Aurelio Contreras Moreno / El golpe mediático que significó el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus sobre los lujos de José Ramón López Beltrán dio exactamente en donde duele: en el discurso de la austeridad y la honestidad en el que se basa todo el constructo lopezobradorista.
La vida de privilegios del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador no era un secreto. Desde antes que iniciara el sexenio fue exhibido viajando por el mundo, comiendo y hospedándose no precisamente en hostales. Y tras su boda con la cabildera del sector energético Carolyn Adams, ella misma se encargó de difundir su ostentoso y nada austero estilo de vida.
Hasta ahí, nada de eso tendría algo de raro ni habría de ser condenable… salvo porque el padre de José Ramón López Beltrán se la pasa pontificando en contra de la riqueza, los lujos y el “aspiracionismo” y exaltando la pobreza y el conformismo como una manera de mantener la “bondad” y la “pureza” del pueblo, el cual además le va a estar muy “agradecido” al gobierno por los “apoyos” que le da –con su propio dinero, el de sus impuestos- a cambio de su “lealtad” electoral.
Sin embargo, lo que el reportaje sobre la “vida loca” del junior López expone va más allá de las consideraciones moralizantes a las que la propaganda lopezobradorista lo quiere limitar. Porque lo que hay de fondo es el uso del poder para traficar influencias, obtener contratos millonarios y a cambio, repartir prebendas.
El punto central no es el valor económico de la mansión en la que vivieron López Beltrán y su esposa en Houston, sino que ésta pertenecía a Keith L. Schilling, un alto directivo de Baker Hughes, empresa que el 19 de agosto de 2019 firmó un contrato con Petróleos Mexicanos por 85 millones de dólares. Un mes después de esa operación, la pareja López Adams ocupó la casa en la que habitó hasta 2020.
La jugada es tan evidente que podría tener implicaciones más allá de la sola exhibición mediática. A la fecha, el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares con Baker Hughes y la sola sospecha de un soborno o por lo menos tráfico de influencias que implique una “gestión” del hijo del mandatario o de su esposa para beneficiar a la petrolera texana a cambio de esos “favorcitos” inmobiliarios, podría arruinar a la empresa, que por lo mismo ya salió a intentar deslindarse señalando que Keith L. Schilling ya no trabaja ahí. Sin mencionar que era uno de sus principales ejecutivos cuando López Beltrán se mudó a su residencia, en el primer año del sexenio de su papá, Andrés Manuel López Obrador.
Esas prácticas en las que los familiares de los altos mandos de la “4t” aparecen embarrados en operaciones y negocios con dinero público han sido una constante del sexenio: la prima Felipa Obrador con contratos en Pemex, un compadre de Rocío Nahle con contratos en Dos Bocas, el primo de Cuitláhuac García, Eleazar Guerrero, amo y señor de las finanzas de Veracruz. ¿Alguien podría dudar que el hijo del presidente tiene acceso a cualquier espacio de los círculos del poder, donde tiro por viaje existen ese tipo de “tentaciones”?
No solo no hay congruencia alguna entre los dichos y los hechos de un régimen en el que se miente como recurso político consuetudinario. Se incurre en prácticas corruptas que pretenden ser escondidas mediante la opacidad, a la que aspira retornar una clase política que medró durante décadas con causas sociales que ahora desconoce, como la propia democracia que ahora quisiera anular para restaurar el sistema de partido hegemónico inamovible.
A fin de cuentas, de ahí proviene la mayoría.
El cinismo
Dice Cuitláhuac García que no hubo acarreados durante el “pre-destape” de Rocío Nahle el sábado pasado.
¡Claro! Si no hay duda que lo que más desea un trabajador estatal es invertir parte de su descanso de fin de semana en escuchar la demagogia de los políticos. ¡Cómo somos de malpensados!
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