Aurelio Contreras Moreno / Para nadie es un secreto que el Poder Judicial del Estado de Veracruz está envuelto en una serie de escándalos por el brutal desaseo con el que ha sido manejado desde que arribó la “4t” al gobierno del estado.
Y no es que antes del actual régimen el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJEV) se hubiera conducido con pulcritud. Todo lo contrario y sobran pruebas de ello. Sin embargo y muy al estilo de eso que se hace llamar la “cuarta transformación”, el hambre de poder y dinero de quienes se vieron de pronto “en la plenitud del pinche poder” como jamás en sus vidas imaginaron, les ha llevado a rebasar todo límite, no solo legal, sino el del mínimo cuidado de las formas.
Como pandilleros, desde el Ejecutivo y el Legislativo orquestaron el “abordaje” del TSJEV imponiendo en su presidencia a incondicionales. Solo que la primera, Sofía Martínez, al darse cuenta que lo que le pedían le implicaría responsabilidades legales posteriores, se negó a autorizar los “negocitos” de los que se ufanan de no ser “iguales”, lo que le valió ser defenestrada y perseguida por el régimen de Cuitláhuac García y sus testaferros, al tal grado que murió autoexiliada de Veracruz.
Su sustituta, Isabel Inés Romero Cruz, entendió perfectamente para que la pusieron en el cargo: para cerrar los ojos y hacer lo que le indicaran. Solo que ha llevado la sumisión a niveles grotescos, sirviendo incluso como “porrista” de Morena mientras hace jirones la investidura y pisotea la división de poderes.
Desde dos dependencias del Ejecutivo estatal se ejerce el control sobre el TSJEV: las secretarías de Gobierno y de Finanzas y Planeación. La primera “aprieta” a los magistrados y opera el sometimiento del Poder Judicial, por la buena o por la mala, como lo denunció la misma Sofía Martínez antes de morir. La segunda tiene en la directora general de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, a su operadora financiera, quien a decir de la magistrada Concepción Flores Saviaga es la responsable del desfalco al Poder Judicial que lo dejó sin presupuesto a la mitad del año pasado.
En la emisión de La Clave de esta semana –programa de análisis por internet que un servidor co-conduce con la periodista Mónica Camarena-, Flores Saviaga reiteró la denuncia pública que había hecho con antelación sobre un atraco por 900 millones de pesos en el TSJEV. Pero fue más allá.
Afirmó que ese dinero fue a parar a las elecciones del año pasado, para lo cual que se tomaron recursos de los fondos de retiro de los trabajadores del Poder Judicial y, en un extremo aberrante, hasta de lo que se deposita en los juzgados como pago de las pensiones alimenticias de menores de edad. De lo cual también responsabilizó a la directora general de Administración, con la anuencia de la presidenta.
No hay que olvidar que Bautista Flores fue enviada desde la Secretaría de Finanzas por el poderoso subsecretario Eleazar Guerrero Pérez –primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez-, con quien además dirige la asociación “Unidos Todos”, membrete aparecido en este sexenio y a través del cual se desvían recursos públicos a temas políticos, como quedó claro con el millonario derroche en la ilegal campaña de promoción de la fracasada consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La manera en la que el régimen ha ido acallando las voces críticas en el TSJEV ha sido a través de la prebenda, la amenaza directa o de plano la jubilación forzosa que le han aplicado a varios magistrados –incluida la propia Concepción Flores Saviaga, a quien le “regalaron” de cumpleaños un oficio exigiéndole desalojar sus oficinas-, violentando en varios casos un principio básico del derecho, que establece que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva en perjuicio de las personas.
Así la cloaca en el Poder Judicial de Veracruz. En todo el gobierno, en realidad.
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