El ministro Mario Pardo Rebolledo expuso en su ponencia a cargo sobre el delito ultrajes a la autoridad: «Sin duda se trata de una limitante a la libertad de expresión pues penaliza la expresión de los ciudadanos frente a las autoridades. La descripción típica es susceptible de que, con cualquier formulación verbal escrita o incluso cibernética, se cause molestia o incomodidad a cualquier servidor público». Todavía Margarita Ríos Farjat fue más explícita: «En una sociedad donde prima la libertad de expresión, no puede quedar al gran margen de apreciación de la autoridad cuándo una conducta es ofensiva o injuriosa o amenazante o agresiva, como dice el artículo. Puede ser una palabra, un tono de voz, un gesto, una señal, una forma de hablar, una burla. Es comprensible que cuando una persona es sancionada, se queje, exprese su molestia, y me parece que genera inseguridad jurídica el hecho que la autoridad misma sea quien valore si esa falta de respeto constituye una amenaza o una agresión conforme al artículo 331».
Por eso y por otras argumentaciones, la SCJN derogó el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Sin embargo, después del palo recibido, el gobernador de Veracruz porfía: «Esto es muy importante resaltarlo ahora con claridad, porque se ha querido mentir a la sociedad atribuyendo a este Gobierno una falsa imagen de estar contra las libertades».
Como es su costumbre, Cuitláhuac García ya le echó la culpa a los demás, olvidándose que la modificación cuestionada fue idea de sus asesores jurídicos y con ello amenaza con la invención de un clon de ultrajes a la autoridad, sólo que ahora con otro nombre. Es decir, la Suprema Corte ya le dio palo al gobernador, pero éste quiere paliza.
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