Prisión para quienes no se sometan y empinen a otros

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / PARTIDARIO DEL absolutismo caracterizado por la pretensión teórica de que el poder político del gobernante no está sujeto a ninguna limitación institucional, siendo este indivisible, inalienable e intrascendente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador –con mucha similitud con el llamado Rey Sol o Luis XIV de Francia, en el sentido de identificar al rey con el Estado en el contexto de la monarquía absoluta-, se olvida que el Estado mexicano está integrado por tres poderes autónomos, y aunque tiene dominado a gran parte del Legislativo –ya que la mayoría ocupa una curul gracias a él-, ahora pretende someter al judicial, anteponiéndose al proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales que propone anular la prisión preventiva oficiosa que mantiene en la cárcel (sin sentencia) a infinidad de perseguidos políticos en diversas Entidades, mientras que los verdaderos delincuentes siguen en las calles causando agravios a la sociedad. Y es que de acuerdo al ministro Luis María Aguilar, la medida cautelar prevista en el artículo 19 de la Constitución, viola derechos humanos y vulnera la presunción de inocencia de las personas, pues “establece la procedencia de la prisión preventiva en forma oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática, en contravención de los principios constitucionales que la rigen como es la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Y es que la medida impide que el juzgador de una persona quede impedido de valorar las “condiciones fácticas del caso”.

SON INFINIDAD quienes permanecen en las cárceles por delitos que no ameritan estar encerrados, de tal suerte que la Cuarta Transformación suele usar ese mecanismo como parte de la persecución política contra los adversarios, y los ejemplos más contundentes corresponden a Rosario Robles Berlanga a quien “sugirieron” apegarse a un criterio de oportunidad, esto es, servir de “chivata” o delatora empinando a peces más gordos con tal de salvarse ella, algo que no aceptó en ningún momento, y ahora el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a quien AMLO sugiere hablar, “que diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial. Todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que probar”, acaso en espera de que el hidalguense asuma que fue el ex Presidente Enrique Peña Nieto el responsable de la “Verdad Histórica”, y a quien no sabe cómo llevar a prisión de cara a las elecciones del 2023 y 2024, medalla que le daría, mucho crédito a su movimiento.

AMLO, EL político que jura y perjura que la venganza no es su fuerte, dice que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba el proyecto para eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa en varios delitos considerados graves, propiciaría la impunidad y la corrupción, olvidando que hay personas privadas de la libertad desde hace muchos años sin recibir sentencia, pese a haber rebasado los límites del encierro como Robles Berlanga que estuvo tres años, y en el caso de Veracruz, Rogelio Franco Castán al que mantienen en prisión sin que un juez determine sentencia, lo que violenta sus derechos humanos. Y es que resulta inentendible que mientras el Presidente defiende los derechos humanos de la delincuencia organizada argumentando que, también, son humanos, por otra parte, avale con prisión preventiva oficiosa a políticos o empresarios que deberían llevar su proceso en libertad.

EL TABASQUEÑO que no se conforma con hacer y deshacer en el Poder Ejecutivo y tratar de someter a la parte del legislativo que no se deja, ahora quiere pisotear al judicial, en una copia fiel del rey francés que solía decir: “El Estado soy yo”, frase que habría sido pronunciada el 13 de Abril de 1655, cuando tenía 16 años, ante el Parlamento de su País, pretendiendo recordar con ello la primacía de la autoridad real ante el desafío planteado por el Parlamento con el lecho de justicia del 20 de Marzo, luego de haber sofocado los movimientos de insurrección ocurridos en Francia durante la regencia de Ana de Austria y la minoría de edad de Luis XIV, entre 1648 y 1653 conocidos como la sublevación de la Fronda. Por ello, AMLO., olvidándose de la autonomía de la SCJN la conminó a buscar mecanismos para que la justicia sea expedita para quienes llevan años detenidos, sin sentencia, pero no “liberar a diestra y siniestra”, particularmente a quienes se encuentren detenidos por delitos graves como delincuencia organizada, secuestro, ilícitos violentos, trata de personas, homicidio doloso, robo de hidrocarburos, feminicidio, robo a casa habitación, abuso sexual a menores, enriquecimiento ilícito, delitos contra la salud, fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos y corrupción, entre otros, y acaso tiene razón.

PERO NO se trata solo del ministro Luis María Aguilar Morales, sino también del ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que nuevamente reitera críticas a la prisión preventiva que, afirma, es parte de lo que hay que corregir para hacer realidad el acceso a la justicia en México. Y es que tiene razón el jurisconsulto cuando sostiene que: “se hace un abuso indiscriminado de la prisión preventiva, llámese oficiosa o justificada, ya que nuestras cárceles están llenas de mexicanas y mexicanos a los cuales no se les ha dictado sentencia y tendrían que estar siendo procesados en libertad”. El articulo 19 constitucional preveía prisión preventiva oficiosa para 7 delitos, pero en este Gobierno se hicieron modificaciones para que se agregara un rosario de ilícitos, pero queda claro que la ley no ha sido pareja ya que, detenidos por delincuencia organizada, contra la salud o amigos del régimen ingresan por puertas giratorias o, simplemente no ingresan.

DE HECHO, en el actual Gobierno se está privilegiando la persecución política a partir de los llamados criterios de oportunidad que no es otra cosa que darle a un presunto inculpado la posibilidad de inculpar a peces mayores con tal de salvarse, en una cadena de persecución que privilegia la venganza antes que la justicia, y el ejemplo más palpable y reciente corresponde al ex Procurador General de la República que seguramente ni torturó ni ordenó hacerlo, pero como no han podido capturar a quien sí lo hizo, lo dejarán en la cárcel para poder llegar más alto en caso de que decida empinar a otros con tal de salvarse, en tanto los verdaderos asesinos de los 43 de Ayotzinapa gozan de cabal salud, disfrutando de la libertad y todo porque les violaron sus derechos humanos, ya que ellos, la delincuencia, tienen patente de corso gracias al “buen corazón” del Presidente para quien la venganza no es su fuerte. Así las cosas. OPINAN [email protected]