Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / EN EL Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador –entre el 1 de Diciembre del 2018 y el 31 de Agosto del año en curso- habían desaparecido, sin ser sin ser localizadas aun, 22 mil 946 personas, es decir, un promedio de 23 mujeres y hombres diariamente, y según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dependiente de Gobernación, las Entidades con mayor número desaparecidos y no encontrados en la actual administración Federal, son: Jalisco (3 mil 928 personas); CDMX (1 mil 873); Nuevo León (1 mil 792); Michoacán (1 mil 770) y el Edomex (1 mil 717). En contraparte, los Estados con menor número de personas desaparecidas y no localizadas en el actual sexenio son: Campeche (10); Tlaxcala (30); Aguascalientes (50); Tabasco (56) y Oaxaca (69). En ese contexto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México refiere que ante la dimensión de la tragedia nacional de la desaparición de personas, el mandato y la voluntad política de coordinarse de manera efectiva para el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda en su conjunto debe de expresarse al más alto nivel del Estado. Por sexo, los hombres son quienes más han desaparecido con el 74.7 por ciento (17 mil 088 personas) del total, mientras que las mujeres agrupan el 24.8 por ciento (5 mil 709). A su vez, hay 149 registros de personas que desaparecieron y no han sido localizadas cuyo sexo es desconocido. En suma, el problema de las desapariciones ha crecido de manera importante en los últimos dos sexenios (con Enrique Peña Nieto y AMLO), según muestran los datos de la Secretaría de Gobernación, y uno se pregunta: ¿acaso la dependencia alguna vez en manos de Olga Sánchez Cordero y ahora en posesión del tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, no informan nada de eso al Presidente Andrés Manuel López Obrador que, por lo visto, pareciera andar por las nubes en el tema o, en el peor de los casos, simula a la perfección, algo que por lo visto le sale cada vez mejor?
Y ES que de otra forma no se entiende porque el titular del Ejecutivo Federal pide pruebas al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que tras concluir su visita a México alertó haber constatado que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional (lo que es cierto y ahí están los medios que AMLO no lee), frente a la cual impera la impunidad y la revictimización. Y es que el presidente sostiene que durante su gobierno se ha hecho una labor -como nunca- de búsqueda de personas desaparecidas y se evita que continúen sucediendo (y sin embargo, sucede, peor aún que con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto). Por ello, dice que si la ONU presenta pruebas de que continúa la desaparición de personas, su gobierno se aplicará. “Estamos trabajando; se creó un mecanismo para la búsqueda. En este gobierno se ha hecho una labor extraordinaria de búsqueda como nunca, y se evita que haya desapariciones forzadas. Si la ONU dice lo contrario, tendría que presentar las pruebas y nosotros aplicarnos. Ahora no es igual que antes, como venía un régimen corrupto y autoritario predominando, se quedó esa idea de que somos iguales. No. Ya no hay el: mátalos en caliente. No hay masacres, no se reprime al pueblo, no hay impunidad, cero impunidad” (y sin embargo hay más muertos que en el pasado, y desapariciones ni se diga).
LÓPEZ OBRADOR, a quien no le gusta que le repliquen porque se siente Dios y no se equivoca, reiteró, sin embargo, el ofrecimiento de su gobierno para continuar recibiendo a expertos de organismos internacionales para que constaten el respeto a los derechos humanos en el País (¿?), pues dijo que “no se esconde nada. Incluso, expresó que si él hubiera adquirido compromisos con grupos de la delincuencia organizada o empresariales, ahora estarían pidiendo recibir recompensas”, y de ahí en fuera se salió por la tangente como siempre: “Estaba el país cerrado. (…) Nosotros abrimos el País porque no tenemos nada que ocular. Pueden venir organismos de derechos humanos de la ONU y de cualquier organización internacional y supervisar y hacer escrutinio, y nosotros estamos pendientes, porque no hay ningún vínculo de complicidad con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco; por eso cero corrupción, cero impunidad. Si nos hubieran dado dinero de la delincuencia organizada, o los machuchones, los llamados hombres de negocio, no podríamos hacer nada”, y acto seguido dice que pedirá al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que informe sobre ese tema.
PERO ALEJANDRO Encinas ya ha informado varias veces al respecto, como por ejemplo, el 7 de Enero 2020, cuando dijo que en el primer año de gestión de López Obrador se reportaron 5 mil 184 personas desaparecidas, una cantidad menor a la de los años anteriores, ya que en 2018, por ejemplo, oficialmente se registraron 5 mil 976 desaparecidos, aunque dejó en claro que la cifra de personas desaparecidas puede variar, porque once de las 32 fiscalías del País no han terminado de revisar y depurar la información. Ahora bien, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente de Gobernación, del 8 de Febrero del 2019 al 4 octubre de este año ha realizado 2 mil 103 jornadas de búsqueda en 28 estados y 307 municipios del país para tratar de localizar indicios de 94 mil 426 personas no localizadas. Este último número, según Amnistía Internacional, mantiene a México a la cabeza del continente americano en número de personas desaparecidas. Por ello, en su reciente visita a México, del 15 al 26 de Noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, integrado por 10 expertos independientes, supervisó la aplicación y cumplimiento del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y en ese marco visitaron 13 entidades del país: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, donde sostuvieron 48 reuniones con más de 80 autoridades, y 33 reuniones con cientos de víctimas, y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todas las entidades.
RECONOCIERON LA adopción en México del Protocolo Homologado de Búsqueda y del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el establecimiento de las comisiones de búsqueda en el ámbito estatal, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), y del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, y no obstante lo anterior, lamentaron constatar “que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, imperan la impunidad y la revictimización”. Indicaron que si bien las autoridades mexicanas informaron de una reducción del número de registros de personas desaparecidas, “no podemos obviar la necesidad de que México adopte una política nacional de prevención para erradicar la desaparición, que involucre a todas las autoridades, y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No se trata solo de las víctimas, pues la desaparición forzada es un problema de todos, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la humanidad entera”. Más claro ni el agua. OPINA carjesus30@hotmail.com