Edgar Hernández* /
¡Aguas!
Descubre la Auditoría Superior de la Federación un sinfín de irregularidades en la Secretaría de Finanzas y cómo se obliga a los responsables de la ministración de recursos financieros a firmar y avalar ilícitos de las Secretarías de Salud, SIOP, la SEV y el DIF donde los desvíos son millonarios.
Al igual que con la cuenta pública 2019 en la que se registraron presuntos desvíos por 2 mil 413 millones de pesos, así como el regreso a la Federación de 3 mil 963 millones de pesos por subejercicio, en los tres años de gobierno de Cuitláhuac García no encuentran explicaciones sobre el ejercicio de préstamos millonarios adquiridos a la banca que alargan la deuda pública por 30 años más.
A la par de las irregularidades en la cuenta pública 2019, no se encuentran explicaciones sobre el otorgamiento del 98% de la obra pública de SIOP sin licitaciones de por medio.
Según la Contralora, Mercedes Santoyo, de enero a octubre del 2020 “se registraron 19 mil 591 operaciones, de las cuales 19 mil 400 de ellas fueron por adjudicación directa”.
Luego de esa revelación, la congelaron.
Pendiente además el informe de por qué no se compraron las medicinas para los niños con cáncer ya presupuestadas en la Secretaría de Salud federal.
¿Dónde quedó ese dinero?
Asimismo, en el tintero de los desvíos millonarios se encuentra el caso de las “Empresas Fantasma” de la Secretaría de Educación.
A las revelaciones sobre nepotismo de sus subalternos y de los señalamientos de vender las concesiones de las cafeterías escolares, se suma la corrupción en Espacios Educativos en donde los encargados de hacer los trastupijes ponen como domicilio de las empresas a bares clandestinos y bares de autos”.
Falta además correr el velo de lo gastado por el gobierno en 2021, aun no revisado por los auditores federales, en donde se encuentra el secreto mejor guardado de la elección del 6 de junio en la que al menos se invirtieron 2 mil millones de pesos en la compra del voto.
Hay evidencias de cómo, en la víspera electoral, se transportó el dinero en cajas de cartón vigiladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para ser entregados a enviados de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Gobierno y al equipo del diputado Juan Javier Gómez Cazarín.
Atrás de todo este operativo financiero presuntamente estuvo el Subsecretario de Finanzas y primo hermano del gobernador, Eleazar Guerrero.
La clave de todo este tramposo entramado está en el pasado 30 octubre cuando el SAT revela que “Veracruz, bajo la administración del gobernador Cuitláhuac García, es la segunda entidad con el mayor monto de recursos federales detectados con irregularidades correspondientes al ejercicio 2019, con un total de 2 mil 413 millones de pesos observados por los auditores”.
La nota que aparentemente pasa desapercibida da cuenta que “de dicho total, mil 963 millones de pesos corresponden a recursos de salud que le fueron transferidos a Veracruz previo acuerdo de coordinación con la SSA Federal para dar cobertura al Seguro Popular”.
El punto que deja la duda ante la ASF estuvo en que los auditores encontraron que en el gobierno de Cuitláhuac García no entregó información suficiente que acredite que ese dinero se ejerció y cuál fue su destino. “Los recursos tampoco fueron devueltos”, se asegura.
El auditor general de la nación, David Colmenares Páramo reveló en tiempo y forma que se realizaron informes individuales de 370 auditorías de 14 fondos y programas y que Veracruz “gobernado por el morenista
Cuitláhuac García, es la segunda entidad que debe aclarar más dinero. Esto, por concepto de trasferencias federales en materia de Salud para el Seguro Popular que ascienden a mil 963 millones de pesos”.
En el ajuste de cuentas por aclarar hasta el momento se desconoce por qué en 2019 la SEFIPLAN regresó 3 mil 284 millones de pesos que no ejerció el gobierno y que fueron entregados a la federación para su uso «discrecional» mismos que podrían haber servido al Estado para ayudar en la contingencia por COVID 19.
En cambio, han solicitado un promedio de 15 préstamos endeudando más a la entidad.
Hoy Veracruz, de acuerdo a información oficial, la deuda pública de Veracruz, registra actualmente un monto total de 48 mil 358 millones de pesos, la cual se constituye por 42 mil 976 millones de deuda bancaria directa, tres mil 382 millones de pesos de dos bonos cupón cero y un crédito aprobado (enero 2021) por el Congreso del Estado por un monto de dos mil millones.
Al arranque del sexenio se contrajo un préstamo por mil millones para pagar aguinaldos y meses antes de la elección del seis de junio se contrató otro empréstito a pagar en 30 años por dos mil millones.
Y si bien la deuda pública estatal disminuyó 5.81% con un saldo al primer trimestre de 2020, no obstante, para el pago de servicio de deuda, el gobierno estatal destina 4 mil 350 millones de pesos anualmente, lo cual mantiene a la entidad en el quinto lugar con una de las deudas más costosas en el país.
Al 31 de marzo de 2020, la deuda histórica para Veracruz —según el resumen de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, de la SHCP— suma un total de 44 mil 174.9 millones de pesos, donde la mayor proporción la registra el gobierno estatal con 41 mil 305.8 millones de pesos; los gobiernos municipales, con un total 2 mil 477.6 mdp y los entes públicos municipales registraron 391.6 mdp.
Son datos del 2020, para el 2021 ya rebasó los 48 mil millones de pesos
Sin embargo, cada vez que el responsable de las finanzas del estado José Luis Lima Franco, sale a tratar el tema de la deuda pública solo confunde.
Hay, sin embargo, información que revela acciones ilegales.
Sefiplan asume que hay respaldo en todo gasto público. A pesar de ello áreas de la Subsecretaria de Finanzas y Administración han dejado ver su inconformidad porque los obligan a firmar y avalar ilícitos financieros, sobre todo en el área de operación financiera.
Veracruz tiene un severo problema de ahogamiento financiero.
Y por su fuera poco La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 7 millones 787 mil 620 pesos en la construcción y equipamiento de un Hospital Naval en Coatzacoalcos, Veracruz. De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública de 2019, se revelaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por pagos en exceso.
Al de Cuitláhuac ya le siguen los pasos por más que presuma honestidad y cuente con el aval de su patrón ya que en política no hay amistad, solo conveniencia.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
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