Emilio Cárdenas Escobosa / La relación entre el gobierno de la Cuarta Transformación con la ciencia no ha sido la mejor desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador; de hecho, puede decirse que ha sido muy conflictiva. Sobre todo, cuando la política de austeridad a ultranza pasó a cuchillo diversos fideicomisos relacionados con la investigación científica y los miembros y becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sufrieron y sufren por los recortes y la eliminación de apoyos.
Ahora el episodio más reciente y escandaloso de esta mala relación, que para muchos es reflejo del desdén del gobierno hacia la investigación y producción científicas por las visiones del presidente acerca de la existencia de una ciencia “neoliberal” al servicio del gran capital, vino del lado de la Fiscalía General de la República, tras darse a conocer que el fiscal Alejandro Gertz Manero solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a quienes se les acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República señaló a los exfuncionarios del Conacyt por autorizar, entre 2013 y 2018, la transferencia de recursos para la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Gertz Manero partió de una denuncia interpuesta por la actual directora del organismo, María Elena Álvarez-Buylla, señalando como uno de los presuntos responsables de diversos delitos a Enrique Cabrero Mendoza, anterior director del mismo Conacyt, quien desde el 8 de septiembre forma parte de la Junta de Gobierno de la UNAM.
El caso es que ahora se busca imputar a destacados integrantes de la comunidad científica por los presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades que implican un presunto desvío por los recursos otorgados al Foro a lo largo de varios años por Conacyt. Lo cual, hasta donde se ha sabido, era perfectamente legal pues así lo consideraba la normatividad interna de ese organismo público hasta antes de ser reformada. Esto es, hasta que llegó el gobierno de la Cuarta Trasformación.
En dos ocasiones, un juez de distrito negó las aprehensiones solicitadas por Gertz, ya que consideró que la FGR no presentó los elementos de prueba suficientes para conceder las capturas y pidió, que en dado caso de presentar una nueva solicitud, sustente bien las imputaciones, ante lo cual la Fiscalía informó que solicitará, por tercera ocasión, que un juez federal emita una orden de arresto contra 31 exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al considerar que tiene elementos suficientes para acreditar daño patrimonial al Estado por 244 millones de pesos.
Y como podrá usted suponer ardió Troya.
Ante lo que muchos consideran un despropósito y un uso abusivo de sus atribuciones y de la interpretación de la ley, se ha recordado además que recientemente el fiscal Gertz Manero, luego de intentarlo por varios años finalmente fue ascendido en el Sistema Nacional de Investigadores, situación que generó muchísimas críticas de la comunidad científica por los criterios laxos que se utilizaron para valorar sus aportaciones científicas y sus publicaciones, en lo que constituyó un escándalo mediático que a juicio de muchos implicó favoritismo al Fiscal por su relevante posición en el gobierno.
De ahí que se haya señalado que la solicitud de aprehensión emitida por Gertz Manero se debería a su venganza en contra de los miembros de Conacyt, quienes protestaron por su nombramiento como investigador categoría nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores.
Por ello, las voces que consideran un abuso el actuar de Gertz Manero crecen día a día.
El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, la dirección del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y hasta el mismo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, expresaron su respaldo a los investigadores acusados de delincuencia organizada por la Fiscalía General de la República.
El rector de la UNAM calificó como “inconcebible” y un “despropósito” las pesquisas emprendidas en contra de los científicos, mientras que los Premios Nacionales de Artes y Ciencias Roger Bartra, Francisco Bolívar Zapata, Marcelino Cereijido, Carlos Coello, Concepción Company, José Antonio de la Peña Fernando, entre otros, repudiaron las acciones de la FGR y manifestaron que la persecución contra científicos del Conacyt daña a la autonomía de la investigación, puesto que muchos de ellos realizan contribuciones de primer nivel al conocimiento de las necesidades sociales, sanitarias, económicas y culturales.
El escándalo crece y lejos de buscar la manera de limar asperezas o encontrar una salida al problema el presidente López Obrador se lavó las manos y dijo que el tema está en manos de los jueces, mientras que ya en el colmo y en la línea de defender el actuar del fiscal Gertz Manero y las obsesiones del morenismo respecto a la “ciencia neoliberal”, el senador Armando Guadiana, de Morena, dijo haber presentado un punto de acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue los recursos estatales y federales que recibe la UNAM y universidades públicas. Esto, afirmando la existencia de un supuesto uso de recursos de “falsos investigadores” que “despilfarran mucho dinero en turismo científico internacional”.
Penoso caso de hostigamiento a la comunidad científica que de estar fundado en una revancha personal del Fiscal Gertz Manero es lamentabilísimo pero que al final refrenda la percepción ciudadana de que la ciencia, la investigación y el impulso a la academia no entran en las prioridades del gobierno de López Obrador. El saber y el conocimiento no es lo suyo.
A la Cuarta Transformación solo le interesa ganar elecciones.
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