Seguramente doña Raquel Buenrostro, la poderosa directora del Servicio de Administración Tributaria, SAT, entendió que era ilegal la obligación de que los empleados de gobierno entregaran su constancia de situación fiscal a cambio de que se le pudiera pagar su sueldo. Además, parecía absurdo que el SAT pidiera una constancia que la misma dependencia emitía, para que los empleadores la entregaran al SAT.
Es por ello que la autoridad fiscal ha tomado la decisión de prorrogar la entrega de la constancia de situación fiscal hasta enero de 2023. De acuerdo con El Universal, el SAT comprendió que «la factura de nómina es independiente a la obligación laboral que tienen los empleadores de pagar sueldos y salarios a sus trabajadores, por lo que no entregar la constancia no es motivo de despido ni de retención de pago».
Con esto las interminables colas afuera de las oficinas de hacienda federal dejarán de verse. Y es que, a menos que se tenga un contador de cabecera, sacar la constancia desde la página web del SAT resultaba poco menos que imposible para muchos trabajadores de gobierno.
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