Irineo Domínguez Méndez / Para hablar de austeridad y combate a la impunidad hace falta que el gobierno estatal, el congreso local y el Orfis se pongan a trabajar, realmente, sobre tales temas. Vigilar, supervisar, evaluar y calificar son tareas que desde la toma del poder de los gobiernos estatal y municipales y hasta la actualidad han sido ignoradas por los entes aludidos. Señalamientos por despilfarro o abuso de poder al asignar altos salarios son constantes. Baste recordar los emolumentos que perciben los magistrados del poder judicial y los diputados locales; a los que se suman los salarios elevados de amigos y compadres que, incrustados en la nómina, sin perfil adecuado y con nula experiencia gozan de canonjías.
Es indiscutible que, al igual que el presidente de la República, el gobernador del Estado tiene la misma intención en implementar un plan de austeridad y de combatir la corrupción; para ello, predican con el ejemplo. Los funcionarios incorporados a estos gobiernos saben a lo “le tiran” si son descubiertos en conductas contrarias a estas políticas de gobierno; más, algunos han encontrado las formas de evadir responsabilidades, a través del ocultamiento de información; son los órganos de control los que podrían descubrir corruptelas por faltas al plan de austeridad y por impunidad al ejercer abuso del poder.
Desgraciadamente, lo mismo acontece en muchos municipios; el ocultamiento de información, con el propósito de no dar a conocer los altos salarios que se asignaron presidentes y síndicos municipales, es una práctica ya común; entonces, para ellos no existe la austeridad. El otorgamiento de canonjías a ediles que “apoyan”, como levanta-dedos, las propuestas de los presidentes es otra constante; a lo que se suma el nepotismo descarado que presidentes y síndicos practican. Lo peor es que el congreso local solapa este cúmulo de irregularidades. Las suspicacias conllevan a suponer la existencia de intereses de los diputados en algunos municipios; tales como la recomendación de “cuates”.
Tratando de desenredar la madeja política, tan enredada, complicada y presentada por los actores políticos que gobiernan, podemos iniciar manifestando que algunos ediles, sin pertenecer a la 4T, en verdad promueven la austeridad y el combate a la corrupción en sus municipios; sin embargo, enfrentan obstáculos que impiden el acceso a la información. Secretarios de ayuntamientos, tesoreros, contralores y presidentes municipales se niegan a darla. Con tal conducta, estos funcionarios violentan diferentes leyes que los rigen: la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigentes en el Estado, entre otras.
La información más resguardada la representan las percepciones de presidentes y síndicos(as); le siguen el uso indiscriminado de gastos por viáticos y gastos de gasolina. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales – integrada por la o el síndico y un o una regidora en cada ayuntamiento -, es presa fácil de quienes les asesoran y dicen ser sabe-lo-todo. Estos asesores “les enseñan” como violentar la ley sin el riesgo de recibir sanción alguna, según ellos. Solapadores de violaciones son los contralores, quienes son los responsables directos de hacer cumplir las leyes en los ayuntamientos. Estas conductas solo fortalecen el rumor de que funcionarios de alto nivel en dichos ayuntamientos son ejercidos por “recomendados” del Secretario de Gobierno y del diputado Juan Gómez, presidente de la JUCOPO. Lo que suena descabellado como inaceptable.
Ejemplos de incumplimientos sobran: omisión de la integración del Consejo de Desarrollo Municipal; muchos municipios aún no los tienen. Dicho Consejo está relacionado con la elección de Agentes y Subagentes Municipales en cada municipio; esto, en virtud de que el Vocal de Control y Vigilancia fungirá, también, como Vocal en la Junta Municipal Electoral. Sin duda alguna, de designarse como Vocal de dicha Junta a cualquier ciudadano que no haya sido electo en Sesión de la Asamblea General del Consejo de Desarrollo Municipal, el proceso electoral y sus
resultados podrán ser anulados si se interpone cualquier juicio ciudadano; pues, la Junta Municipal Electoral no estará integrada conforme lo mandata la Ley Orgánica del Municipio Libre se acuerdo a su Artículo 174 Fracción VI y el Código Electoral de Veracruz en su Artículo 17.
Por otro lado, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, en sus artículos 20, 21 y 22, consigna la relación del Consejo de Desarrollo Municipal con el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y con la constitución y operación de este Consejo como requisito para la presentación y aprobación del Programa General de Inversión, Modificaciones Presupuestales y Cierre de Ejercicio del FISMDF.
Entonces, incumplir con la integración del Consejo de Desarrollo Municipal es incurrir en el incumplimiento de un deber legal y, respecto a la relación que tiene con la Junta Municipal Electoral, además, se suma una consecuencia que se denomina nulidad de resultados, por estar integrada, dicha Junta, de manera ilegal.
Lo mismo está sucediendo con la integración del Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); el incumplimiento de las Fracciones III, IV y V del Artículo 45, referente a las obligaciones de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, por incumplimiento, en tiempo y forma, de la aprobación de cortes de caja; estados financieros mensuales; aprobación de plantilla de personal, relacionada con el nepotismo vigente; etc.
El Congreso del Estado tiene conocimiento de estos hechos; pero, son permisivos y cuasi cómplices; algunos de los diputados se atreven a manifestar que los ediles están en un proceso de aprendizaje. El titular de Consejo Estatal de Desarrollo Municipal; ente que ha brillado en su propósito de asesorar y enseñar a los ediles en cada renovación de ayuntamientos, así lo declaró, también; olvidando que los nuevos ediles tuvieron 6 meses para capacitarse gratuitamente. El Orfis se hace de la “vista gorda”; más bien obesa.
Eso de que: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” es “puro cuento”; es decir, demagogia. En otras palabras, desde ya, se vislumbran conductas que podrían quedar impunes. Parece que será necesaria la intervención del gobernador para poner orden.
Como gobernados, esperamos que no se repitan los saqueos a las arcas estatales y municipales. Que termine y se sancione el nepotismo; que la austeridad y la corrupción sean, verdaderamente, historia.
Otro sí digo. – Como muestra un botón de dos chapulines: ¡Échenle un ojo a Paso de Ovejas y Las Vigas!
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