Bernardo Gutiérrez Parra / El 25 de septiembre del 2014 estudiantes de la escuela normal rural Ignacio Burgos de Ayotzinapa, emprendieron un viaje rumbo a la Ciudad de México para participar, como en años anteriores, en la marcha del 2 de octubre que conmemora la matanza de Tlatelolco en 1968. Pero nunca llegaron.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 fueron atacados por policías municipales de Iguala que los entregaron al grupo delincuencial Guerreros Unidos. Éstos presuntamente los mataron e incineraron en el basurero de Cocula, para después echar sus restos a un río cercano.
Desde entonces faltan 43 normalistas.
Si está más que probado que la detención de los jóvenes fue llevada a cabo por policías que rendían cuentas a un grupo criminal; si también está más que probado que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda pertenecían a Guerreros Unidos, y que José Luis ordenó la detención de los estudiantes porque creyó que eran miembros de una banda rival ¿por qué se dice que la desaparición de los 43 es un crimen de Estado?
Porque el gobierno de Enrique Peña Nieto pensó que era un problema local que solucionarían las autoridades locales y se tardó la friolera de 15 días en reaccionar. Para cuando la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam atrajo el caso, la desaparición de los estudiantes era un escándalo internacional y se le empezó a llamar crimen de Estado.
Los casos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto aunados a su falta de credibilidad, incidieron negativamente en la investigación de la PGR que concluyó que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a los Guerreros Unidos quienes los mataron e incineraron. Es decir, la desaparición fue resultado de un pleito entre bandas rivales.
Pero el clamor casi popular fue en otro sentido: “Nada, fue un crimen de Estado en el que participó el Ejército”.
De ahí se agarró el candidato Andrés Manuel López Obrador para prometer que si llegaba a la presidencia aclararía el caso, al que también catalogó de “crimen de Estado” y enviaría a los responsables a la cárcel.
Una de sus primeras providencias al terciarse la banda tricolor, fue nombrar una “Comisión de la Verdad” para el caso Ayotzinapa con Alejandro Encinas al frente. Y Alejandro ha hecho un margallate con su investigación.
Lejos de responder a las demandas de los padres de los normalistas sobre el paradero de sus hijos, para Alejandro lo más importante es enterrar la llamada “Verdad Histórica” del entonces procurador Murillo Karam (hoy detenido) y culpar al Ejército (por el que siente un odio patológico), de la desaparición de los muchachos.
Y en su empeño ha cometido errores garrafales y ha violado la ley.
En agosto dijo ante el presidente López Obrador que el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el coronel José Rodríguez, ordenó asesinar a seis de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El coronel (ascendido a general con Peña Nieto) no esperó a que fueran por él; se entregó a las autoridades militares para responder a las acusaciones y protestar su inocencia.
¿En qué se basó Encinas para culpar a varios militares? En unas capturas de pantalla que resultaron chafas, según dijo el propio Alejandro a The New York Times.
Encinas admitió al diario que la investigación se había realizado de manera exprés para dar una salida política (no científica) al caso, y debido a las presiones del presidente López Obrador. Por lo que las capturas de pantalla no fueron verificadas.
Y no hubo necesidad.
Quien las verificó fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI. Los expertos dijeron que las 467 capturas de pantalla “no son fiables ni confiables” ya que al menos 180 tienen discrepancias tecnológicas, como la doble palomita en azul de los correos leídos, que no había sido creada en tiempos en que ocurrió la tragedia.
A pesar de que Encinas mintió el presidente lo sigue apoyando. “Le tenemos toda la confianza. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información”.
Uta…
Lo triste de todo esto lector es que Ayotzinapa se ha convertido en un berenjenal imposible de entender, en una cloaca pestilente que invariablemente llevará a Alejandro Encinas ante la justicia.
Su actuación al frente de la Comisión de la Verdad tiene furiosos a los padres de los normalistas que se sienten engañados y burlados. Y a los soldados que no descansarán hasta verlo en prisión porque basado en mentiras los acusó falsamente.
Lo que son las paradojas de la vida, mientras el informe de Encinas ya es letra muerta, la verdad histórica de Murillo Karam se mantiene inalterable. Y mientras éste está en prisión, Alejandro goza del manto protector de López Obrador.
Aunque esta protección también tiene su paradoja: es finita no infinita.
Pésimo trabajo en la avenida Miguel Alemán
Mediante una misiva dirigida a este servidor, vecinos de la Miguel Alemán denuncian el pésimo trabajo en esa avenida. Señalan que el sábado 29 de octubre “alguien” de la constructora encargada de la obra, aplicó varias capas de gravilla sin compactar y sin aplicar asfalto, lo que ocasiona que al paso de los vehículos se forme una polvareda enorme que deja del asco el interior de los hogares.
Esto ha ocasionado trastornos en las vías respiratorias de quienes habitan cerca de esta avenida, principalmente de niños y personas de la tercera edad. Independiente de que la gravilla genera suciedad y contaminación en los negocios que expenden alimentos y productos perecederos.
Bueno sería que el alcalde Ricardo Ahued, se diera una vueltecita por esa avenida para que constate la pésima calidad de la obra y gire sus instrucciones para solucionar el problema.
En esa zona viven decenas de familias que agradecen el mejoramiento de esa importante vía de comunicación, pero no al costo de soportar un día sí y otro también, los trastornos que ocasiona la gravilla mal compactada.
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