Aurelio Contreras Moreno / Durante la campaña presidencial del año 2006, el entonces presidente Vicente Fox Quesada se inmiscuyó abiertamente en el proceso electoral para buscar evitar a como diese lugar que el abanderado del PRD, Andrés Manuel López Obrador, ganase las elecciones y llegara a la Presidencia de la República.
Abiertamente, Fox ocupaba sus apariciones públicas para lanzar consignas, más en contra de López Obrador que en favor del abanderado de su partido, Felipe Calderón, a quien tuvo que apoyar muy a su pesar, pues nunca fue su candidato al interior del PAN.
La injerencia de Fox en el proceso fue descarada desde antes incluso de la campaña, cuando el proceso de desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México –por cierto, por un desacato a una orden judicial, lo que desde entonces pintaba el talante autoritario y el desprecio por la legalidad del actual presidente-, del cual se tuvo que terminar echando para atrás porque, desde entonces, el tabasqueño mostró su gran habilidad para la victimización.
Así que Fox optó por provocarlo durante el periodo de proselitismo, llamando a “no cambiar de caballo a mitad del río”, en alusión al cambio de régimen que, entonces y al igual que ahora, fue una brutal decepción.
López Obrador cayó en la trampa de las provocaciones de Fox y en un mitin, pronunció aquella frase que terminaría sirviendo de “gancho” para la campaña negra que el equipo de Felipe Calderón lanzó en su contra y que desapareció la ventaja que en un principio llevaba y parecía irremontable: “cállate chachalaca”.
Gracias a ese exabrupto, se colocó en medios la campaña de contraste “Un peligro para México”, que pintaba al candidato de la izquierda como un personaje intolerante, resentido, enemigo de la libertad de expresión y violento. Quién diría que 12 años después, ya como presidente, el propio López Obrador se encargaría de demostrar que todo eso era cierto.
El resultado de aquella campaña es conocido. Calderón remontó la ventaja con la que arrancó López Obrador gracias a la propaganda negra y se alzó con la victoria, en sus propias palabras, “haiga sido como haiga sido”, naciendo el mito del fraude que llevó, entre otras cosas, a que en los siguientes sexenios se endureciera la legislación electoral para evitar lo que a juicio del lopezobradorismo fue una “guerra sucia”.
Así, en las sucesivas reformas constitucionales se introdujeron prohibiciones para la propaganda negra y especialmente para la participación activa de funcionarios públicos en las campañas proselitistas, pues ello significaba un desequilibrio y una inequidad al disponer éstos de recursos públicos para sus actividades.
También se establecieron las llamadas “vedas electorales”, periodos en los que se obliga a los tres niveles de gobierno y a sus funcionarios a suspender toda promoción de la obra pública y se les impide pronunciarse sobre cualquier tema político-partidista-electoral.
Todas estas restricciones –que todos los actores políticos buscaron siempre la manera de evadir y saltarse- fueron legisladas en su mayoría a iniciativa del lopezobradorismo, que hoy que está en el poder, decidió que ya no le gustan, que le estorban, pues lo suyo es gobernar sin contrapeso alguno. Incluido el que supone el respeto a la legalidad.
Este jueves, Morena y sus abyectos aliados del PT y el Partido Verde aprobaron en la Cámara de Diputados un decreto para violar la Constitución –porque las prohibiciones en la Carta Magna ahí siguen-, en el que “interpretan” los alcances de las leyes para acomodarlas a sus intereses políticos.
El “Decreto por el que se interpreta el alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato” –en serio, así se llama-, de un plumazo pretende regresar al estado de las cosas de 2006, ya que establece que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas”, ni tampoco “la información de interés público (…) que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas”.
Por supuesto, la “información de interés público” a la que se refieren es, en este momento, la concerniente a la promoción de la consulta de revocación de mandato, que la propia ley respectiva le prohíbe realizar a todos los funcionarios de todos los niveles de gobierno. Incluidos los gobernadores y el mismo presidente, que a pesar de ello no se han limitado para violentar la norma una y otra vez.
El “decretazo” aprobado en un “albazo” legislativo es a todas luces inconstitucional, pues absolutamente ningún ordenamiento –y menos una pinchurrienta “interpretación”- está por encima de lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y todavía peor, este bodrio fue aprobado exactamente a un mes de que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato. Y resulta que la Constitución también establece que no se puede modificar ninguna legislación electoral después de 90 días antes de que se celebre el siguiente proceso comicial.
Pero en lo que son peras o manzanas y una autoridad jurisdiccional les “tira” el engendro legislativo –que además aún debe pasar por el Senado-, hay “bandera blanca” para que todo el morenato se lance al rescate de lo que se vislumbra como un nuevo fracaso en materia de participación ciudadana. De ahí la desesperación por llamar a votar, incluso engañando a la población promoviendo una “ratificación” –que no tiene sustento legal- en lugar de una revocación del mandato del presidente.
Lo que resulta más grave todavía es que, en el hipotético caso de que se mantuviera vigente esta aberración jurídica, sus alcances llegarían a los procesos electorales venideros, levantando todas las restricciones existentes y permitiendo que los funcionarios públicos y los gobiernos metan la mano hasta el fondo en todos los comicios. Significaría la destrucción del sistema electoral de este país, que ha costado más de tres décadas, incontables sacrificios y mucha sangre construir.
Luego de las elecciones de 2006, Vicente Fox -quien llegó al poder seis años antes gracias al impulso de una sociedad harta del autoritarismo y antidemocracia priista- fue tildado de “traidor a la democracia” por su injerencia en aquellos comicios.
El morenato lopezobradorista es traidor y simulador. Verdaderamente son peores que lo que tanto combatieron.
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