Arturo Reyes Isidoro / Todos los opositores políticos en Veracruz y otros detenidos por habérseles dictado la prisión preventiva oficiosa estarían con un pie fuera de la cárcel, lo que sería un duro golpe para la Fiscalía General del Estado, para su titular Verónica Hernández Giadáns y para quienes por motivos políticos le ordenaron que solicitara su aplicación a diestra y siniestra, inventándoles delitos.
Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deberá emitir una sentencia que ordene eliminar esa medida de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso el ministro Luis María Aguilar Morales tiene listo ya un proyecto de sentencia que propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se declare inconstitucional esa medida jurídica regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El argumento que sustenta ese proyecto de sentencia es que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos previstos en tratados internacionales, que además ya ha sido motivo de condena por parte de la CIDH. Así, la Corte dejaría a los jueces penales en libertad de decidir, caso por caso, a quien se le aplica mientras se le juzga, sin importar el delito, por lo que solo existiría la prisión preventiva justificada en la cual las fiscalías tienen que dar pruebas para mantener al acusado en prisión, que es precisamente lo que la Fiscalía General del Estado no ha podido hacer y ha actuado solo sobre supuestos, casos concretos los de José Manuel del Río Virgen, Pasiano Rueda Canseco y Antonio Gómez Pelegrín, aunque hay más.
Prisión preventiva oficiosa, ¡de 17 años!, a punto de tirar esa figura
Un caso específico detonó la revisión y la sentencia, que estaría a punto de acabar con la prisión preventiva en México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo identifica como “El caso García Rodríguez y otro vs. México”. Dada la importancia del tema y para conocimiento general, aunque un poco extenso, transcribo el resumen de la CIDH:
“El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de México por las torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años. En su Informe de Fondo la Comisión observó que las víctimas fueron detenidas sin que se les presentara una orden judicial expedida con anterioridad a su detención y sin cumplir con las condiciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales. Al respecto, la Comisión concluyó que los señores Daniel García y Reyes Alpízar solo conocieron formalmente las razones de la detención y los cargos formulados cuando fueron puestos a disposición de un juez, 45 y 34 días luego de su privación de libertad, lapso que estuvieron detenidos bajo arraigo. En el presente caso, la Comisión estableció que la aplicación de la figura del arraigo constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, y por lo tanto una privación de la libertad arbitraria y violatoria del principio de presunción de
inocencia. Asimismo, concluyó que la prisión preventiva posterior al arraigo, la cual se extendió por diecisiete años, resultó arbitraria. Concluyó, además, que se violó el derecho de defensa dado que, entre otros, las víctimas en el proceso penal no lograron presentar las pruebas de descargo ofrecidas como esenciales y el juez de la causa no tomó medidas para asegurar el envío de información”.
AMLO y su Gobierno se oponen
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó diciendo que el proyecto de la Corte podría dar paso a la impunidad y a la corrupción, que en “esencia” eso es lo que se busca y que se tiene que buscar un mecanismo para que no se use la justicia como pretexto “para liberar a diestra y siniestra”. Ordenó a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de la Presidencia que fijaran la postura oficial, lo que hicieron pronunciándose porque prevalezca la prisión preventiva oficiosa, aunque matizaron diciendo que es “fundamental” que se aplique en ciertos delitos para que no escapen acusados, porque luego detenerlos “implica un gran esfuerzo del Estado”.
En el caso del presidente, no mencionó que en cambio han sido algunos fiscales los que han aplicado la medida a diestra y siniestra con fines políticos para eliminar a los opositores al gobierno, como en el caso de Veracruz, estado en el que los mantienen encarcelados sin presentar pruebas que los incriminen.
Defensor de víctimas los refuta
Por otra parte, el abogado de García Ortiz y Alpízar Rodríguez, Simón Hernández León, en un artículo que publicó ayer en el diario Reforma, ya había refutado la postura oficial: “La detención oficiosa no es una herramienta indispensable para el Estado. Eliminarla no abrirá la ‘puerta giratoria’ a ‘los delincuentes’ ya que el sistema puede ser funcional con la prisión preventiva justificada siempre que el Ministerio Público acredite su necesidad. La medida ha propiciado investigaciones deficientes, debilidad probatoria y, quizá lo más importante en el actual contexto, no guarda correlación alguna en fortalecer la seguridad pública y disminuir la criminalidad”.
Para este abogado, “El cambio de paradigma que desencadenará la condena internacional debe asumirse con un compromiso de Estado de superar prácticas autoritarias, fortalecer el sistema de justicia y desarrollar una política de seguridad ciudadana, como la única ruta posible para superar la crisis actual de violencia y dar paso a una etapa de vigencia de derechos”.
Tito Delfín, Franco, Goyo Martínez y otros saldrían libres
Dado que en este caso aplicaría el principio pro-homine (pro-persona), por lo que la determinación de la CIDH tendría carácter retroactivo, o sea que un juez tiene que elegir qué norma va a aplicar, pero deberá elegir siempre la que más favorezca a la persona a quien se la va a aplicar, beneficiaría a todos los detenidos a los que se impuso la prisión preventiva oficiosa, salvo los casos excepcionales que los jueces determinen, por lo que podrían dejar la cárcel políticos como Tito Delfín Cano (PAN), Rogelio Franco Castán (PRD), Gregorio “Goyo” Martínez (PRD), Nicolás Ruiz Roset (PAN) y la exdiputada Azucena Rodríguez (PRD), entre varios más.
El caso especial de Rogelio Franco
Un caso especial es el de Franco Castán, quien si bien está acusado de violencia intrafamiliar, señalamiento que debiera enfrentar en libertad, lo encarcelaron con el pretexto de que cometió ultrajes a la autoridad, cosa totalmente esclarecida que no fue cierto, aunque ya detenido le imputaron otros delitos, y no obstante que ya obtuvo tres amparos que determinan que no debió haber sido vinculado a proceso y que un juez no debió haber emitido una orden de aprehensión por violencia familiar, lo retienen en prisión sin ninguna justificación legal.
Pero de acuerdo a información que desde meses atrás tiene el columnista, de fuentes totalmente confiables, porque habrían escuchado el testimonio, el exsecretario de Gobierno está preso por venganza política de la ahora secretaría de Energía Rocío Nahle y del secretario de Gobierno Eric Cisneros, ya que siendo los tres militantes del PRD y el excolaborador de Miguel Ángel Yunes Linares dirigente estatal de ese partido, despojó a la ahora poderosa funcionaria federal de una candidatura a diputada federal que ya había sido acordada incluso con la dirigencia nacional, para favorecer a otra persona.
Desde entonces, la zacatecana, quien entre los morenistas tiene fama de vengativa, y el otatitleco-baja californiano juraron que si un día llegaban a estar en el poder se desquitarían, lo que la vida les concedió. Incluso, antes de que fuera detenido y encarcelado, Cisneros le envió a decir a Franco con un mensajero político que se fuera del estado y que no participara en actividades políticas, lo que el de Tuxpan ignoró y buscó ser candidato plurinominal a diputado federal para tener fuero y blindarse, lo que logró, pero aún así lo detuvieron y lo tienen en la cárcel. Ahora estaría a punto de lograr su liberación.
Por eso se apresuraron a dejar libre a Rosario Robles
Cabe especular que viendo venir las resoluciones tanto de la CIDH y de la SCJN, por eso el gobierno de López Obrador, para evitar las críticas y el ridículo, se apresuró a permitir que saliera en libertad Rosario Robles, quien siempre tuvo el derecho de enfrentar su proceso en libertad, pero la mantuvieron en prisión por venganza política, como en el caso de Franco.
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