Mussio Cárdenas Arellano / Qué día aquel en que soltó a Ovidio. Fue el éxtasis. Y aquel otro en que se jactó de cuidar criminales, porque “son seres humanos”, y los visita y les hace obra, y a cambio le ayudan a ganar elecciones. Hasta que llegó Porfirio y acusó una alianza entre López Obrador y el narco. Y lo paró.
“Piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes”, le soltó Muñoz Ledo.
“Su contubernio o alianza no es heredable porque éstos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas las plazas políticas, se entienden con el que va a llegar”, le recetó.
Cuando haya sucesor, “ya no va a necesitar el narco del presidente”, sentenció.
Advertía Porfirio Muñoz Ledo, puntualmente, una “asociación con los delincuentes”, un “contubernio o alianza” y un intento de “heredar” el pacto a quien lo suceda en la Presidencia.
Y ardió Troya.
Aquel Andrés Manuel soberbio, sobrado, altivo que machaca una y otra vez que la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa, fue su decisión, se cimbró.
Aquel que ata de manos al Ejército, le impide responder con el uso legítimo de la fuerza, que lo hace huir de los cárteles, sintió la descarga fulminante de Muñoz Ledo.
Aquel al que le matan 80 mexicanos al día y acumula 125 mil homicidios dolosos en 42 meses de gobierno, y levantones, desaparecidos, mutilados, colgados, gente desecha en ácido, fue evidenciado —sí, evidenciado— frente a la nación.
Porfirio, la mente más lúcida de la izquierda partidista, categorizó el coqueteo de López Obrador con el narco como un “contubernio” y una “asociación con delincuentes”.
No duelen tanto los golpes de PRI, PAN, PRD, o de los críticos, o de los intelectuales, o de los activistas, o de los detractores, como los misiles de Muñoz Ledo.
Y ese día, ante la Coppal —Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina— Porfirio le lanzó el obús. El tema es moral y de análisis político. Es la simbiosis de política y narco.
El narcotráfico —dice Porfirio— “va a prescindir del presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo”.
Hay una intervención “despiadada” del narcotráfico en los procesos electorales, acusa Muñoz Ledo. Y se pregunta: “¿Cómo podemos avanzar ahora? México ha terminado hace dos o tres años una transición democrática y está iniciado una reversión autoritaria (…), pero ha explotado una bomba en el jardín”.
Y cierra así:
“Ha aparecido un nuevo rey de la selva, que es el narco, porque potencia en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas, el uso del dinero”.
Si hay pacto, pienso acá, hay narcogobierno. Si hay pacto, hay narcopresidente. Si hay pacto, hay narcoestado. Es el escenario que se construyó López Obrador y hacia allá conduce al rebaño.
Andrés Manuel se había regodeado en sus ocurrencias. Que si una amnistía para malosos que luego circunscribió a amapoleros. Que si “perdón y olvido” que los familiares de los desaparecidos le mandaron al diablo. Que si “abrazos, no balazos”. Que si los militares bajan los brazos mientras los abofetean, los desarman y hasta los amenazan. Que si AMLO es el cuidador de los criminales. Que si le molesta que el Triángulo de la Muerte, feudo del Chapo y del Mayo Zambada, sea llamado así y sugiere se le renombre por el Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora. Pura idiotez.
Feliz, pues, el presidente con su sarta de sandeces pro narco, al tiempo que los sicarios chidos siguen sembrando muerte.
Desdeñó a sus críticos, las voces acusaron que el mercachifle de la transformación tendía un manto protector al narco. Y López Obrador más lo hacía. Y la respuesta fueron las obras en Badiraguato, y carreteras en el Triángulo Dorado, el territorio narco donde el presidente se mueve a placer.
Así hasta que Porfirio lo pulverizó.
Entonces exige pruebas. Y se victimiza. Si alguien pactó, acusa López Obrador, fue Felipe Calderón. Pactó, dice, vía su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos.
La pantomima de Andrés Manuel es grotesca. Tres años y medio, más los días de campaña, con un discurso pro narco. Y luego la negativa a combatirlos, el crecimiento de las células delictivas, el reparto de territorios, y el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional con órdenes de no actuar. Y todavía tiene la desfachatez de pedir evidencias.
Miles de voces suenan y retumban. Se engallan. Y la senadora Lily Téllez lanza un video brutal.
“Morena es el brazo político del crimen organizado —señala—. El pacto que tiene López Obrador con el crimen organizado está a todas vistas. No podemos vivir en un narcoestado”.
Y lo emplaza:
“Por eso, Dios me dé vida para verte en cárcel, Andrés Manuel López Obrador, y Dios te dé vida, Andrés Manuel López Obrador, para que pases muchos años en la cárcel, pagando por haberle entregado el país al crimen organizado”.
Hará dos años, Anabel Hernández, periodista especializada en el tema narco, abría la Caja de Pandora: empresas del Mayo Zambada, socio del Chapo Guzmán, recibieron contratos millonarios de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto y se los refrendó el IMSS de López Obrador; el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se sentó con el Mayo Zambada y negoció con cárteles en Michoacán y Tamaulipas; el plan para pacificar al país incluye la operación violenta del crimen organizado para imponer gobernadores de Morena en todo el país.
El narcopacto, según Anabel Hernández, incluye disminuir la violencia hasta alcanzar la paz, y a cambio los cárteles podrían traficar sin restricción alguna; los capos serían intocables a cambio de entregar personajes menores a la justicia, y no habría extraditables, como ocurrió con Ovidio.
Ricardo Peralta —puntualiza Anabel— habría mantenido negociaciones con el Mayo Zambada y con operadores de Los Zetas y el Cártel del Golfo. En Michoacán y Guerrero, con las organizaciones criminales ligadas tanto al Cártel de Sinaloa como al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El narcopacto, agrega Anabel Hernández, sólo se podría lograr con dos entes de poder: el gobierno federal y los gobiernos estatales. Así se explica la operación violenta que le allanó el camino a los candidatos a gobernadores de Morena y aliados a ganar en 22 entidades en 2021 y 2022.
“En pocas palabras se trataría de una versión Cuarta Transformación (4T) de la pax mafiosa que operaba el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando era el partido hegemónico, como lo es ahora Morena”, refiere Anabel Hernández.
Es una pax narca, una pax mafiosa. O un intento. Es la estrategia fallida de López Obrador con la fachada de “abrazos, no balazos”; fallida porque la violencia sigue y nada la puede parar.
Andrés Manuel es una caricatura de presidente. Y es una contradicción. Muy amigable con los narcos, muy laxo y suave, arrodillado y doblado, y muy sarcástico, acre y ruin con los que alertan que su gobierno se transformó en narcogobierno y México va rumbo al narcoestado.
Aquel día en que liberó a Ovidio le cumplió al Chapo. Y amarró al Ejército. Y se transformó en cuidador de criminales. Y luego las elecciones en que el narco hizo ganar a Morena. Fue el éxtasis.
Hasta que Porfirio lo desnudó.
Archivo muerto
Nada que no se supiera. Morena gana cuatro gubernaturas y la oposición dos. No fue el seis de seis que pronosticaban Claudia Sheinbaum y el líder morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, o el carro completo del que se jactaba el líder nacional de Morena, Mario Delgado. No fue el 5-1 que llegó a avizorar Marko Cortés, dirigente del PAN nacional. Tampoco el 3-3 que hasta el último instante proclamaba el sátrapa Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI. Fue lo que se dibujaba en todos los análisis, un 4-2 que da pie a múltiples lecturas: la oposición sólo unida puede vencer o competirle a Morena, y Morena sólo con el voto cautivo de los programas sociales puede vencer. Su tendencia ganadora fue menor respecto a 2021 y a punto estuvo de que la elección de estado que les aplicó el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le tumbara el triunfo a Américo Villarreal; la oposición aún lejos de los votantes; el PAN con un triunfo en Aguascalientes; el PRI con una victoria en Durango; pero sólo ganan o compiten cuando van aliados; Morena encumbrando a gobernadores que provienen del PRI (Américo Villarreal en Tamaulipas y Julio Menchaca en Hidalgo) o ligados a negocios del Niño Verde, José Emilio González Martínez, dueño de la franquicia pseudoambientalista llamada PVEM (caso Mara Lezama en Quintana Roo). En 2021, Morena-PVEM ganó 12 de 15 gubernaturas, o sea el 80 por ciento; hoy, cuatro de seis, es decir 66 por ciento de lo que estuvo en juego. Con excepción de Yucatán, Morena domina todo el sur de México. Con excepción Jalisco, es dueño de todos gobiernos estatales del Pacífico, el llamado corredor de droga del Pacífico mexicano. Morena concluirá 2022 con 22 de las 32 gubernaturas, pero difícilmente logrará agenciarse las dos que renovarán gobernador en 2023, Estado de México y Coahuila, donde operan las mayores maquinarias electorales del PRI bajo el mando de Alfredo del Mazo Maza y el Grupo Atlacomulco, y el coahuilense Miguel Riquelme con la estructura del ex gobernador Rubén Moreira. El que no avanzó fue Movimiento Ciudadano. Si bien logró el 13 por ciento de votación en Quintana Roo, con el ex priista y ex morenista José Luis Pech, se cayó al 3 por ciento en entidades como Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas; obtuvo 7 por ciento de los votos en Aguascalientes y 5 por ciento en Durango. Aún así, es el único que trae proyecto ciudadano para 2024… Líder rico, gremio pobre. Y Gersaín Hidalgo se las volvió a aplicar. Convocó a los empleados municipales y les dio dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que hay aumento al salario; la mala, que se conformó con 3 por ciento. Desencajados, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Coatzacoalcos —antes SUEM— escucharon aquel domingo 29 de mayo el resultado de la gestión del regidor Gersaín Hidalgo Cruz, el auténtico accionista mayoritario, casi único, de la organización sindical. Será 3 por ciento al salario y algo más a prestaciones. Así andará de entrado el cacique sindical que hubo un momento en que expresó que no es conveniente molestar al alcalde Amado Cruz Malpica porque no hay para más. No planteó realizar marchas, tomar avenidas, cerrar los accesos a Coatzacoalcos o amagar con quemar el palacio municipal, como en los tiempos del ex alcalde Víctor Carranza. Con el calzón a media pierna, prefirió aceptar el 3 por ciento al salario, en agravio a sus seguidores. Líder rico, gremio pobre… Cesar al líder de los hampones de la Policía Vial no basta. Sediento de lana, Rubén Lara Beatriz llegó al cargo y de inmediato desató una razzia sin distingo, una auténtica persecución sobre automovilistas de Coatzacoalcos, esquilmando a sus víctimas, inventando toda suerte de infracciones a la ley para propiciar la mordida, so pena de terminar tras las rejas si no se aflojaba la billetera. La mayor amenaza era decretar aliento alcohólico en el automovilista, sin alcoholímetro de por medio. Y luego los vehículos eran remolcados por unidades de Grúas Gatsa hasta su corralón, sin que esa empresa tenga concesión oficial. Un auténtico atraco perpetrado por auténticos rufianes. agentes hombres y agentes mujeres. Los hampones asaltando sin freno y la sociedad en manos de la delincuencia oficial. Los hampones trepando a los automovilistas a las patrullas. Los hampones llevando a los conductores a los separos carcelarios. Los hampones obligando a pagar la “multa” en casas particulares, no en Hacienda del Estado. Sólo a los recomendados de la regidora de Vialidad, Silvia Patricia Hong Hernández, le perdonaba las multas. Hasta que una gota derramó el vaso: el pueblo alzó la voz. Y el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, ya no lo pudo sostener. Lara Beatriz, presuntamente recomendado por el hoy ex titular de Salud estatal, Roberto Ramos Alor, terminó en la calle, pero su gente sigue ahí. La pandilla no deja el negocio, la extorsión a automovilistas. La maquinaria creada para esquilmar ciudadanos se mantiene. No basta una renuncia. La presión al ciudadano, el cobro de mordida, la invención de violaciones al Reglamento de Tránsito, ameritan una acción judicial, deslindar responsabilidades, pagar con cárcel… Derechos Humanos también va por Lizandro Pérez. Le integra un expediente a partir de un atropello a un ciudadano, por abuso de autoridad, por amenazas, por privación ilegal de la libertad, por obligarlo a firmar un documento, o sea coacción. La queja consta en el expediente COA/875/2022, y en ella se detalla el incidente ocurrido al interior de la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Coatzacoalcos en agravio del ciudadano Jorge Herrera, el pasado 21 de febrero, al que mantuvo contra su voluntad en las oficinas municipales. Lo presionó para que accediera a la demolición de una escalera que invade la banqueta en la calle Román Marín 713. Ya libre, acudió a la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e inició la queja. El documento está suscrito por el delegado regional, Tonatiuh Hernández Sarmiento, y dirigido al alcalde Amado Cruz Malpica. Lizandro Pérez Hernández, el abogado sin título, no deja de ser una piedra en el zapato…
Comentarios