Si algo camina lento en este país es la justicia. Es por ello que los abogados se valen de argucias legaloides para retrasar juicios, investigaciones o incluso órdenes de aprehensión. Esto es lo que pasa con la investigación que se lleva a cabo en el caso de Pío López Obrador, hermano del presidente que fue grabado recibiendo dinero para la campaña de su hermano; el dinero lo recibía de uno de los operadores de Manuel Velasco, uno de los que apoyaron a López Obrador para que llegara a la presidencia.
Ahora resulta que el magistrado José Luis Vargas Valdés presentará un proyecto que propone que el INE ya no siga la investigación contra el hermano del presidente. ¿Por qué? ¿Acaso hay pruebas que señalen la inocencia de Pío? ¡No! Lo que pasa es que para el magistrado los hechos investigados ya tienen tres años, y por ello argumenta que el delito, en caso de que así se determinara, ya prescribió.
Y cómo no van a prescribir los delitos, si los videos del hermano del presidente recibiendo dinero ya tienen más de un año de salir a la luz; la denuncia que hicieran los partidos sobre el tema tiene ese mismo tiempo. De hecho, para retrasar aún más el caso el mismo Pío López Obrador ha presentado dos impugnaciones para evitar que lo investiguen. ¿Y el presidente? A él le corre prisa que investiguen a otros, pero a su familia no.
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