Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Ya se vio que la denuncia presentada por la diputada Ruth Callejas (Movimiento Ciudadano) en contra del secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, no es un asunto menor. *** Si el tema no tuviera relevancia, en el gobierno estatal no se hubieran tomado la molestia de sacar a las mujeres de Morena para que defendieran a ese servidor público. *** Por supuesto que nadie les creerá que ellas, de forma espontánea y en un gesto colectivo de solidaridad, decidieron salir en defensa de un funcionario que, por la forma en que se expresan de él, no necesitaría de ningún apoyo, pues su prestigio lo avalaría. *** No es así. En estos cuatro años se ha sabido de múltiples expresiones que encuadran en el tipo delictivo de “violencia política en razón de género”. *** Este martes, las 15 diputadas locales de Morena manifestaron su respaldo al secretario de Gobierno. *** Encabezadas por la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro Mendoza, las diputadas de Morena agradecieron lo que ellas llamaron “voluntad política” del gobernador Cuitláhuac García de “impulsar a mujeres en reconocimiento a su capacidad, honradez y sentido de justicia social”. *** Dijeron ser ellas “las primeras en celebrar que haya más representación femenil en nuestra LXVI Legislatura, así como las alcaldías de nuestro estado, en las magistraturas del Poder Judicial, en la titularidad de órganos autónomos y en todos los cargos directivos de nuestra Administración Pública Estatal”. *** Pero el tema central era la defensa del secretario de Gobierno: “Como mujeres no podemos asumir como nuestras las posturas personales que tratan de desvirtuar las expresiones que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos realizó en su pasada comparecencia (…) que no dañan la integridad ni asoman algún indicio de violencia política en razón de género cuando lo que se cita es un hecho real y concreto”. *** Y en el afán de justificar su postura, no dudaron ni un segundo en volver a agredir a su compañera diputada Ruth Callejas: “Si los consejeros del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz no hubieran otorgado en octubre del 2021 dos curules a las representantes de Movimiento Ciudadano por el principio de representación proporcional, la actual legisladora que se dice víctima, no hubiera accedido a su curul”. *** Para rematar, en el texto firmado por las diputadas de Morena, explicaron el contexto de las declaraciones de su jefe, el funcionario estatal: “Lo dicho por Cisneros Burgos es solo un ejercicio de memoria y no violencia política de género (…) Las veracruzanas somos solidarias cuando las causas son justas y la razón asiste. No por capricho, oportunismo, revanchismos, ni frustraciones, es como vamos a ganar el respeto”. *** Parece que sí les dolió que el tema se llevara a tribunales.
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Está muy claro que, en la búsqueda de “nichos de oportunidad”, de espacios para la capitalización de las prácticas de corrupción, el actual gobierno estatal encontró una verdadera mina de oro en los temas de la protección al medio ambiente.
Todo se puede sancionar, con todo se puede extorsionar.
Este martes, en la comparecencia del secretario del Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista (viejo amigo del gobernador y quien, por ello y por los negocios que él dirige, se sabe intocable) el diputado priista Marlon Ramírez Marín exhibió las múltiples anomalías que se registran en esas oficinas.
E legislador denunció –y lo soportó con documentos- que en la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y en la Procuraduría del Medio Ambiente estatal (PMA), reportan obras como concluidas cuando generan subejercicio o reintegro de recursos a la Federación que quedan a libre disposición.
“Además, se duplican funciones, asumen atribuciones que no les corresponden, y generan contratos multianuales sin el conocimiento y aprobación del gobernador del Estado como lo establece la Ley”.
El legislador y dirigente estatal del PRI le solicitó al secretario detallara -tal y como aparece en el Tercer Informe Trimestral de Finanzas Públicas- si están pagados, devengados o en subejercicio, los montos destinados para obras señaladas en el Informe de Gobierno en su apartado, “acciones basadas en la naturaleza” a través del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.
Según el Informe, se destinaron 46.8 millones de pesos y fueron ejecutadas: La planta de tratamiento La Tortuga (Nautla); el Proyecto Ejecutivo del Rescate del Río Naolinco; la Rehabilitación Hidrogeológica de la laguna El Farallón en Actopan, y la rehabilitación y rescate del ANP Arroyo Moreno en Boca del Río y Medellín de Bravo, y como responsables de la ejecución se menciona a la Sedema y a la PMA.
Eso llamó la atención del diputado: ¿La Sedema y PMA son las unidades responsables con atribuciones reglamentarias o se duplican las funciones?; ¿en qué artículo y/o disposición del reglamento se les faculta?, ¿qué empresas o constructoras realizaron estas acciones? y ¿cuál fue la unidad ejecutora responsable de su ejecución y supervisión?
El titular de la Sedema respondió que la obra de la Tortuga se encuentra contratada, ejecutada y devengados los 17.9 millones de pesos; las obra del Río Naolinco (7.7 millones de pesos), está contratada y por ejecutarse, y no se ha devengado el cien por ciento del recurso, y aseguró que fue contratada en octubre de 2022, por eso no aparece en el reporte; asimismo, que la rehabilitación y rescate del Área Natural Protegida Arroyo Moreno en Boca del Rio con 6.2 millones, está contratada y se ejecutará este y el próximo año.
Dichas respuestas, sin embargo, fueron desmentidas por Marlon Ramírez, con los documentos en la mano, pues en el Tercer Informe Trimestral de Finanzas Públicas de 2022, se observa un presupuesto del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del orden de 499.3 millones de pesos con una erogación devengada al 30 de septiembre solamente de 92.3 millones de pesos y como unidad responsable a la PMA.
“Con las pocas acciones de inversión pública que refleja este informe, prevalece una diferencia de recursos públicos de 358.2 millones de pesos”, le hizo notar el legislador.
Pero no fue todo. Marlon Ramírez Marín también especificó que, de acuerdo al mismo Informe de Cuenta Pública, destaca la adquisición, instalación y puesta en marcha de tres casetas fijas de monitoreo de calidad del aire, por un monto total de 52.2 millones de pesos para Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla y Tuxpan con un presupuesto -asignado y devengado- de 22 millones 681 mil, 944 pesos y 29 millones 500 mil pesos para Boca del Río, igual con compromiso de pago (devengado).
Le preguntó al secretario qué proceso de licitación se realizó en esas adquisiciones, si se trató de un contrato llave en mano; si ya concluyeron con las obras o adquisiciones, y todo lo referente a fecha en que se realizó el proceso y la firma del contrato, de ejecución y cumplimiento contractual, si fue multianual, si hubo auditoría o revisión de fiscalización de estos recursos federales, en qué fecha, qué entidad fiscalizadora las realizó y los resultados al respecto.
Contreras Bautista respondió que se terminó la instalación de estas casetas hace unas semanas, admitió que hubo un retraso, y justificó que el monto es la sumatoria de construcción, instalación y puesta en marcha de las estaciones, 4 de la PMA y 4 de la Secretaría, 7 fijas y una móvil.
Aseguró, además, que si no hay cumplimiento a las normas no se puede adquirir tal equipo; que no se trata de contratos “llave en mano”, porque se hace licitación, y tampoco se trató de un proyecto multianual, porque las reglas del recurso aplican hasta marzo.
Una vez más fue desmentido, pues se le demostró que la empresa Periferios y Sistemas es la encargada de la adquisición, instalación y puesta en marcha de 3 casetas fijas y una móvil de monitoreo de calidad del aire, y el contrato tiene vigencia desde el 26 de noviembre del 2021, con una terminación el 25 de marzo de 2022. En la Cuenta Pública al 30 de septiembre, refleja un monto devengado de 22 millones 681 mil 944 pesos, es decir, que hay una diferencia de 7 millones 082 mil, 380 pesos.
Finalmente, el diputado local priista le pidió al titular de Sedema que aclare lo referente a un contrato de compras fraccionadas y que fue observado por el Órgano de Fiscalización Superior, porque hay un prestador de nombre Luz María Olivo Fuentes, y un contrato que se le entrega a Dulce María Olivo Fuentes, “para que aclare si es un tema de homonimia, o si son hermanas”. La respuesta quedó pendiente.
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Epílogo
Es necesario poner atención a lo declarado por el delegado en la Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Pablo Robles Barajas, quien informó que esa instancia ha presentado cinco denuncias penales contra exautoridades municipales por haber presentado ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) “validaciones apócrifas de obras hidráulicas y así, intentar solventar observaciones de presunto daño patrimonial”. *** Robles Barajas dijo que en fechas recientes se analizaron nueve actas de validación en las que se presentaron dudas: de ellas, cinco resultaron falsas y cuatro auténticas. *** “El asunto es que hay muchas solicitudes de concesiones y estamos en un periodo en el que México tiene que determinar cuál es la disponibilidad de agua. Llega la solicitud, pero si no sabemos cuál es la disposición de agua, no podemos liberar concesiones. Eso es lo que muchas veces retrasa (el trámite)”. *** No es por alarmarlos, pero las cifras hablan de un nuevo repunte de casos de Covid-19 en el país. *** De acuerdo con el informe técnico semanal de la Secretaría de Salud, al corte de este martes 6 de diciembre, México acumula 7 millones 145 mil 409 casos positivos y 330 mil 592 defunciones a causa del virus. *** Los casos activos de Covid-19 continúan al alza, y hasta este martes 6 de diciembre se tienen detectados 14 mil 887, mismos que se encuentran de manera predominante en Quintana Roo, Yucatán, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Campeche, Baja California, Tabasco, Baja California Sur y Colima. *** En las últimas dos semanas hubo un incremento de 6 mil 253 casos activos de Covid-19, pasando de los 8 mil 634 a los 14 mil 887. *** Sobre los casos de Covid-19 confirmados acumulados por estado, las 10 entidades que tienen el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país. *** Vamos a reforzar nuestras medidas de protección.