Juan David Castilla / Xalapa, Ver. Activistas y familiares de desaparecidos protestaron frente a Palacio de Gobierno para denunciar que las autoridades han permitido el delito de desaparición forzada en el estado de Veracruz.
Señalaron que el 26 de noviembre de 2013, José Manuel Hernández Ortiz y Julián Rosado Domínguez junto con otros tres jóvenes fueron intervenidos por policías estatales y posteriormente trasladados a un retén instalado entre los municipios de Xalapa y Actopan.
Las víctimas se comunicaron con sus familiares e indicaron que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los trasladarían a las instalaciones del cuartel “Heriberto Jara Corona”, mejor conocido como “San José”, lugar al que nunca llegaron y, desde ese momento se desconoce su paradero.
La activista Anaís Palacios Hernández acusó que las autoridades “encubrían” a los responsables de la desaparición forzada y que hay procesos penales abiertos en Veracruz sobre este tema.
La entrevistada indicó que el martes 17 de mayo fue detenido uno de los policías estatales que permanecía en activo y presuntamente participaron en la desaparición forzada de los cinco jóvenes.
«Todavía en Veracruz venimos arrastrando la impunidad que dejaron gobiernos anteriores y que cae en blandito para no ser investigado como debe de ser, por eso hablar de la debida diligencia», expresó.
Anaís Palacios señaló que la falta de credibilidad en la palabra de las víctimas y las acciones pocos contundentes de las autoridades permitieron que se perpetuara el delito de desaparición forzada y que quedara impune, en el caso mencionado.
Recordó que en 2013 se registraron varios casos de desaparición de jóvenes, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, quien también es señalado de dicho delito.
«La desaparición de estos cinco jóvenes representa un delito de lesa humanidad se traduce en el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley», enfatizó.
La activista destacó que la desaparición de cinco jóvenes de Actopan debe ser un caso ejemplar de sanción a los responsables. Además de que la investigación de la cadena de mando que se siguió para desaparecer y ocultarles, debe ser una garantía de compromiso llevado a la acción para las familias de estos jóvenes y para los miles de desaparecidos en Veracruz.
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