Arturo Reyes Isidoro / Hago una precisión al primer párrafo de la columna de ayer. Dije: “Tres años después, que este miércoles se cumplen, Andrés Manuel López Obrador ha reforzado su fuerza y su presencia en Veracruz con 56 millones 903 mil 266 pesos en programas sociales, que benefician ya a 2 millones 410 mil 180 veracruzanos, de los cuales la mayoría son mujeres (un millón 407 mil 489) y la minoría hombres (un millón 2 mil 691)”. La cifra correcta es 56 mil millones 903 mil 266 pesos, casi 57 mil millones. El encabezado, en cambio, estuvo bien: “57 mil mdp en programas sociales, la fuerza de AMLO en Veracruz”. Un mundo de dinero con sus consecuentes beneficios que hará que gran parte del electorado los sostenga en el poder, según creo.
Denuncian corrupción en la SEV
Este jueves comparecerá el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, ante diputados locales para glosar el Tercer Informe de Gobierno.
La SEV es una de las dependencias más grandes y complejas de la estructura de gobierno, con –si mal no recuerdo– más de veinte sindicatos y por ello también una de las que más problemas tiene, además una de las que está más bajo la lupa tanto de los mismos maestros como de la sociedad en general y ya ni se diga de los medios informativos.
(Nunca se me olvida que una mañana que volaríamos hacia el sur a una gira de trabajo me encontré en una salita de espera del aeropuerto del Lencero al entonces secretario Juan Maldonado Pereda. Estaba durmiendo sentado y se veía mal, muy demacrado. Al escucharme llegar despertó y no esperó a que le preguntara. Se quejó. Me dijo que no había dormido toda la noche porque tenía poco que había acabado una negociación. Me contó lo difícil que era lidiar con los sindicatos y con los problemas de una Secretaría tan grande, y no creo que la situación haya cambiado mucho.)
Recién hubo dos denuncias mediáticas de que funcionarios de la Secretaría están vendiendo las cafeterías de las escuelas, para cuando las abran y los alumnos regresen en forma presencial en 2022, y que están pidiendo 100 mil pesos por la concesión de cada una (hay 23,724 escuelas en el estado), así como también que están vendiendo plazas en la zona escolar de Orizaba, en 120 mil pesos cada una.
En ambos casos hay nombres concretos de quienes presumiendo cercanía con el titular de la SEV, o algún parentesco, han caído en esas prácticas que constituyen actos de corrupción, contra la que lucha el propio presidente López Obrador. De la venta de las cooperativas escolares señalan al subsecretario de Desarrollo Educativo, Moisés Pérez, a quien conocen con el apodo de “El Mollejas”, y de la venta de plazas al delegado en Orizaba, Ángel Huerta Anzures, presuntamente primo de la esposa del secretario de Educación.
En el portal Híbrido de la ciudad de Coatzacoalcos se publicó el caso del señor Carlos Clemente Tenahya, vecino del municipio de Rafael Delgado, a quien el delegado Huerta Anzures prometió una plaza para su hija. El hombre vendió su molino de nixtamal, pidió dinero prestado y juntó la suma, que entregó con el ofrecimiento de que a cambio se le entregaría la plaza. En una captura de pantalla se comprueba una charla por WhatsApp del número 2721971932, que es el del delegado, quien pide que no se mencionen cantidades. El caso es que han corrido los días, ante el reclamo del afectado el funcionario le pidió más dinero ya que dijo que había que entregar dinero a la “gente” de Xalapa para que agilizarán el trámite. El caso es que no le entregó la plaza, ya no le responde las llamadas e incluso ahora recibe amenazas. Al tal Huerta Anzures lo acusan también de tener a su familia en la nómina, pero como aviadores.
Y Zenyazen pide que denuncien ante la Fiscalía Anticorrupción
Lo que llama la atención es que el propio titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, no ha rehuido el tema y contra lo que pudiera esperarse de que pretendiera tapar y solapar todo, ha respondido en forma inmediata que los afectados deben presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Fiscalía Anticorrupción).
En un video que se hizo público, expresó: “No vamos a solapar ni tapar a nadie en esta Secretaría; para llegar a este lugar y con la Cuarta Transformación se ha luchado durante muchos años para echar abajo esas prácticas de corrupción”.
Está en lo correcto en cuanto pide que se presente una denuncia formal, con pruebas. Es tiempo de que las quejas y señalamientos no se litiguen ni se queden en los medios, porque no tienen un efecto legal. Se debe tomar la palabra al secretario Escobar García y denunciar pero ante la Fiscalía, y sus autoridades deben actuar con toda energía, para inhibir esas prácticas dañinas que afectan a los padres de familia, interesados en administrar una cafetería, y a los maestros necesitados de una base para trabajar.
Los afectados deben poner a prueba y dar una oportunidad a las fiscales General del Estado y Contra la Corrupción a que demuestren que de veras están dispuestas a actuar y que van a proceder aun si se trata de familiares de un funcionario. Zenyazen está dando pie a más denuncias y a una limpia (seguramente le preocupa que lo involucren en esos y otros casos), pero mientras todo quede en los medios, la manchota es para el gobierno de Cuitláhuac García y para el de López Obrador, que todos los días declaran que ya no hay corrupción y que tampoco hay ni habrá impunidad.
Denuncien pide Zenyazen. Denuncien, afectados.
Seguramente diputados de oposición van a cuestionar hoy al funcionario. En lo que haya de bien, parte del mérito será del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba, pero también de la Oficial Mayor, Ariadna Selene Aguilar Amaya, de quienes tengo buenas referencias (ambos, por cierto, son cercanos al gobernador) y con quienes alguna vez he tenido que tratar y he sabido del empeño que ponen en su trabajo.
Pretenden refundar el PRI
Para las cuatro de la tarde de este jueves el grupo dirigente de la Plataforma para la Refundación del PRI ha invitado a representantes de los medios informativos a tomar café en el Casino Español para platicarles del tema e informarles de la constitución del Capítulo Xalapa de su movimiento.
En la mesa estarán Fernando Lerdo de Tejada, Rebecca Arenas Martínez, Margarita Sánchez Gavito, Adolfo Toledo Infanzón y Jarmila Olmedo Dobrovolny. De ellos, Rebecca, oriunda de Xalapa, fue diputada federal y actualmente es una prestigiada académica en la UNAM, y claro que sabe del tema.
En su Declaración Política, expresan que los mueve su compromiso, su convicción política y su ánimo por refundar el tricolor.
Recuerdan que desde los años 70 el PRI se convirtió en el eje de la transformación democrática que abrió las puertas al pluralismo político, pero el propio tricolor ya no fue capaz de transformarse a sí mismo, y, que a partir de los años 80 inició una ruta de deterioro ideológico y programático, que los llevó a perder la Presidencia de la República en el año 2000.
Apuntan que 12 años fuera del gobierno como partido opositor no fueron aprovechados para recuperar sus raíces históricas y el proyecto ideológico y programático fincado en la democracia, la justicia social, la identidad nacional y la soberanía, perdiendo la oportunidad histórica para refundarse democráticamente y para adecuarse a los requerimientos de la modernidad en medio de una sociedad en extremo crítica y demandante.
Agregan que en el 2012, la nueva oportunidad de gobernar el país refrendó los vicios en algunas dirigencias, que, sacrificaron la visión de su partido en aras del interés del Gobierno, y que algunos dirigentes partidistas, evidenciando su carencia de ética política, fueron omisos en el cumplimiento de los compromisos con la militancia y con la sociedad.
Señalan que fueron complacientes frente a la corrupción y la impunidad de una camarilla gobernante que provocó malestar, hartazgo y rechazo de la sociedad y que se reflejaron en los resultados electorales del 2018; y que en 2019 vivieron un proceso interno de renovación de la dirigencia nacional con irregularidades y vicios como “la línea”, el derroche de recursos y la parcialidad, que afectaron la legalidad y la transparencia del proceso.
“Ante la crisis severa que vive el Partido la dirigencia actual ha obstaculizado su necesario proceso de transformación interna para renovarse y recuperar la confianza ciudadana”, apuntan, y denuncian: “Desde el 2020 se viene observando un sospechoso acercamiento de la dirigencia nacional priista y de algunos líderes políticos estatales con el ejecutivo federal y un descuido en la conducción del Partido que llevó a la pérdida de casi el 80 % de nuestra militancia, según lo reportó el Partido al INE”.
Esa es su carta de presentación para esta tarde.
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