Contabilizan 248 crímenes de odio en Veracruz; el 91%, impunes

Del año 2013 al 2022, se contabilizaron 248 crímenes de odio por homofobia y transfobia en el estado de Veracruz, donde el 91 por ciento de los casos continúa en la impunidad FOTO: JUAN DAVID CASTILLA
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Juan David Castilla / Xalapa, Ver. Del año 2013 al 2022, se contabilizaron 248 crímenes de odio por homofobia y transfobia en el estado de Veracruz, donde el 91 por ciento de los casos continúa en la impunidad.

Así lo dio a conocer Jazz Bustamante, integrante del Observatorio Nacional Contra los Crímenes de Odio (ONCO), en la presentación del informe Impunidad 2013/2021.

La activista reveló que destacan los crímenes cometidos con armas punzocortantes, armas de fuego, así como también, los casos de tortura, asfixia y abuso sexual.

«En algunos casos lamentablemente la brutalidad llega a la lapidación. Solo el cinco por ciento de los casos continúan con el debido proceso y el 91 por ciento de los casos lamentablemente se encuentran en impunidad», expresó la defensora de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual.

Veracruz se encuentra entre los primeros tres lugares a nivel nacional desde 2012 con más casos de crímenes de odio.

Las agresiones continúan siendo constantes en la entidad veracruzana, toda vez que se carece de un plan interinstitucional para atender de fondo el problema.

A su juicio, las acciones en materia de prevención del delito no han dado resultados favorables en la población y persiste el discurso de odio en redes sociales.

De enero de 2021 a enero de 2022 se reportaron 26 crímenes de integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT).

Las organizaciones civiles insisten en la importancia de un debido proceso de los casos para clasificarlos correctamente en las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE).

«También seguimos siendo quienes señalan el casi nulo desempeño de las tres últimas administraciones al frente de la Fiscalía General Del Estado, en todas resaltan la ineficacia, falta de capacidad en áreas de perspectiva de género y derechos humanos, oficinas que replican el mismo trabajo y hace burocrático y torpe el debido proceso. Falta de personal en áreas de peritos especializados y comités de vigilancia de la Sociedad civil», se lee en el informe.

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