Se debe aplicar la ley, sobre todo en aquellos que azuzan y esparcen rumores de secuestro de menores de edad sin el menor fundamento. El asesinato del joven abogado Daniel Picazo en un poblado de Huauchinango, Puebla, debería de ser el último.
No es posible que la mayoría de los mexicanos vivamos con miedo a pararse en un poblado a pedir ayuda en caso de una pinchadura o alguna emergencia y ser víctima de algún rumorólogo que quiera aliviar sus frustraciones con uno. Ojalá y que el Estado mexicano tome cartas en el asunto. Es un asunto que preocupa a todos.