Aurelio Contreras Moreno / Mientras los defensores –por convicción o interés- del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” juran que fue el “compromiso” con la justicia y los derechos de las víctimas lo que motivó la celebración de la fallida consulta popular del domingo pasado, gobiernos como el de Veracruz se encargan de mostrarnos de manera contundente cómo es que entienden realmente el concepto de “justicia”.
En la Rúbrica del 25 de febrero pasado se hizo mención del caso de July Raquel Flores, quien se encuentra presa en el penal de Pacho Viejo desde noviembre de 2020, acusada de haber participado directamente en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, el 29 de junio de ese mismo año.
July Raquel Flores fue detenida por elementos de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz con lujo de fuerza y enfrente de sus hijos en la Ciudad de México, el pasado 6 de noviembre de 2020, y trasladada al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec. Pero de acuerdo con sus denuncias posteriores, durante el trayecto -que duró unas siete horas- fue atacada sexualmente por los policías, quienes también la torturaron física y psicológicamente –con descargas eléctricas y amenazas de muerte para ella y su familia- para que confesara su participación en el crimen.
El caso fue seguido de cerca por el periodista Manu Ureste, quien recogió testimonios de que el día del crimen July Raquel se encontraba en un jardín de niños en Cuautitlán Izcalli, a 300 kilómetros la congregación de Las Trancas, donde se asesinó de un balazo en la cabeza a María Guadalupe Martínez.
La defensa de July Raquel Flores solicitó en el mes de enero de este año que se le practicara el Protocolo de Estambul, procedimiento médico-psicológico que serviría para determinar si fue sometida a tortura para aceptar su implicación en el homicidio de la rectora. Pero el juez que la vinculó a proceso, Marco Antonio Rodríguez Lobato, se negó a autorizar la prueba porque consideró que la petición “carece de su debida fundamentación y motivación” y, por lo tanto, “no se ajusta a derecho”. Se tardó tres meses en dar esa respuesta, en abril pasado.
A pesar de todas las irregularidades que desde un principio hicieron presumir que se trataba de un caso fabricado por la Policía Ministerial para cerrar cuanto antes la investigación del crimen de la rectora –el cual provocó una airada indignación en la región de la capital veracruzana-, fiel al estilo que ha mostrado desde que fue impuesta en el cargo, la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, afirmó que “que el proceso de investigación se ha llevado en todo momento con debido apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos de las víctimas y detenidos”.
Nueve meses después, July Raquel Flores sigue presa por un delito que muy probablemente no cometió, razón por la cual sus familiares convocaron a feministas, medios de comunicación y defensoras de derechos humanos a presentarse a la audiencia que sostendrá ante el juez el próximo 5 de agosto, ahí mismo en el centro de readaptación social de Pacho Viejo.
Así le hace “justicia” a las mujeres el gobierno de la “4t” veracruzana.
El “nacionalpopulismo”
Cuando el gobernador Cuitláhuac García habla de que la consulta popular fue un “juicio popular sumario”, y otros como el dirigente nacional de Morena Mario Delgado retoman conceptos como el de “tribunal del pueblo”, lo que hacen es remitirse a periodos y prácticas del más rancio autoritarismo.
El “Volksgerichtshof” (corte del pueblo) fue un tribunal especial establecido por el entonces canciller alemán Adolfo Hitler en 1934, vigente hasta la caída del régimen nazi en abril de 1945 y a través del cual se denunció, sentenció y hasta se llevó al cadalso a muchos de los enemigos políticos del nacionalsocialismo.
Un “nacionalpopulismo” no suena mucho mejor. Ni muy diferente.
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