Francisco Vargas / Desde hace ya vario tiempo había querido dedicarle unas líneas a quienes desde mi punto de vista han puesto el nombre de nuestras instituciones y de nuestro país muy en alto.
Uriel Villegas Ortiz y Juan Pablo Gómez Fierro, dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, el primero en materia penal y el segundo en materia administrativa, los cuales arriesgaron más de lo que hasta hoy ningún funcionario público ha hecho por la justicia en México.
Probablemente muchos ya han escuchado o leído algo sobre los mencionados en esta columna, el primero (Villegas Ortiz) un hombre preparado, honesto, objetivo y lo más importante para desempeñar el cargo que ostentaba: justo. Fue un juez federal que marcó un precedente catastrófico en la historia del servicio público en nuestro país, miembros del crimen organizado lo ejecutaron junto con su esposa y frente a sus dos pequeñas hijas menores de edad dentro de su propio domicilio en junio del año pasado, Uriel Villegas estaba adscrito como juez de distrito del centro de justicia penal federal de Colima, por lo que en sus manos recaían casos contra delincuentes de altísima peligrosidad, entre los que destacan el de Miguel Ángel Treviño alías el “Z-40” ex líder de los “Zetas” y el de Rubén Oseguera alías el “Menchito” hijo del líder del “CJNG”.
Todo apunta que su ejecución fue a consecuencia de haber dañado los intereses de un capo de la droga y de su organización, ya sea por haber dictado una sentencia que afectaba al criminal o simplemente por haberse negado a recibir sobornos y cumplir con lo que marca la ley. Villegas Ortiz fue el primer juzgador ejecutado en lo que va del sexenio de López Obrador y una víctima más de las decenas de miles que han perecido a manos de la delincuencia organizada, la cual al cometer este tipo de delitos denominados de alto impacto (por las personas contra las que se cometen), retan al Estado mexicano intimidándolo y así buscar doblegarlo para frenar o suspender parcialmente la impartición y procuración de justicia en nuestro país. El juez Villegas fue demasiado valiente o inocente al menospreciar las cada vez más comunes represalias por parte de estos criminales, ya que apenas unos meses antes había renunciado a seis escoltas y un vehículo blindado que le proporcionaba el PJF, posiblemente porque buscaba pasar desapercibido y así proteger tanto su integridad como la de su familia.
Por otra parte, el juez Juan Pablo Gómez Fierro se ha ganado de mi reconocimiento y admiración, no sólo por su limpia y recta trayectoria como juzgador y servidor público, si no por las decisiones judiciales que ha tomado y las consecuencias políticas y mediáticas que estas conllevan. Gómez Fierro ha logrado, entre otras cosas, frenar parcialmente la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos e incluso el Patrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, todas estas promovidas por el actual gobierno federal.
Los argumentos legales que ha expuesto el juez Gómez Fierro siempre han sido claros y concisos (por lo menos para los que si entendemos y respetamos la ley) a la hora de aprobar los amparos y suspensiones contra estas iniciativas del ejecutivo, las cuales claramente violaban los derechos e intereses de personas morales y particulares. Sin embargo, en el país en el que vivimos en estos momentos, no cualquiera se atreve a contradecir al hombre más poderoso del país en un campo donde, por las facultades legales y autonomía que hasta ahora tiene un juez federal, puede desechar fácilmente las decisiones del mismísimo Presidente de la República. Esto no sólo contrae la enemistad del Poder Ejecutivo, sino la de sus simpatizantes y la del Estado mexicano con todo lo que mediáticamente esto conlleva, es por ello es que la mayoría de amparos que se promueven contra los intereses de un proyecto de gobierno de esta envergadura, la mayoría de jueces o magistrados simplemente los descarta para evitar así conflictos políticos. He aquí la importancia de los amparos aprobados por el juez Gómez Fierro y la valentía con la que se atrevió a repetirlo con el único propósito de salvaguardar la ley, ya que recordemos que a diferencia del Ejecutivo y Legislativo, (afortunadamente) los funcionarios, jueces o magistrados del Poder Judicial no llevan una carrera política ni son elegidos por el sufragio popular, esto con la finalidad de evitar conflictos de intereses y tráfico de influencias.
Si bien es cierto estos dos hombres no representan a todo el Poder Judicial de la Federación, pero si son una gran muestra de que en nuestro país aún existen funcionarios públicos verdaderamente honestos y justos, que no necesitan darle difusión ni ventilar en los medios de comunicación que han hecho perfectamente bien su trabajo salvaguardando la ley y la justicia que tienen como único propósito un mejor futuro para todos.
En memoria de Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, que en paz descansen.
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