Armando Ortiz / Dice la fiscal espuria Verónica Hernández Giadáns que “la institución que encabeza continuará promoviendo entre su personal el irrestricto respeto a los derechos humanos y seguirá exigiendo que las y los servidores públicos actúen con la misma obligación hacia todas las personas”. Esto después de que no le quedara de otra que aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La misma recomendación de la CNDH señala que la misma Fiscalía aceptó pruebas falsas, aceptó testimonios fantasiosos. Señala la CNDH en su recomendación: “La Comisión Nacional considera, además, que se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia al no existir, por parte de las autoridades responsables de la FGEV, una valoración objetiva de las evidencias contenidas en el proceso penal, ya que no existe ninguna duda de que la puesta a disposición de los elementos de la SSP de Veracruz se apartó de la verdad, lo cual resulta en una imputación indebida de hechos y, a pesar de ello, se ratificó la resolución de mantener a las víctimas en prisión preventiva”. Está clarísimo, la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, participó en estos actos de represión y de vulneración a los derechos humanos al permitir una serie de arbitrariedades y apartarse de la verdad. Pero ahora dice la fiscal espuria que la institución a su cargo es garante de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. ¡Sí, cómo no!
Derogarán delito de ultrajes a la autoridad, pero los ultrajes por parte de la autoridad seguirán. Es parte de su política de represión
Como bien decían los que promovieron la modificación del delito de ultrajes a la autoridad, ese delito ya existía. Y es que tiene sentido, los ciudadanos no pueden agredir a los servidores públicos, no pueden amenazarlos ni atentar contra la vida de un servidor en cumplimiento de su deber. En su texto original el código penal anotaba que se imponía hasta “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”. La modificación que hiciera el gobierno de Cuitláhuac García agregó que “se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes: Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima”. El problema de este delito fue que los policías de Hugo Gutiérrez Maldonado, con la complacencia de él, usando este delito como excusa, empezaron a ultrajar a la sociedad. Es decir, aunque se derogue la modificación que el gobierno de Cuitláhuac García hiciera al delito ultrajes a la autoridad, mientras los mandos altos, empezando por el gobernador, secretario de Gobierno y Secretario de Seguridad, no pongan un alto real a los abusos de la policía, los ultrajes a la sociedad seguirán. Y cómo van a poner un alto a estos abusos, si ellos mismos han utilizado este delito como arma política.
Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas de Karime Macías a unos días de que se decida su extradición de Londres a México
Es vergonzoso escuchar a los abogados defensores de Karime Macías diciendo que la señora vive de manera humilde en Londres, cuando todos vimos las imágenes de Televisa cuando entraba al complejo de departamentos en el que reside. Es más bochornoso que los periodistas que entrevistan a estos abogados defensores no cuestionen las respuestas absurdas que señalan que Karime Macías no tuvo nada que ver en el desfalco del DIF de Veracruz, que porque su cargo era honorífico. Finalmente, el 17 de febrero un juez decidirá si la señora pisa las cárceles mexicanas o sigue gozando de manera humilde su impunidad. De momento, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, ha anunciado que las cuentas de Karime Macías han quedado bloqueadas. Vale señalar que aparte del gobierno de Veracruz, siendo titular del Ejecutivo Miguel Ángel Yunes Linares, acusó a Karime Macías por desvío de recursos. Sin embargo, en 2018 una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) mostró evidencia de que la mujer que “sí merece abundancia”, logró desviar más de 415 millones de pesos en contratos a una red de 33 empresas fantasma. De hecho, hay testimonios de que Karime Macías era el cerebro de las operaciones de saqueo, ella tomaba la decisión de que partida se tomaban los recursos. Es por ello que en México muchos esperan que, como su exmarido, Karime también termine en una cárcel.
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