Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Mientras las más altas autoridades del gobierno de Veracruz presumían de que eran “ejemplo internacional” por su combate a la delincuencia, una camioneta que transportaba migrantes se volcó en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, con un saldo inicial de tres muertos y 18 heridos. *** Carlos Escalante, titular de la oficina de Atención al Migrante en Veracruz, admitió que en la unidad accidentada viajaban siete cubanos que “se encuentran graves” y que hay un reporte de tres muertos. *** De todos es sabido que Veracruz es parte de la ruta que los “polleros” (contrabandistas de migrantes) utilizan para llegar hasta la frontera norte del país, para cruzarlos a Estados Unidos. Los planes de contención para este tráfico de personas hasta la fecha siguen sin dar resultados. *** Apenas en diciembre del año pasado un tráiler que transportaba en forma clandestina a 160 migrantes chocó contra un puente cuando viajaba por una carretera de Chiapas, provocando la muerte de 56 de seres humanos. *** Es cada vez más cotidiano en las principales ciudades de Veracruz, encontrar en los cruceros a personas que se dicen extranjeras y que piden apoyo económico para seguir su viaje hacia el norte. *** De eso, nuestras autoridades nada dicen.
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Sería injusto afirmar que el Tribunal Superior de Justicia pasa, en la actualidad, por su peor momento.
Baste recordar que a mediados del año pasado de pronto se quedaron sin dinero y estuvieron a punto de suspender el pago de salarios y prestaciones a todo su personal.
Sin embargo, es menester reconocer que el Poder Judicial lleva un lustro (por lo menos) en un franco declive, no sólo en lo financiero, sino –y más importante- en su obligación central, que es la impartición de justicia.
Desde los latrocinios durante la gestión de Edel Álvarez Peña, hasta las desastrosas administraciones de las dos mujeres que asumieron la presidencia en el actual sexenio, el deterioro en los índices de eficiencia del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz se ha profundizado en forma dramática.
La actual titular del Poder Judicial, la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, ha sido capaz de admitir frente a cámaras y micrófonos que su prioridad es la atención y el cumplimiento a “las instrucciones del gobernador”, postura que debió representar su destitución del cargo de presidenta, pero que fue tolerada por sus compañeros magistrados, porque nadie se quiere pelear “con el que tiene el dinero”.
Son múltiples los ejemplos que ha dado la magistrada Inés Romero sobre su incapacidad para atender el cargo de titular del Poder Judicial pero nadie se ha querido desgastar promoviendo su cese, toda vez que esperan que a partir del 20 de abril del presente año, cuando cumpla los 70 años de edad, sea removida por la vía constitucional.
El artículo 59 de la Constitución local apunta que los magistrados podrán ser removidos si cumplieron los diez años en el cargo sin ratificación; si cumplieron los 70 años de edad, o si cumplieron 15 años en el cargo.
En el segundo supuesto se ubicará la magistrada presidenta el próximo mes y aunque ella pretende que el Poder Legislativo le conceda la ratificación por 5 años más, la decisión estará en el campo del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Juan Javier Gómez Cazarín, con quien la magistrada presidenta no se ha portado muy bien, a pesar de que fue él quien operó para que ella asumiera el cargo.
Y mientras le hace la corte al segundo hombre en la jerarquía del Poder Ejecutivo, la magistrada presidenta no puede resolver el conflicto que se le generó en Orizaba, con su decisión de reubicar el juzgado sexto, actualmente en Orizaba, para que ocupe las instalaciones que antes tenía el “micro-regional” en Nogales.
La intención es, por supuesto, ahorrar algunos centavos porque los recursos del Poder Judicial de Veracruz siguen siendo limitados, a partir de los criterios impuestos por el secretario de Finanzas, José Luis Lima, para la aplicación del concepto de “presupuesto general del estado”, del que el Poder Judicial debe recibir el 2 por ciento.
Concluyamos que no es el peor momento del Tribunal Superior de Justicia desde su creación… pero se le acerca mucho.
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Epílogo.
La liberación de Adriana Vichi, extitular de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado (FGE) era inminente, a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de derogar el delito de “ultrajes a la autoridad” del Código Penal de Veracruz. *** Sin embargo, en realidad su salida de prisión se dio a partir de un amparo concedido por la justicia federal, que obligó al juez de control a cambiar la medida cautelar quien ordenó que una vez al mes acuda a firmar al juzgado. *** Lo grave del caso es que el juez de control debió considerar que el delito por el que se le vinculó a proceso a Adriana Vichi ya no existe y se le debió dejar en libertad plena. *** La Secretaría de Salud reportó que la cifra de muertes a causa de Covid-19 en México aumentó a 321 mil 375, luego de que se registraron 260 nuevas defunciones. *** En las últimas 24 horas, la dependencia federal también confirmó 6 mil 025 nuevos casos de coronavirus, por lo que el acumulado de infecciones en el país desde que inició la pandemia ascendió a 5 millones 613 mil 870 casos. *** En el reporte técnico sobre el avance de la epidemia de Covid-19 en México, la Secretaría de Salud detalló que las entidades federativas con la mayor tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes son: Baja California Sur, Ciudad de México, Aguascalientes, Tlaxcala, Colima y Veracruz. *** El lunes 14 de marzo, la dependencia federal reportó la aplicación de 264 mil 023 vacunas contra Covid-19, por lo que el total de dosis suministradas ascendió a 186 millones 796 mil 040. *** El Gobierno federal destacó que de las 85 millones 452 mil 359 personas inoculadas contra el coronavirus en México, 79 millones 411 mil 249 (93%) personas cuentan con esquema completo.
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