Pacto no escrito entre la Federación y la delincuencia

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / LE ASISTE toda la razón al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez cuando reconoce que México enfrenta una crisis humanitaria por la desaparición de personas, sobre todo las desapariciones forzadas, aunque como siempre, acorde con el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador culpa al pasado de ese delito, argumentando que se trata de “la herencia más dolorosa” que enfrenta el actual gobierno derivado de la guerra sucia y “de la mal llamada guerra contra el narcotráfico”, cuando debería aceptar que el problema se ha recrudecido en el actual gobierno emanado del Movimiento de Regeneración Nacional al darle manga ancha a la delincuencia para que haga de las suyas como les venga en gana, ya que la política amlista es de abrazos y no balazos –para que al titular del Ejecutivo Federal no lo molesten en sus giras. Es como un acuerdo pactado entre el Gobierno Federal y la delincuencia organizada y todos contentos, menos la sociedad que sufre los estragos de una violencia que arrebata la vida a todos por igual, o termina con la tranquilidad de familias enteras cuando un miembro de esta es levantado, secuestrado o desaparecido, y en el peor de los casos aparece semanas o meses después descuartizado en la vía pública o dentro de una de tantas fosas clandestinas que existen en territorio Estatal y Nacional, lo que ha provocado el surgimiento de buscadores –la mayoría mujeres- que, para variar, son amenazados por el delito de tratar de encontrar a sus seres queridos.

PERO ECHAR culpas al pasado es la estrategia más socorrida de la Cuarta Transformación para lavarse las manos. Y Veracruz no escapa al grave problema de las desapariciones que se concentran en cinco municipios del Estado, los que juntos registran 42 por ciento del total, según el conteo de la Comisión Estatal de Búsqueda que en la Entidad encabeza Brenda Cerón Chagoya. Hasta Octubre de este año la lista la integraban Xalapa con el 13 por ciento de las desapariciones que de 2019 a la fecha suman 7 mil 262 casos reportados; le siguen Veracruz con el 12 por ciento; Coatzacoalcos con 5 por ciento lo mismo que Poza Rica; Córdoba con 4 por ciento y Martínez de la Torre con 3 por ciento, pero la lista es mayor si se considera que infinidad de familias no denuncian las desapariciones al ser amenazadas por la delincuencia o por tenor a ser víctima de la misma como ha ocurrido en muchos casos en el País.

EN MEXICO se encuentran funcionarios de Naciones Unidas, ante quienes tácitamente se lavó las manos Alejandro Encinas argumentando que aun cuando en 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, en realidad era un esquema que se mantenía inoperante: “Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”, aunque lo cierto es que el Gobierno de la Cuarta Transformación ya tiene tres años en el poder y las cosas no han cambiado o mejorado, por el contrario, el delito se ha incrementado lo mismo que los homicidios y feminicidios, algo que seguirá al alza porque no hay voluntad para combatir a la delincuencia, y hasta pareciera que existe un pacto no escrito de esta con el Gobierno Federal en el que se estipula: si tu no tocas al Presidente en turno nosotros no te tocamos ni repelemos.

EN LO que tiene razón Encinas Rodríguez es que el problema no es nuevo, pues para el 2013, las cifras de desapariciones ya se proyectaban como alarmantes: 26 mil personas, herencia de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y ante la gravedad de la situación, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) requería entonces a México formalizar una invitación para visitar el país. Renuente, la pasada administración negó esa solicitud en dos ocasiones, incluso en 2017, cuando se hizo un llamado “enérgico” a admitirla. Pero ahora, a instancias del gobierno Federal comenzó la visita oficial de expertos del organismo internacional, la primera que éste realiza en el mundo. La delegación dará una conferencia el 26 de noviembre para informar en torno a resultados.

EL CRECIMIENTO de las desapariciones no ha menguado. En 2015 sumaban 29 mil 203 desaparecidos (según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro), y en ese tiempo el CED emitió las primeras recomendaciones; en 2018, el crecimiento incesante disparó la cifra a 69 mil 556, mientras la renuencia mexicana se mantuvo, pese al “enérgico” llamado del CED que emitió nuevas observaciones, pero el más reciente reporte del Sistema Nacional de Búsqueda contabiliza 94 mil 406 personas no encontradas, pero además existe el reconocimiento oficial de que hay una crisis de derechos humanos. Si se observa, en la era AMLO el delito se ha disparado, y acaso permitir la visita de expertos es ante la evidencia de que el conflicto es ya insostenible.

SEGÚN IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos que presentó ante el CED el primer caso mexicano de desaparición, el país ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por ese organismo. Con cerca de 1 mil casos, sólo está detrás de Irak. Por ello los encuentros que sostendrán los enviados de la ONU con autoridades y fiscalías Federales y de 12 Estados, así como con colectivos de víctimas, además de que habrá encuentros especialmente con los familiares de las víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos e instituciones de defensa de los derechos humanos a lo largo de la visita que se extenderá del 15 al 26 de noviembre y abarcará 12 Entidades.

UN DATO que invita a la reflexión es que en Veracruz de los 7 mil 262 casos de desaparición y no localización que se han reportado ante la Comisión Estatal de Búsqueda hasta el 30 de Septiembre pasado, un total que más de la tercera parte de esa cifra son mujeres, algo asi como 2 mil 495 reportes de féminas. De las 2 mil 495 mujeres que fueron reportadas como desaparecidas, 40% son adolescentes, con un rango desde los 12 a 17 años, comparado a los hombres que es de 9% por ciento en el mismo periodo de edad. La buena noticia es que de las mujeres que fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas la gran mayoría han sido localizadas, esto quiere decir que casi las dos terceras partes o el equivalente que serían 1 mil 581 mujeres han sido localizadas, que no es el caso de los varones. En fin, otra epidemia que el Gobierno rehúsa combatir con fuerza del Estado. OPINA [email protected]