Fuerza Civil con patente de Corso para cometer desmanes

Carlos Jesús Rodríguez Rodrígeuz / UNA DE las corporaciones de seguridad pública que más quejas y denuncias acumula en el Estado de Veracruz, acaso por la “patente de corso” que le dispensa el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y los mandos que la dirigen es, sin duda, la Fuerza Civil, un agrupamiento policiaco creado a instancias de Arturo Bermúdez Zurita, Secretario de Seguridad Pública con Javier Duarte de Ochoa, y usada en aquel tiempo para cometer un sin fin de atrocidades, entre otras, desapariciones forzadas ordenadas desde la cúpula, pero con la llegada de Cuitláhuac García Jiménez al poder no han cambiado las cosas, por el contrario, se han empeorado, y más aun cuando la agrupación es dirigida por un regiomontano a quien poco le interesa la seguridad y tranquilidad de los veracruzanos sino su bienestar y promoción personal. Hace unos días, el primero de este mes, elementos de FC intentaron detener al presidente municipal de Soteapan, Rafael Hernández, al que acusaban falsamente de portar armas de fuego, en tanto sometían y golpeaban a sus acompañantes, lo que trajo como consecuencia la rebelión de pobladores horas después. El alcalde de uno de los municipios serranos del sur del Estado, emanado de la alianza PRI-PAN-PRD, fue interceptado en la carretera Acayucan-Soteapan, entre los fraccionamientos Rincón del Bosque y Santa Cruz, y bajo el argumento de que se había reportado que en una camioneta blanca viajaban sujetos armados, dos unidades de la Fuerza Civil obligaron a la unidad color gris donde circulaba el munícipe a descender, sometiendo a sus tres acompañantes a quienes cortaron cartucho, en tanto apuntaban a la autoridad legítimamente elegida. Los uniformados obligaron a todos a descender de la camioneta y tirarse al suelo sin importar que hubiera lodo, e intentaron esposar a Hernández pero sus acompañantes lo impidieron, por lo que fueron golpeados y esposados, situación que finalmente se controló luego de que el edil se identificara y explicara de dónde procedían y hacia donde iban.

LO ANTERIOR bastó para que el pueblo de Soteapan, hartos de los abusos de la FC, retuvieran horas después a una patrulla y a elementos de la corporación en la cabecera municipal soteapeña, cuando supuestamente revisaban un vehículo con reporte de robo sobre la calle Ludivina Morales esquina José María Morelos del barrio cuarto, aseguramiento que se registró frente a la vivienda de uno de los escoltas del alcalde que minutos antes había sido golpeado por los uniformados. Los habitantes despojaron de las armas a los oficiales, los amarraron y amagaron con quemarlos vivos, y aunque otro grupo intentó rescatar a sus compañeros disparando sus armas al aire, tambien fueron retenidos hasta que 30 patrullas acudieron por la noche al lugar, por lo que la población entrego a los retenidos advirtiendo que no permitirán más abusos y que volverán a actuar de la misma manera si se repitieran los hechos. Pero la historia se ha repetido insistentemente en todo el sur, sobre todo en Sayula de Alemán, concretamente, en Almagre, donde las incursiones de los uniformados ha engendrado violencia como quema de viviendas, heridos de bala, detenidos, saqueos que la población atribuye a la corporación sin que los mandos hagan nada, hasta que el pueblo se cansa y toma la justicia por mano propia.

ESE MISMO día, la Fuerza Civil anduvo desatada, pues en otro hecho, los elementos acompañados del presidente del Comisariado Ejidal de Soteapan, Santos Franco Duarte, de integrantes del Consejo de Vigilancia y de otros miembros del Comisariado Ejidal, los elementos acompañados de personal que dijo pertenecer al departamento jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, ordenaron a militantes de la organización Antorcha Campesina abandonar las oficinas que ocupan, ubicadas en la calle Miguel Hidalgo, en el centro de la cabecera municipal, bajo el argumento de que el lugar es propiedad del ejido. Según el personal de la SSP, el ejidatario Pedro Ramírez Poblano reclamaba como suyo el terreno donde se ubican las oficinas, lugar que es ocupado desde hace 22 años por los antorchistas. “El desalojo no se realizó porque nuestros compañeros antorchistas lo impidieron, y porque los elementos policiacos nunca mostraron documentación legal que acreditara el procedimiento”, aseguraron los agraviados. Sin embargo los elementos policiacos amenazaron con hacer uso de la violencia más adelante. El Movimiento Antorchista considera que esa acción es una provocación del Gobierno del Estado y parte de su política de hostigamiento en contra de la organización.

AUN SE recuerda cuando el 31 de Julio de este año, alrededor de las 3:30 de la madrugada de ese sábado, habitantes del fraccionamiento Laguna Real del puerto de Veracruz fueron allanados por presuntos elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civil que de manera violenta ingresaron a la zona habitacional ubicada al poniente de la ciudad, a unos cinco minutos del aeropuerto internacional. Vecinos fueron alertados a través de grupos de WhatsApp que un comando armado había agredido a los guardias de seguridad y se encontraban en las calles de Laguna Real entre Laberinto y Manglar con una supuesta orden de cateo. Los uniformados ingresaron a por lo menos tres domicilios donde hicieron destrozos, revisaron y se llevaron pertenencias de valor, como joyas y otros objetos, además de dos vehículos. Los vecinos aseguran que los sujetos vestían uniformes de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil, y que viajaban en seis unidades oficiales. Mencionan que fueron momentos de terror porque los policías agredieron a los habitantes de varios domicilios sin importar que había menores de edad y mujeres. Una de las víctimas fue golpeado en repetidas ocasiones en la cabeza y el estómago por lo que fue llevado al Hospital de Alta Especialidad y aunque su estado se reportó como grave, por fortuna, fue dado de alta durante las primeras horas del domingo 31 de julio. El grupo de vecinos pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Maldonado, para que se investiguen los hechos, pero hasta ahora nada se ha hecho.

ENNUMERAR los constantes abusos de la Fuerza Civil contra ciudadanos en el Estado sería interminable y hasta estéril, sobre todo cuando el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se sigue prestando a ese juego perverso de proteger todo lo anómalo, incluidos funcionarios o alcaldes afines como en el de Emiliano Zapata. Los abusos están a la orden del día, y en Ciudad Mendoza las cosas ya no pudieron ocultarse más, de tal suerte que tres elementos de la SSP fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro en agravio de seis ciudadanos poblanos a quienes obligaron a entregarles 280 mil pesos para que los liberaran, tras ser detenidos ilegalmente. En fin, algo debe hacerse para evitar nuevos brotes de inconformidad como los vividos en Soteapan, pero sobre todo para impedir más abusos policiacos que tanto dañan a la población. OPINA [email protected]