Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Desde el pasado jueves 16 de septiembre fue reportada por todas las vías, incluso a través de las redes sociales oficiales de la Comisión Municipal del Agua de Xalapa (CMAS), una importante fuga de agua en el tanque de almacenamiento que esa institución tiene en la zona de Los Arenales. *** Han transcurrido ya cerca de 96 horas y el personal de CMAS no ha respondido al reporte ciudadano. *** En ese lapso se han perdido millones de litros de agua y no sólo eso: el torrente, que corre de forma ininterrumpida, llegó ya hasta la carretera y a su paso está causando daños a las propiedades aledañas. *** ¿Será que CMAS Xalapa sólo labora en días hábiles? ¿Se hará responsable la empresa de los daños causados? *** Ya se están cuantificando las afectaciones y si el organismo no responde procederán los vecinos a reclamar por la vía legal. *** Todo por descuidar su área de atención a reportes de fugas.
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Con la carpeta de investigación 49/2021, a cargo de la Fiscalía Segunda, adscrita a la Dirección de Investigaciones Ministeriales, fue ratificada la denuncia en contra de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJEV), Isabel Inés Romero Cruz, por el delito de homicidio en grado de tentativa, en contra del abogado Mario Santés Álvarez.
“Está cometiéndose en mi agravio un abuso de autoridad y la posibilidad cierta de actualizar alguna otra figura típica, pues dado el tipo de enfermedad que padezco, al dejárseme sin la atención y medicamentos idóneos, la consecuencia deviene fatal”, explica la víctima en su exposición.
Su asesor jurídico, el doctor Tomás Mundo Arriasa planteó ante el Fiscal la importancia de considerar la Teoría de la Imputación Objetiva para determinar que el ejecutor del acto ilícito no operó en carácter individual, sino como parte de un engranaje y, por lo tanto, les resulta responsabilidad a sus superiores jerárquicos.
El doctor Tomás Mundo, además, requirió a la Fiscalía para que se le practique a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, una tomografía computarizada “con la finalidad de determinar si padece algún problema en la corteza cerebral”.
Sucede que hay versiones debidamente documentadas de que a la magistrada Inés Romero le han detectado síntomas que podrían significar la existencia de un caso de prosopagnosia, esto es: un trastorno vascular cerebral caracterizado por la incapacidad para reconocer caras conocidas.
De confirmarse algún problema de carácter cerebral, se tendría que abrir un debate para definir si está en condiciones de atender la responsabilidad que le fue conferida.
La petición del jurista está sustentada en lo que establece el artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que durante una investigación, la policía o el Ministerio Público, podrán “solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de la persona”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió ya en una tesis que la prueba científica es “un medio de convicción utilizable en los procedimientos jurisdiccionales para demostrar la veracidad de los enunciados sobre los hechos fundatorios de las pretensiones de las partes o de sus consecuencias a partir de conocimientos, análisis o el uso de prácticas o instrumentos científicos”.
Señala, además, que los conocimientos aportados por el método científico pueden adquirir una triple dimensión en los procesos jurisdiccionales: “ya sea como medio probatorio, como actividad probatoria en sí misma o como resultado de la prueba científica para conseguir con ésta influir en el ánimo del juzgador”.
La titular del Poder Judicial del Estado (PJE), Isabel Inés Romero Cruz, quizá más preocupada por recuperar los recursos que de manera misteriosa desaparecieron desde que inició su gestión, ha desdeñado la denuncia presentada por el abogado Mario Santés Álvarez, quien fue despedido de su cargo (abogado de oficio).
Como consecuencia de esa medida laboral, le fueron negados los servicios médicos a los que tiene derecho y que requiere, pues de las evaluaciones a las que ha sido sometido fue considerado como “persona vulnerable y de alto riesgo respecto a la pandemia imperante” y recibió licencia médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El denunciante señala en su declaración como presuntos responsables, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Isabel Inés Romero Cruz; a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, María Cecilia Guadalupe Hernández; a la Directora de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores, y a la Subdirectora de Recursos Humanos del propio Tribunal, Alma Nallely García Hernández.
Nunca mejor aplicada aquella sentencia: “El buen juez por su casa empieza”.
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Epílogo.
A propósito de la magistrada Isabel Inés Romero, el pasado jueves el gobernador Cuitláhuac García subió a sus redes sociales algunas fotografías de una reunión que sostuvo en su oficina de Palacio de Gobierno. *** “Dentro de las actividades de este día, sostuvimos una reunión con las titulares del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, un servidor y el Secretario de Gobierno para hacer un rápido repaso sobre casos donde sospechamos que algunos jueces (ya muy pocos, por cierto) han tenido acuerdos con abogados de algunos presuntos implicados en delitos graves para beneficio propio; estaremos dando seguimiento a todos estos asuntos a fin de que la justicia se logre y se combata la corrupción. No olvidemos que la lucha por la independencia fue más bien la búsqueda de justicia para el pueblo”, escribió el mandatario estatal. *** Y “casualmente” este domingo, durante las actividades para recordar el temblor de 1985, el gobernador fue cuestionado sobre la petición de la magistrada para rescatar al Poder Judicial de la crisis financiera que enfrenta. *** Cuitláhuac García confirmó que sí otorgarán recursos extras al Poder Judicial: “Hablando con el secretario de Finanzas podemos apoyar. Hay una reducción sustancial con la disminución de sus privilegios, por lo tanto, podríamos actuar si ellos continúan con eso y con el Plan de Austeridad”. *** Lo que queda claro con la postura del gobernador, es que condicionó el apoyo financiero a ese órgano supuestamente autónomo, a cambio de que los magistrados, el Consejo de la Judicatura y, como consecuencia, los jueces del fuero común, se postraran ante el Poder Ejecutivo. *** Los que no cedieron, hoy son blanco de acoso laboral y jurídico… Y estos fueron los que prometieron que no serían iguales que “los de antes”. *** La cifra de fallecimientos por Covid-19 en México aumentó a 271 mil 503, luego de que la Secretaría de Salud reportó este domingo 200 nuevos decesos en las últimas 24 horas. *** En el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país, se registraron 4 mil 983 nuevos contagios de coronavirus SARS-CoV-2, para llegar a un acumulado de 3 millones 569 mil 677 casos confirmados. *** El Semáforo de Riesgo Epidemiológico por la Covid-19 en México, en su actualización del 20 de septiembre al 3 de octubre, estará libre de entidades en riesgo máximo (rojo). Sin embargo, cuatro entidades federativas se mantienen en color naranja (riesgo alto), 24 en amarillo (riesgo medio) y cuatro en verde (riesgo bajo). *** El Gobierno federal reportó que se aplicaron 413 mil 331 vacunas contra Covid-19 el 18 de septiembre, para sumar 95 millones 271 mil 399 dosis suministradas en el país desde que inició el Plan Nacional de Vacunación. *** De las 62 millones 089 mil 019 personas vacunadas en México, 41 millones 698 mil 947 tienen esquema completo de una o dos dosis dependiendo el biológico aplicado. En tanto, 20 millones 390 mil 072 personas cuentan con medio esquema.
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