las urnas.
Y un cambio relevante: Los partidos serán sancionados cuando en su propaganda difundan expresiones que calumnien a personas, partidos y a gobiernos emanados de ellos.
Son sin duda un conjunto de cambios que sí impactarán en la forma en que se organizan y desarrollan las elecciones en México, pero lo que llama la atención es que no le quita ni un centavo a los partidos ni se tocan los tiempos de los que gozan el gobierno y los partidos en radio y televisión. A los partidos se les premia a nivel local al mantenerles el financiamiento estatal aún con la pérdida de registro.
En síntesis, se impulsa una reforma a gusto de la Cuarta Transformación que sin duda tendrá contratiempos constitucionales.
Pero lo más lamentable de esta “victoria” del oficialismo al aprobarse el Plan B sin modificarle ni una coma, es que la vía del “fast track” evidencia un voto por consigna, como ha sido costumbre en las mayorías parlamentarias, y ocurrió en los años gloriosos del PRI y en los estados donde el PAN, MC o Morena tienen el control. Sin deliberación, votar una propuesta de más de 300 páginas sin que haya sido leída y analizada, sin que pase antes por comisiones, sin un dictamen previo, sin que los legisladores sepan lo que votan, es reflejo de la escasa calidad democrática de toda esta historia. Es el mal de la democracia a la mexicana.
Ahora las reformas irán al Senado y ahí se verá si se discuten y analizan a fondo, como ha ofrecido el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta el senador Ricardo Monreal, quien ya advirtió que son preocupantes varios de los cambios que la Cámara de Diputados hizo a las leyes secundarias en materia electoral, al aprobar el “Plan B” de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya veremos que sucede, aunque queda poco espacio para el optimismo en este México polarizado del todo o nada, donde tendrán que ser los órganos jurisdiccionales quienes digan la última palabra en estas reformas que introducen notables cambios, muchos positivos por el ahorro que significa, pero otros que harán que la competencia electoral en nuestro país siga siendo, quizá ahora más que antes, fuente de conflicto e ingobernabilidad.
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