Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
El periodista Raymundo Riva Palacio, en su colaboración para el periódico El Financiero, habla del descarado trabajo de espionaje que ordenó el presidente López Obrador durante la marcha del pasado domingo, en defensa del INE. *** “El extracto del informe que presentó el presidente no arroja elementos nuevos a los que históricamente han hecho los órganos de inteligencia, civiles y militares, sobre el seguimiento rutinario de políticos. En el caso de la marcha del domingo, sin embargo, el presidente había dado instrucciones de que se hiciera un marcaje personal a los políticos que fueran a la marcha, y que le reportaran lo que dijeran”, explica el analista. *** En la columna hace un somero recuento de las figuras que fueron seguidas por personal del gobierno federal, como el expresidente Vicente Fox, la maestra Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, Alejandro Moreno, Margarita Zavala, Claudia Ruiz Massieu, el exrector de la UNAM José Narro, y hasta José Woldenberg. *** Y agrega: La lista que difundió incluyó a más legisladores, Miguel Ángel Osorio Chong, Emilio Álvarez Icaza y Jesús Zambrano, líder del PRD. También fueron vigilados Marko Cortés, líder del PAN; Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey; el exdirigente del PRD, Jesús Ortega; el activista y político Fernando Belaunzarán; el empresario y activista Claudio X. González, convertido en su demonio, y miembros de la Arquidiócesis de Xalapa, cuya cabeza, el arzobispo Jorge Carlos Patrón, dijo en su homilía del domingo que quien viene a dividir a los mexicanos nos engaña, y que “luchar por nuestra democracia y libertad, es amar”. *** Caló hondo, hasta en Palacio Nacional, el mensaje enviado por el arzobispo de Xalapa y del cual se consignaron algunos fragmentos en este mismo espacio, el pasado lunes.
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José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas del gobierno estatal, salió este miércoles a admitir que, en el caso del presupuesto de la Universidad Veracruzana (UV), sí se está violentando lo dispuesto por la Constitución.
Sí, esa misma que -como mero formulismo- protestaron “cumplir y hacer cumplir”.
“No se podría tomar como base el presupuesto general del Estado, porque hay muchos rubros etiquetados y no se puede disponer de ellos”, alega el funcionario.
Y se equivoca… o miente. Por supuesto que sí se puede disponer de ese 4% del presupuesto general para asignárselo a la UV, pues no hay “etiqueta” más importante en Veracruz que la que impone su Constitución.
Asignarle ese presupuesto a la Universidad no significa que, de manera forzosa, se tengan que afectar partidas “etiquetadas” a municipios, educación o salud.
Pero, además, en la reforma del 2020 al artículo 72 de la Constitución (en la que se decide que para los órganos autónomos con porcentaje fijo del presupuesto se considerará como tal el rubro de “recursos de libre disposición”), se incorpora un artículo tercero transitorio en el que se advierte: “tratándose de la Universidad Veracruzana, continuará en vigor lo dispuesto en el artículo 10 penúltimo párrafo de esta Constitución en relación con su presupuesto anual; por lo que, para el cálculo y progresividad de éste seguirá surtiendo efectos lo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto número 350 publicado en la Gaceta Oficial, de fecha 13 de noviembre de 2017”.
¿Y qué dice ese artículo segundo transitorio de la reforma publicada el 13 de noviembre del 2017?
“Para cumplir con el objeto del presente Decreto, el Presupuesto de la Universidad Veracruzana para el año 2017 será del 2.58% del total del Presupuesto de Egresos del Estado (…) para dicho Ejercicio Fiscal; para 2018 se le fijará un Presupuesto del 3% del total del Presupuesto General del Estado, a partir del cual se incrementará gradualmente de forma anual hasta llegar al mínimo establecido para el Ejercicio 2023”.
Es decir, que la propia reforma propuesta por el gobernador Cuitláhuac García –y aprobada por el Congreso- en el 2020, ratificaba que para el 2023 la UV recibiría ya el 4% del presupuesto general del Estado, en la concepción que ese término tenía en el 2017.
¿Qué caso tiene que la Constitución defina un porcentaje fijo de presupuesto para los órganos autónomos, si un empleado menor (el secretario de Finanzas) decide incumplir dicho mandamiento “porque hay partidas etiquetadas que no se pueden afectar”?
¿Quién “etiquetó” esas partidas y por qué se impone ese criterio por encima de lo que ordena la Constitución de Veracruz?
Una omisión como la que pretende cometer el Poder Ejecutivo (“pretende” pues está en la cancha del Poder Legislativo la propuesta de Presupuesto de Egresos del 2023) es merecedora de un Juicio Político para los servidores públicos que decidan violentar el marco jurídico que nos rige.
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Epílogo.
Tiene razón el gobernador Cuitláhuac García cuando asegura, sin parpadear, que ha superado “por mucho” a sus antecesores, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. Es cierto: nunca pensamos que pudiera llegar alguien peor que ellos. *** En las primeras comparecencias de los miembros del gabinete estatal, para hacer la glosa del cuarto Informe de Gobierno, se presentará una situación poco común: las comisiones legislativas encargadas de llevar la presentación y los cuestionamientos a los funcionarios estatales, están incompletas. *** A raíz del nombramiento de la diputada Margarita Corro Mendoza como presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura, no se han cubierto aún los espacios que dejó vacíos en comisiones. *** La propia Margarita Corro admite ese detalle, aunque asegura que en nada afectará que las comisiones no estén completas. Ya se verá cómo lo resuelven para la primera comparecencia, la del secretario de Gobierno, Éric Cisneros, el próximo sábado. *** La comisión responsable de esa comparecencia es la de Gobernación, justo la que presidía la propia Margarita Corro. *** No es que sea algo nuevo, que esté “inventando el hilo negro”, pero es importante que se diga y que se repita hasta el cansancio, para que la sociedad despierte: Sergio Gil Rullán, dirigente en Veracruz del partido Movimiento Ciudadano aseguró que “la Fiscalía de Veracruz, está siendo usada por el gobernador para detener a madre e hijas de Rogelio Franco”. *** Y agregó: “Ahora se quieren meter con la familia y los menores de edad que no tienen nada que ver en esto, no puede violentar la vida familiar de una persona que está injustamente presa”. Llamó a la Fiscalía a retroceder: “que ni siquiera lo intente, porque van a afectar a una menor”.
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