Juan David Castilla / Xalapa, Ver. María de la Cruz Jaimes García estuvo a cargo durante 15 años de uno de los pocos refugios para mujeres violentadas que existían en el estado de Veracruz, el cual llevaba el nombre de “Ziwakaitzintli, la casita de las mujeres”.
Se encontraba en la zona centro de la entidad, en la región conocida como de las Altas Montañas. Era una iniciativa impulsada por la asociación civil Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, cuyo refugio cerró sus puertas en noviembre del año pasado.
El objetivo de este refugio era salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres que enfrentaban violencia y que no tenían un lugar seguro para protegerse.
«En el estado de Veracruz no había refugios anteriormente donde se pudiera atender esta problemática de las mujeres. Entonces, nosotras como organización de la sociedad civil, decidimos hacer un refugio para atender esta parte, porque nos enfrentábamos a la situación de que atendíamos a las mujeres como un centro de atención externa», expresa Maricruz.
Allí se brindaba atención psicoemocional y jurídica a las víctimas, así como el acompañamiento necesario para presentar las denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, en la mayoría de los casos, las mujeres habían huido de sus hogares, donde eran maltratadas por sus parejas, para ya no volver. Pero no tenían dónde refugiarse.
«Nos decían que habían salido de su casa y que no querían regresar, mejor dicho, que no podían regresar, porque era regresar con el agresor. No tenían a dónde ir y ante este problema al que nos enfrentábamos frecuentemente decidimos poner el refugio», añade la activista.
Así surgió el refugio “Ziwakaitzintli, la casita de las mujeres”, donde se apoyaba a víctimas de distintas regiones del estado, incluyendo a mujeres indígenas.
Sin espacios seguros
Después de que las mujeres violentadas presentaban su denuncia en la FGE, esta dependencia estatal las canalizaba a dicho refugio cuando se consideraba necesario salvaguardarlas por casos de violencia extrema o por falta de un sitio para alojarse.
De esta forma, diversas víctimas llegaban al albergue, siendo canalizadas por las fiscalías de Zongolica, Orizaba, Córdoba, Xalapa y de otros municipios.
En el sitio se brindaba alimentación, ropa, calzado, atención médica, medicamentos y talleres de manualidades (costura, bordado, tejido), actividades que pueden servirles para desestresarse. También se les proporcionaba un espacio donde podían dormir con sus hijas e hijos.
«No teníamos todo lo que tienen los refugios que incluso tienen camionetas blindadas, pero lo fundamental se les brindaba. Se les brinda lo que ellas necesiten en cada momento, nosotros en la medida de nuestras posibilidades pero sí las atendíamos bien», cuenta Jaimes García.
Las mujeres además eran trasladadas en vehículo particular para presentar denuncias o para asistir a declarar, así como para el chequeo de sus lesiones.
Sin embargo, esta ayuda se perdió debido a que el refugio dejó de operar por falta de recursos económicos y de apoyos gubernamentales.
Recientemente, se registró el feminicidio y robo de la bebé de Rosa Isela en el puerto de Veracruz, así como el asesinato de Yesenia, una niña de 13 años, en el municipio de Coatzacoalcos.
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