Claudia Guerrero Martínez / El 1º de diciembre del 2021, Salvador Hernández Hernández, conocido como el “Cachibombo”, sin haber tomado protesta como alcalde de Acajete, en su calidad de electo, firma convenio con la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción A.C, Delegación Veracruz (AMIC Veracruz) y la Asociación Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC). Un acuerdo que no tenía validez, pues aún no era presidente municipal en funciones y desde ahí mostró que no tenía palabra para cumplir con sus compromisos. Ahora, se ostenta como operador de SEFIPLAN. Les cuento a las y los inteligentes lectores.
Este alcalde de Acajete asegura a otros presidentes municipales, ser el operador estrella de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ostentándose como el enlace para los acuerdos sobre los pagos de la Controversia Constitucional y además, pedir el 10 por ciento de moche.
Con base a testimonios de alcaldes afectados, ellos señalan a Salvador Hernández Hernández, presidente municipal en funciones del municipio de Acajete, de ser quien ordena a su operador de nombre Octavio “N” a que visite a los munícipes para que acuerden el pago calendarizado de abril a junio de los recursos entregados por SEFIPLAN, con base al mandato de un órgano federal que emitió una resolución obligando a pagarles a los municipios de Veracruz sus recursos que fueron desviados por la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Ayuntamientos como Las Vigas y otros, han sido invitados para que reciban al enviado del alcalde de Acajete y acuerden el pago del 10 por ciento de moche, con la promesa de que gestionarán en SEFIPLAN el pago del 100 por ciento que le corresponde a cada municipio. Salvador Hernández asegura que él trabaja para altos funcionarios de SEFIPLAN y por ello, presuntamente puede gestionar el pronto pago.
Y lamentamos decirlo: El alcalde de Acajete está realizando un fraude, pues asegura que él intervino en el recurso de la Controversia Constitucional, lo cual, es falso y miente categóricamente. “Chava” Hernández pretende sorprender a los alcaldes de algo que no hizo, ni gestionó. Y es merecedor a delitos como abuso de autoridad, fraude y realizar actos de corrupción.
Nos comenta un alcalde, de quien omitimos sus generales, que “Chava” Hernández le pidió la Carpeta de la Controversia Constitucional, evidenciando ser mentira que este alcalde de Acajete había gestionado el recurso. Un tipo timador, quien se ostenta tener picaporte en SEFIPLAN. Tanto Salvador Hernández Hernández y el operador Octavio “N” cometen fraudes y tratar de sorprender a los presidentes municipales, prometiéndoles pronto pago.
Lo peor, que los tratan de obligar a firmar convenios, con el compromiso del 10 por ciento de soborno o moche y si están de acuerdo, “Chava” Hernández gestionará el pago de forma directa. “El Cachibombo”, “Cachi” porque cacha todo lo que puede y “Bombo” porque le gusta la fiesta, ha sido señalado de incumplir con los acuerdos de quienes lo apoyaron para ganar el municipio de Acajete. Y también, es un timador que se ostenta como operador de SEFIPLAN.
La alcaldesa de Villa Aldama hace negocio con el bacheo en el municipio y la llaman “La Lady Baches”
Otra que también opera, pero ahora para el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara es la alcaldesa de Villa Aldama, Guadalupe Romero Sánchez, mejor conocida como “La Lady Baches”, ya que del presupuesto total para tapar los baches, el 50 por ciento es de utilidad y será para beneficio de la presidenta municipal, junto con su asesor de obra de nombre “Israel”, quienes harán uno de sus primeros negocios personales.
Si bien, Guadalupe Romero Sánchez es protegida del delegado de Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara, éste pillo impuso al hermano de la alcaldesa de Villa Aldama, de nombre Rafael Romero, como encargado de Bienestar en ese municipio, para que todo quede en familia, mostrando conflicto de intereses, pues es familiar directo de Guadalupe Romero Sánchez y su hermano opera los programas sociales, para beneficio de MORENA. Y lo peor, son recursos federales y estos son delitos tipificados como actos de corrupción.