Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Javier Duarte está cerca, muy cerca de volver a ver la calle. *** En virtud de que ha cumplido más de la mitad de la sentencia, el exgobernador de Veracruz ya está en condición de solicitar el beneficio de la preliberación, y se sabía que si sus abogados no habían iniciado ese trámite, es porque antes tenían que resolver la orden de aprehensión que le fue girada por un juez en Veracruz, por el delito de “desaparición forzada de personas”. *** Ocurre que este jueves el despacho jurídico “Campuzano Abogados” emitió un comunicado en el que informa que “finalmente se resolvió la situación jurídica preliminar”, de Javier Duarte. *** “Se determinó que, tal como se ha manifestado en varias ocasiones, el Dr. Duarte no es ni posiblemente responsable del delito de Desaparición Forzada de Personas”. *** El comunicado explica que, a pesar de que no existían elementos para procesarlo por ese delito, “el Juez de Control autorizó la continuación formalizada de la investigación, vinculándolo a proceso por supuestamente entorpecer una investigación de dicho delito, sin siquiera contar con facultades para ello”. *** En el comunicado se dan más detalles: “Esto se determinó con sustento en un solo dato de prueba, del cual existen indicios fundados de que fue arrancado bajo tortura, e incluso la propia Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ha reconocido su calidad de víctima”. *** Los abogados de Javier Duarte explican que en la audiencia de este jueves “se decretó la nulidad de la declaración obtenida por medio de tortura del exdirector general de Servicios Periciales de la FGE, reconociendo la presión que han sufrido varios testigos en manos de la Fiscalía del bienio anterior”. *** Con todo esto queda claro que, anulando el testimonio que lo incriminaba, ya no existen elementos para imputar a Javier Duarte ese delito y, por lo tanto, una vez que ese expediente quede cerrado, sus abogados se encargarán de obtener su liberación.
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Con un mes de diferencia, las presidencias del Poder Judicial de Veracruz (30 de noviembre) y del Poder Judicial Federal (31 de diciembre) habrán de concretar sus relevos.
Sin embargo, a pesar de la coincidencia en momentos, las circunstancias son diametralmente opuestas.
Con sus pifias, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido en muchas ocasiones el contrapeso que se requiere para evitar que un gobierno totalitario como el que tenemos en la actualidad, termine haciendo de México un país sin respeto a la legalidad.
En Veracruz, mientras tanto, el aparato para la impartición de justicia se ha convertido en un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo, que acata ciegamente las instrucciones que recibe desde Palacio de Gobierno y que, lamentablemente, es utilizado para combatir a los enemigos políticos del Estado.
Aunque haya quienes cuestionen la postura asumida por el actual ministro presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, nadie puede negar su alto nivel de conocimientos y dominio de los temas jurídicos y su disposición para abrir a debate los temas más sensibles para la sociedad.
En Veracruz, mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia es encabezado por la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, de muy cuestionada capacidad en el ámbito jurídico y una carrera muy mediana en la administración de justicia.
Cuando el presidente López Obrador planteó la posibilidad de reformar la Constitución, con el fin de ampliar el período en la presidencia del ministro Saldívar, éste declinó dicha propuesta.
Por el contrario, cuando la magistrada Romero Cruz debía dejar su encargo, pues cumplió el límite de edad que establece la Constitución local, optó por gestionar –de manera irregular- una “dispensa” del Congreso de Veracruz.
El ministro Saldívar advierte que, para sucederlo, siete ministros han manifestado su interés.
En la entidad, sólo se habla de tres personajes que podrían suceder a la magistrada Isabel Inés Romero, todos ellos con escasa experiencia, pero con una evidente inclinación por lo que se autodenomina “cuarta transformación”.
La magistrada Lizbeth Jiménez Aguirre consiguió esa posición, propuesta por Cuitláhuac García, a partir de que el Congreso retiró de su cargo a Roberto Dorantes Romero, quien año y medio después consiguió el amparo de la justicia federal y su reinstalación, pero el Congreso se negó a dejar insubsistente el nombramiento de la magistrada que lo sustituyó, por lo que se incrementó el número de magistrados en el Poder Judicial de Veracruz.
Además de la evidente imposición del gobernador, a la magistrada Jiménez Aguirre le pesa el hecho de que le podría resultar una fuerte sanción por no acatar una orden de un juez federal.
Otra de las mencionadas para ocupar dicho cargo, es Ailet García Cayetano, quien fue nombrada magistrada –a propuesta de Cuitláhuac García- en sustitución de Edel Álvarez Peña. Se le cuestiona su falta de experiencia en la carrera judicial y su parentesco con personajes muy cercanos al gobernador: es esposa del secretario de Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández, y hermana de la secretaria del Trabajo, Dorenhy García Cayetano.
A las dos hermanas se les vincula familiarmente con el gobernador.
El magistrado Esteban Martínez Vázquez, llegó a ese cargo en el primer paquete de propuestas del gobernador Cuitláhuac García, para ocupar vacantes que no cubrió en su momento Miguel Ángel Yunes Linares.
Forma parte del Consejo de la Judicatura y es –de quienes aspiran a suceder a Isabel Inés Romero- el de mayor experiencia en la carrera judicial.
El cambio en el Tribunal Superior de Justicia pinta para ser “más de lo mismo”, con un magistrado presidente “carnal”, dispuesto a respaldar las peticiones o “sugerencias” que lleguen desde Palacio de Gobierno.
Eso no es algo extraordinario. Todos los gobernadores han procurado tener a alguien afín a sus intereses. La diferencia quizá sea que antes se optaba por juristas de reconocida trayectoria y dominio de las técnicas jurídicas, lo que –al menos en dos de los casos- no se da.
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Epílogo.
Una buena noticia: La Cámara de Diputados amplió la Ley Olimpia referente a violencia digital contra la mujer, con el objetivo de incluir como delito lo que llamaron la “sextorsión”, que significa amenazar, chantajear o extorsionar con exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo, por medio de tecnologías de información y comunicación. *** El dictamen, que fue aprobado por unanimidad, señala que es necesario actualizar y robustecer la Ley Olimpia, para incluir la “sextorsión” como una modalidad de violencia contra las mujeres ya que transgrede y vulnera sus derechos humanos. *** La Ley Olimpia, que en Veracruz impulsa muy fuerte la diputada Anilú Íngram, establece como violencia digital “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba o comercialicen imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona, sin su consentimiento y que le cause daño”. Bien.
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