Mussio Cárdenas Arellano / No son 11. Son 20, 25 o más policías señalados de desaparición forzada, el levantón, la tortura, de medio centenar de víctimas en el siniestro operativo Blindaje Coatzacoalcos, fraguado por Javier Duarte y Arturo Bermúdez, encubierto por el fiscal Luis Ángel Bravo.
No son 11 elementos de la Fuerza Civil, la policía criminal de Javier Duarte, sino 25 o más, que asediaban, perseguían, cazaban al joven, al taxista, al urbanero, tomándolo en las calles y callejones, o en las plazas y los parques, para nunca más volverlos a ver.
Iban por sus víctimas al hogar, de noche o madrugada, sin orden de aprehensión, con las armas por delante, con la impunidad que les otorgaba Duarte, hoy en prisión, o Bermúdez, el que goza la vida, en el yate, en el deporte acuático, siendo la mano de hierro que le dio a la policía de Veracruz licencia para matar.
Cargaban pistolas y rifles, equipo táctico, el alevoso actuar de la Fuerza Civil, que desde entonces es Fuerza de Terror, destruyendo puertas a punta de marro, allanando domicilios y levantando —sí, levantando, como los sicarios del narco— al objetivo que debían cargar.
No son sólo esos 11 policías aprehendidos, este 16 de marzo, en la academia de El Lencero, el “palacio de la tortura”, en el municipio de Emiliano Zapata, a unos metros de Xalapa, acusados de la desaparición de Jhonit, José Manuel, Roberto, Héctor Manuel y Eliaquiam. Hay, y así lo reclaman las familias de las víctimas, más elementos de seguridad implicados.
La noche de la aprehensión, a las puertas del reclusorio Duport Ostión, una vez remitidos a Coatzacoalcos, Lenit Enríquez, del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, hermana de Jhonit, advertía que son, por lo menos, 25 policías los que desaparecieron a sus familiares.
Y no son cinco víctimas sino medio centenar, 50 vidas sin destino, todas levantadas en diversas acciones del Blindaje Coatzacoalcos, la mayoría a manos de la siniestra Fuerza Civil, la policía criminal del ex gobernador Javier Duarte y su secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita.
Unos días le bastaron para sembrar el terror, en aquel trágico e infausto 2015. De la búsqueda de la seguridad se pasó al miedo. De las acciones para enfrentar al crimen organizado se transitó hacia el caos. De la esperanza se gestó el duelo.
Cada historia es una tragedia, la de Eliaquim, la de José Manuel, la de Jhonit, la de Héctor Manuel, la de Roberto. Y la de otros 45 víctimas más.
Una fecha, el 11 de mayo de 2015, cuando la acción criminal de la Fuerza Civil los unió. Y unió a sus familiares que casi siete años después, no cesan de exigir que los presenten. Si vivos se los llevaron, vivos los tienen que entregar.
Aquel 11 de mayo, a Eliaquim, quien entonces contaba 31 años, lo extrajeron de su hogar, en la colonia Obrera. “No es un delincuente”, decía su mamá. “Trabaja en la electricidad. Es padre de dos hijos y tenía mucho para poder salir adelante” (Plumas Libres).
Jhonit tenía 25 años. Su hermana Lenit no cesa de exigir su presentación vivo. Y que los policías hablen y expliquen dónde están. “Llevo seis años buscando a mi hermano”, refiere Lenit. Y ha sacudido a toda la sociedad.
“Tengo más de seis años buscándolo —dice Lenit al diario Presencia—. Necesito que ellos digan en dónde, qué fue lo que hicieron y por qué se lo hicieron”.
José Manuel reside en la colonia Constituyentes. Johnit, de 25 años de edad; Roberto, de 23, y Héctor Manuel, de 50, tienen sus domicilios en la colonia Villas del Sur.
José Manuel es taxista. Aquella noche escuchó ruido en la casa de un familiar. Eran policías destruyendo lo que hallaban. Se acercó. Algo les mencionó y se lo llevaron.
“Allí estaba una patrulla. Le preguntaron quién era, dio su nombre, y se lo jalaron, lo comenzaron a golpear y se lo treparon en una camioneta (Plumas Libres).
Pero de Héctor Manuel no volvió a saber.
Horas después de los levantones, sacudido Coatzacoalcos por las protestas en las calles y el bloqueo de carreteras, Arturo Bermúdez se hizo presente. Rechazó que la Fuerza Civil tuviera algo que ver. Menos, dijo, que la fuera a retirar “sólo porque se manifiesten los delincuentes”.
Aquella frase encendió los ánimos. Tocó la herida. La madre de Eliaquim lanzó otra: “Tenemos pruebas y testigos de que fue la Fuerza Civil la que se los llevó. Tienen que regresarlos”.
Y sí, todos los testimonios apuntaban a la presencia de elementos de Fuerza Civil, con sus patrullas, con sus insignias, con el trato soez. Todo fue consignado en la denuncia 234/2015 ante la Agencia Segunda del entonces Ministerio Público.
Van seis años 10 meses y la justicia apenas se deja ver. Van casi siete años y ya hay 11 policías en prisión, sujetos a proceso penal.
Meses atrás, un juez liberó una orden de aprehensión contra los cinco elementos de la Fuerza Civil, a partir de las carpetas de investigación IM COAT2/506/2015 y la acumulada IM COAT2/519/2015. Su caso se ajusta a la causa penal 1/2021. La imputación es desaparición forzada.
A los elementos de la Fuerza Civil les tocó el trabajo sucio, llevarse a los detenidos, levantarlos como suelen hacerlo los sicarios. A Arturo Bermúdez Zurita, negar su participación.
A Javier Duarte se le dio encubrir a los policías delincuentes, como en el siniestro episodio de la barranca La Aurora, donde los Fieles, el grupo de élite de Bermúdez, arrojaba a sus víctimas, presuntos halcones, presuntos zetas o inocentes a quienes se llevaban para extraerles información y en el camino dejaban la vida.
Bermúdez fue, quiéralo o no, el responsable de la Fuerza Civil en el terrible sexenio duartista. Y cuando hubo evidencia de los excesos, de los levantones, de la desaparición forzada, encubrió a sus esbirros, a los matarifes que el 11 de mayo de 2015 dieron cuenta de Jhonit, José Manuel, Roberto, Héctor Manuel y Eliaquim.
Bermúdez, quiéralo o no, fue cabeza del operativo Blindaje Coatzacoalcos, así derivara las culpas en la Secretaría de Marina del gobierno federal.
El Mando Único, apuntaba Capitán Tormenta, el apelativo con que se le identificaba, tuvo el control del operativo. Y el Mando Único tenía una cabeza, Luis Enrique Barrios Ríos, contralmirante de la Naval, hoy director de la Policía Municipal de Coatzacoalcos.
Pero la judicialización del caso no apunta hacia la Marina sino en dirección a la Fuerza Civil.
Sabido el caso, detonado el escándalo, sacudido Coatzacoalcos por la oleada de aprehensiones ilegales, la desaparición de personas, las marchas en las calles, el bloqueo de carreteras, las imputaciones a la Fuerza Civil, la Fiscalía de Veracruz terminó por encubrir.
Su titular, Luis Ángel Bravo Contreras, alias Fisculín, cerró los canales a la justicia… como en el caso de la barranca La Aurora.
Nada hizo la Fiscalía en torno a la Fuerza Civil, los esbirros de Bermúdez. Nada se movió en 2015 ni en 2016, cuando renunció.
Hoy, el delito de desaparición forzada avanza hacia 11 elementos de la Fuerza Civil. Faltan sus mandos, sus comandantes, sus superiores jerárquicos. Falta Bermúdez. Falta Duarte. Falta Fisculín.
Y no, no son 11 policías implicados. Son 25 o más. Y Duarte, Bermúdez, Bravo Contreras por auspiciar, ejecutar y encubrir el peor episodio de terror en Veracruz con por lo menos medio centenar de víctimas, cuyo rastro se perdió, sin saber, hasta hoy, dónde están.
De la desaparición forzada, ni Duarte, ni Bermúdez, ni Fisculín se van a librar.
Archivo muerto
De ocho balazos, la vida de Armando Linares se truncó. Lo mataron a mansalva, frente a su familia. Es el octavo periodista asesinado en 2022. Había alzado la voz, reclamado justicia cuando su colaborador, Pedro Toledo, murió a manos de dos sicarios, en Morelia. Linares dirigía el portal en internet Monitor Michoacán. Lleno de rabia, lleno de miedo, aquel 31 de enero, hace mes y medio, se indignaba por el crimen de Pedro Toledo. La voz quebrada, a punto de las lágrimas, lanzaba un réquiem por el compañero caído, ofreciendo no cejar, no ceder, presionar hasta dar con los culpables. Y hoy el duelo es por él. Uno de los sicarios lo abordó y fingió interesarse en los espacios de Monitor Michoacán, ofreciendo contratar publicidad. Acompañó a Linares de las oficinas a su hogar, en Zitácuaro. Ahí le vació el arma, asestándole ocho disparos, bala calibre 9 milímetros, reglamentaria, de uso exclusivo del Ejército. Y estalló el escándalo. Al velorio asistieron periodistas de Michoacán sin imaginar lo que habría de ocurrir. Un hombre los encaró, sacó el arma y los forzó a abandonar la funeraria. Horas después se anunció que Monitor Michoacán dejaba de operar. Ocho periodistas asesinados en dos meses y medio de este 2022. Y ni así Andrés Manuel López Obrador le baja a su constante asedio y descalificación a la prensa. Y luego se prende cuando el Parlamento Europeo, Reporteros Sin Fronteras, ONU Derechos Humanos, Artículo 19, Amnistía Internacional, Sociedad Interamericana de Prensa, Comité para la Defensa de los Periodistas y decenas de organizaciones más condenan el ambiente hostil, el clima de agresión, el ambiente de alta vulnerabilidad generado por el discurso hostil al periodismo. Ocho y contando… A los enanos de Morena, Ricardo Monreal les responde con frase letal: “para mí es un timbre de orgullo que los corruptos y los violadores de derechos humanos me ataquen; es señal de que estamos caminando”. Le zumba así a los alfeñiques del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, desde Claudia Tello Espinosa y Rosalba Valencia, diputadas federales por Xalapa y Minatitlán, hasta Armando Antonio Gómez Betancourt, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle y Angélica Peña Martínez, que piden su expulsión de Morena. Los enanos políticos lo quieren fuera de Morena por el “flagrante agravio” de discrepar de Cuitláhuac, de enfrentarlo, de exhibir el atropello a la ley, de mostrar cómo se fabrican culpables y se encarcela a inocentes en Veracruz. Pero estas son las aristas del conflicto. En el fondo están las iras y las furias de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, contra Monreal. Es ella la mano que mece la cuna. Una filtración dada a conocer por el portal Latinus da cuenta de los amarres de navajas que la zacatecana arma contra el senador. Un chat en WhatsApp de ex diputados federales de Morena, en el que participa Nahle, la exhibe como instigadora contra Ricardo Monreal. Es su ponzoña. Es desaseada. Es rupestre, siempre dejando rastro de sus fobias contra sus adversarios, Monreal en lo político, y contra los periodistas críticos, en lo mediático, dando línea sesgadamente para el ataque y la denostación… Negocio millonario, con la bendición de Xóchitl Arbesú, en la pista de hielo de Coatzacoalcos. Muy solícita, la secretaria de Turismo del desastroso gobierno morenista de Veracruz otorgó el contrato al entonces regidor electo en Minatitlán, Juan Carlos Rosales Domínguez. El monto fue tres veces superior a lo pagado por la instalación de la pista de hielo en Coatepec. Juan Carlos Rosales Domínguez cobró 3 millones 200 mil pesos, mientras que la empresa Inmobiliaria y Constructora Lomas de Santiago S.A. de C.V. cobró un millón 160 mil pesos en el municipio aledaño a la capital Xalapa. Lo peor fue que la pista de hielo de Coatzacoalcos no congelaba y la secretaria Xóchitl Arbesú Lago no atinaba a justificar el por qué. Primero lo atribuyó a las altas temperaturas que se registran en el sur de Veracruz; luego, que por el frente frío que tumbaba algunas lonas. La investigación periodística es de la autoría de Ángel Cortés Romero para el portal en internet E-Veracruz (https://bit.ly/36x3c1V). ¿A cuenta de qué un regidor electo de Morena recibe un beneficio así, un contrato millonario y, peor, un contrato con sobre precio, días antes de asumir funciones en el cabildo de Minatitlán. ¿Quién está detrás del negocio? ¿Xóchitl Arbesú? ¿Eric Cisneros, secretario de Gobierno? ¿el gobernador Cuitláhuac García? ¿O es la mecánica de saqueo para ir nutriendo el cochinito para la campaña de Claudia Sheinbaum, la corcholata de la sucesión, según calificativo obradorista a la favorita, supuestamente, para la contienda por la presidencia de México? Es, vía contratos, el robo a las arcas a todo lo que da. Morena aprendió, y bien, el estilo de Javier Duarte… La número uno es Yajaira Tadeo Rodríguez. De todo el cabildo de Coatzacoalcos, Yajaira tiene un poder oculto. Tiene la bendición, el aval, el cariño del “vicepresidente municipal”, Samuel Ordaz Ortega, el que pone e impone adeptos en cargos clave del ayuntamiento. Yajaira pasó de secretaria y ayudante a regidora cuarta, haciendo trizas los sueños de decenas de mujeres de Morena que aspiraban a ser inscritas en la planilla que contendió por la alcaldía de Coatzacoalcos en 2021. Todas tenían derecho pero no todas contaban con un padrino como Samuel Ordaz, el terrible Samuel que desde la Secretaría del Ayuntamiento ejerce el poder. Otra de sus fichas es Emir Sánchez Vázquez, regidor quinto municipal. Samuel dispone así de dos votos en el cabildo, que no los tiene ni Obama. Así como la ve, en perfil bajo, Yajaira detenta un poder que el vicepresidente municipal le quiso obsequiar. ¿Enrique Villegas, Sandra Collins, Ángel Echevarría? Esos, frente a Yajaira, son segundo nivel…