Juan David Castilla / Con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención, las diputadas y diputados locales aprobaron el dictamen para derogar dos fracciones del delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal de Veracruz.
En la sesión extraordinaria que se realizó de manera virtual la tarde de este domingo 27 de febrero, el dictamen fue votado a favor por la mayoría morenista y en contra por los legisladores panistas, priistas, de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido del Trabajo (PT).
Con lo anterior continúa vigente el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz, con penas que van de los seis meses hasta los siete años de prisión.
En su intervención, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luis Antonio Luna Rosales, detalló que se derogaron las fracciones II y IV del artículo 331 para garantizar la seguridad jurídica a las y los veracruzanos.
“Para dimensionar la trascendencia de que el delito de ultrajes a la autoridad debe subsistir en nuestra legislación penal tenemos que situarnos en el papel que realizan quienes sirven al estado principalmente en materia de Seguridad Pública, procuración e impartición de justicia, labores que al desarrollarse lícitamente y en beneficio de la población en general implican exposición am peligro”, expresó.
Consideró que no se incumpliría la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emitió al gobierno de Veracruz por la detención ilegal de seis jóvenes en Xalapa, a quienes no se les pudo comprobar dicho delito.
“Se hace necesario introducir un elemento en la descripción, específicamente para
señalar que la mencionada violencia sea sólo física, ya que estimamos que aun cuando se introdujera una porción normativa en ese tenor, la conducta descrita en la fracción II se encontraría inmersa en la comisión del delito básico, por lo que no se justificaría que se tratara, como actualmente sucede, de una circunstancia agravante de la punibilidad, por lo que para esta comisión es preferible optar por la derogación de la citada fracción y no por la reforma planteada”, leyó el Legislador morenista.
Por cuanto hace a la fracción IV del mismo artículo 331, que a
la letra dice: “se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo desventaja“, se estima que ante la porción normativa a través de cualquier otra circunstancia, se está ante una regulación ambigua y general.
Lo anterior va en contra del principio de taxatividad, generando que uno de los elementos del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo de los
hechos, se inserte y juzgue de manera arbitraria.
“Juzgamos pertinente conservar el delito de ultrajes a la autoridad en la ley penal
veracruzana, en razón de que, como igualmente se menciona en la iniciativa referida en el Antecedente 4, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en diversos
artículos, protege el orden público, pues inclusive en los artículos 6°, 8° y 16 se imponen restricciones a los derechos de libertad de expresión, petición y en materia de datos personales, en función del orden público, teniendo competencia
diversas autoridades para contribuir a la generación y preservación del mismo”, añadió.
Por su parte, los diputados priistas Anilú Ingram Vallines y Marlon Ramírez Marín recordaron que más de mil 033 personas están presas en la entidad por el delito de ultrajes y que dicho dictamen representa una “simulación”.
Además, el diputado petista Ramón Díaz Ávila, quien también votó en contra del dictamen, indicó que no se tomó en cuenta la iniciativa presentada por el PT en diciembre pasado, que reduce la pena y que tomó la opinión de colegios y barras de abogados.
“No se toma en cuenta la recomendación de la CNDH de derogar el delito de ultrajes a la autoridad”, enfatizó el Legislador del PT.
Los diputados panistas Enrique Cambranis Torres y Jaime Enrique de la Garza coincidieron en que la población continúa vulnerable ante el temor de ser detenida sin justificación bajo la figura de ultrajes a la autoridad.
Los legisladores de oposición dijeron confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarará inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz.
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