Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
En una muestra del grado de servilismo en el que tiene postrado al Poder Judicial, su presidenta, la magistrada Inés Romero acudió ante el gobernador Cuitláhuac García para reportarle el avance en los ajustes a salarios y bonos que recibían los togados. *** “Destaca la homologación de las prestaciones que reciben los magistrados, a fin de eliminar las que extraordinariamente recibían, como los bonos extra y sólo recibirán los contemplados al igual que todos los trabajadores de ese poder. Al eliminar esos privilegios enaltecen la figura del servidor público que aplica la justicia”, publicó el gobernador en sus redes. *** Lo que no explicó es la razón de que los magistrados recibieran esos “bonos extra” y su sustento legal. De no existir justificación, tendrían que ser sancionados los titulares del Poder Judicial que autorizaron dichos pagos, pero si existe un respaldo documental, una justificación jurídica, no se los pueden quitar. *** La instrucción de Cuitláhuac García a su subalterna (en los hechos) que funge como Presidenta del Poder Judicial, fue reducir al extremo los gastos, sin importar que con ello se afecten los derechos de los servidores públicos. *** Así se las gasta este gobierno.
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“Vivimos tiempos de polarización política y social. El mundo parece dividido en bandos y las personas juzgadoras solemos quedar atrapadas en medio. En tiempos como estos, la independencia judicial es un valor del que todos buscan apropiarse. Entender su sentido a cabalidad y no desde la óptica de los distintos actores políticos y sociales es fundamental para nuestra labor”.
No, esto no lo dijo ningún “nostálgico” del pasado, ningún representante del “sistema neoliberal” que se impuso durante décadas en el país.
Esto lo expresó el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, a quien el Presidente López Obrador pretende obsequiar un par de años más de gestión el frente del Poder Judicial de la Federación.
“…la independencia judicial es un valor del que todos buscan apropiarse”.
La mañana de este martes el Presidente López Obrador fue cuestionado por la periodista Judith Sánchez, de Imagen de Veracruz, para conocer su opinión sobre la decisión del Poder Judicial de esta entidad de desaparecer 26 juzgados, debido a que enfrenta una crisis financiera que le impide solventar sus gastos:
“¿Qué se tendría que hacer?”, le cuestionó la reportera.
“Pues primero, hay que fincar las responsabilidades de quién dejó sin presupuesto al Poder Judicial en Veracruz, quién autorizó eso”, le respondió el Presidente.
Yo le voy a decir al Presidente quién dejó sin presupuesto al Poder Judicial de Veracruz, y quién lo autorizó.
El 24 de enero de 2020 el gobernador Cuitláhuac García envió al Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 72 de la Constitución de Veracruz.
Esta propuesta tenía como fin dar una “interpretación” al concepto de “Presupuesto General del Estado”, al que se refiere la misma Constitución cuando dota de autonomía presupuestal a la Universidad Veracruzana, al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, pues se dispone que reciban un porcentaje fijo “del presupuesto general del estado”.
La reforma al artículo 72 de la Constitución fue publicada en la Gaceta Oficial el 17 de septiembre del 2020 y con ella quedó asentado que “en el caso de órganos, organismos autónomos del Estado o entes públicos a los que esta Constitución o las leyes les asignen porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición”.
Fue, pues, el gobernador Cuitláhuac García quien dejó sin presupuesto al Poder Judicial del estado, y fue el Congreso local –con el voto de dos tercios de los legisladores- el que se lo autorizó.
El negocio de las Ciudades Judiciales, por supuesto que fue un robo, por supuesto que en un fraude de tales dimensiones tuvo que estar involucrado quien fungía como gobernador en ese entonces (Miguel Ángel Yunes Linares) y está claro que el operador de ese asalto a las arcas del Poder Judicial fue Edel Álvarez Peña.
Todo eso lo documentó, centavo a centavo, la que fuera Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, lo que le costó no sólo la Presidencia de ese Poder, sino hasta el cargo de magistrada.
¿De verdad sostendrá el Presidente su opinión de que “se finquen responsabilidades” a los autores de ese saqueo al tesoro público?
La verdad, lo dudo.
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Epílogo.
¡Por fin se acordaron de él! Este martes militantes del PRD realizaron un mitin y un plantón ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Tuxpan para exigir la libertad de Rogelio Franco Castán, a quien califican como “preso político” del gobierno de Veracruz. *** Los manifestantes acusaron al juez Ricardo Moreno por no emitir una resolución en el caso de Rogelio Franco y que durante 134 días haya utilizado tácticas dilatorias y violado la Ley de Amparo para evitar que Rogelio Franco obtenga su libertad. *** La Secretaría de Salud reportó este martes que el número de muertes provocadas por la Covid-19 en México aumentó a 241 mil 936, luego de que se notificaron 657 nuevos decesos en las últimas 24 horas, una cifra no vista desde el pasado 6 de abril, cuando la dependencia reportó 603 defunciones.*** En el reporte técnico diario, se detalló que se registraron 18 mil 911 nuevos contagios de la enfermedad provocada por el coronavirus, por lo que el acumulado de casos confirmados se incrementó a 2 millones 880,409. *** El subsecretario de Salud, Hugo-López Gatell informó que se inició el proceso de reconversión hospitalaria para atender a los pacientes Covid durante esta tercera ola de contagios. *** “Hemos visto que en algunas entidades federativas habían hecho reconversiones, cuando tuvimos el descenso de la epidemia, reutilizaron las camas Covid para otros propósitos, pero en este momento ya están en proceso de reconversión”, dijo. *** El gobierno federal reportó que al corte del lunes 2 de agosto, se aplicaron 481 mil 099 vacunas contra Covid-19, para llegar a un total de 68 millones 089 mil 659 dosis suministradas a nivel nacional. El 53% de la población adulta en el país ha recibido al menos una dosis. *** De las 48 millones 095 mil 458 personas inoculadas a nivel nacional, 25 millones 912 mil 407 cuentan con esquema completo con una o dos dosis dependiendo la vacuna utilizada. En tanto, 22 millones 183 mil 051 personas cuentan con medio esquema.
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