Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
¿Recuerdan el caso de la desaparición del Jefe de la Policía Vial del Estado, Juan Alan Cuetero, alias “Archie”? *** Ese acto, a todas luces criminal, dio como consecuencia que al menos tres mandos medios de la Secretaría de Seguridad pública (SSP) fueran detenidos e imputados. *** Ese mismo caso provocó –aunque insista el gobernador en negarlo- la salida del titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado. *** Pues algo muy parecido podría suceder en la Fiscalía General del Estado (FGE). El pasado 7 de octubre desapareció el exfiscal Jesús Enciso Mercado, también en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por lo que sus amigos y familiares han iniciado una intensa búsqueda. *** Este martes se reunieron con representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda. La esposa del desaparecido, Silvina Guzmán, informó que luego de tres semanas sin saber de su esposo, ya iniciaron recorridos por toda la entidad. *** Silvina Guzmán informó que la FGE ya abrió una carpeta de investigación y solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para saber qué pasó, ya que fue visto por última vez en el centro de Veracruz. *** Jesús Enciso Mercado llevaba 12 años en la Fiscalía y luego de renunciar se dedicó a litigar.
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En principio, a una buena parte de los abogados litigantes les parece necesario, justo, que se tomen medidas para atender el grave rezago que en la actualidad acumula el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).
Lo que les preocupa, sin embargo, es que las medida propuesta en el Congreso local (su desaparición y la creación de un nuevo organismo al que denominarían Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Veracruz, Trijaev) signifique un acto de “gatopardismo” (cambiar para seguir igual).
Los abogados le dan la razón al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien en su iniciativa mencionó el “incumplimiento de las expectativas” y la “poca funcionalidad en el combate a la corrupción”, por parte del TEJAV.
Coinciden también en la importancia de “acercar la justicia a la población” y, por lo tanto, ven con buenos ojos que se creen tribunales en distintos puntos de la entidad.
Pero temen que, como sucedió con su creación en 2017, se pasen los años (en aquella ocasión fueron al menos dos) para que el nuevo organismo de justicia empiece a dar resultados y, por lo tanto, los expedientes se sigan acumulando y muchos servidores públicos evadan el cumplimiento de la ley, ante la paralización de las tareas inherentes a ese nuevo Tribunal.
Es inevitable considerar la circunstancia que se genera con la desaparición del TEJAV y la creación de una figura similar (acaso con más magistrados y con salas regionales): los nuevos magistrados serían propuestos por el Jefe del Poder Ejecutivo, como sucedió con los actuales. En aquel entonces los propuso Miguel Ángel Yunes Linares, y ahora haría lo propio Cuitláhuac García.
¿La consecuencia lógica? La designación de “magistrados-carnales”.
Hay abogados que advierten sobre lo que parece una “estrategia de blindaje”, del actual gobierno estatal, con el acoso a los órganos encargados de fiscalizar y de impartir justicia en el ámbito del servicio público.
No es casual que en la misma sesión en la que se rechazan los informes de las auditorías a las Cuentas Públicas del 2021, enviadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) se transita a la desaparición del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Pareciera que pretenden asumir el control de las instituciones ante las que, en el futuro, tendrían que rendir cuentas, con lo que garantizarían su impunidad.
Lo cierto es que era necesario sacudir ese anquilosado aparato encargado de impartir justicia. La opción no parece ser la correcta, pero en los hechos se sabrá.
Lo que pudiera suceder es que después del 2024, con un nuevo gobernador, se vuelva a exhibir la ineficacia del aparato de justicia y se busque la sustitución de los magistrados por otros que proponga el gobernante en turno. Lo mismo que cede en la Fiscalía General del estado (FGE) y en el Tribunal Superior de Justicia, y lo mismo que pretenden que suceda con el Tribunal Electoral y con el OPLE.
El cuento de nunca acabar.
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Epílogo.
“No hubiésemos terminado la refinería de Dos Bocas si no se hace cargo Rocío Nahle, que es secretaria de Energía”, afirmó la mañana de este martes el presidente López Obrador. *** Una pequeña puntualización: la refinería de Dos Bocas no ha sido concluida. Este gobierno ha asumido la práctica de inaugurar obras, incluso sin terminar. *** Está claro que la diputada Citlalli Medellín Careaga sabe poco –y tampoco ha sido asesorada- de derecho. Califica de “estúpido y ridículo” que pidan un juicio político en su contra. *** “¿Cómo vas a enjuiciarme si no hay delito que perseguir, en tanto que el Orfis y el Congreso no dictaminen el daño?”. *** Alguien le debe explicar que no se requiere que se acredite, en esta etapa del procedimiento, la comisión del delito. El artículo 78 de la Constitución local, en su segundo párrafo, establece que si el Congreso declara que ha lugar a proceder, “el servidor público quedará suspendido de su cargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Cuando el proceso penal culmine en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se concederá al reo la gracia del indulto”. *** El pasado lunes el Congreso local dio entrada a la solicitud de juicio político que remitió la alcaldesa de Tamiahua, Linda Guadalupe Rodríguez Torres, y los integrantes del Cabildo, Gimena Guadalupe Santiago Sánchez, Luis Armando Juárez Román y Rafael Ramos Aranda, contra la diputada local del Partido Verde. *** “El Congreso tiene el deber y la obligación, y darán ‘carpetazo’, porque no tiene delito que perseguir. El que nada debe nada teme”, afirmó la legisladora. *** En los últimos siete días, México reportó 3 mil 670 casos nuevos y 53 muertes por Covid-19. De acuerdo con el informe técnico semanal de la Secretaría de Salud, al corte de este martes 25 de octubre, México acumula 7 millones 107 mil 009 casos positivos y 330 mil 332 defunciones a causa del virus. *** Sobre los casos COVID confirmados acumulados por estado, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.
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