Emilio Cárdenas Escobosa / Primer acto: se convoca a una consulta ciudadana, la primera que se hace en el país, con un tema nada atractivo a los ciudadanos: si se debe aplicar o no la ley para juzgar a personajes políticos del pasado reciente que hayan cometido actos que deban castigarse; lo cual por ser una obviedad hace que prácticamente nadie, ni los adeptos al régimen, se interesen en el tema y menos acudan a votar.
Segundo acto: El Instituto Nacional Electoral (INE), como establece la Constitución y las leyes, debe organizar la consulta, previo acuerdo de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del acto. Circunstancia que implicó definir la pregunta a poner a consideración de la gente, sin mencionar por su nombre a los ex presidentes de México, como aparentemente era el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que quedó tan ambigua que pocos la entendieron.
Tercer acto: El gobierno federal dice, y así lo difunde ampliamente a través de personajes prominentes de Morena, que se preguntará si debe sancionarse o no a los ex presidentes por actos de corrupción o abuso de poder en el pasado.
Cuarto acto: La consulta, como era previsible, es un fracaso, pues vota menos del 8 por ciento del padrón electoral, y se acusa al INE de no haberla promovido o aún de boicotearla.
Quinto acto: El presidente asegura que fue un éxito la consulta, pero se empieza a difundir el mensaje de que el INE no cumplió y por tanto es un lastre para los nuevos tiempos democráticos
Sexto acto: Se prepara ya la enésima reforma electoral en la que se pedirá a los legisladores de Morena a hacer suya la iniciativa del presidente para desaparecer el INE y crear otro organismo organizador de las elecciones. Con ello se deshacen de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y de cuanto consejero del INE sea incómodo al actual gobierno, y se da el golpe final para hacerse del control del instituto que tendrá a su cargo la organización de los comicios federales del 2024.
¿Cómo se llamó la obra?: plan con maña.
Así, a manera de comedia de enredos en la que al final se aclara la motivación de los personajes al llegar al clímax el argumento y se da la resolución de las tensiones que mantuvieron atrapada la atención del espectador, es como se puede poner en claro el objetivo último de la polémica consulta ciudadana celebrada el pasado domingo 1 de agosto.
Fue una puesta en escena con un solo ganador: el presidente López Obrador quien, habilidoso como es, encontró la manera de seguir concentrando las miradas del respetable para mantener su discurso de ajuste de cuentas con el pasado –ajuste que obviamente no se hará porque de haberlo querido hacer realmente desde el primer día de su gobierno lo habría impulsado ante la Fiscalía General de la República con las denuncias correspondientes-; seguir con la promoción de su imagen como un presidente transformador, diametralmente opuesto a los anteriores y que merece estar en los libros de historia; y, el verdadero motivo, lanzar la ofensiva final para desacreditar al INE y preparar la reforma electoral que ya anunció y que tendrá como objetivo, bajo variados argumentos, controlar al órgano electoral.
Un plan perfecto que se ajusta a sus deseos y objetivos político-electorales pero que costó la friolera de 580 millones de pesos que salieron de los recursos públicos.
Por eso ahora vemos a personajes del firmamento morenista salir a dar interpretaciones y a hacer juicios sumarios del INE, como es el caso del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien salió a responsabilizar al Instituto Nacional Electoral de la poca participación en la consulta y de las irregularidades que fueron denunciadas en la entidad.
“El organismo electoral ya no está a la altura porque sigue permitiendo fraudes en las casillas, sigue permitiendo desorganización y gasta mucho”, dijo el mandatario veracruzano. Y ya encarrerado acusó que las estructuras del poder que dejaron los expresidentes de México permanecen todavía en el INE y “actuaron en su defensa”.
García Jiménez, concluyó su dictamen al plantear como conclusión que el INE está demostrando inoperancia ante los nuevos retos democráticos que se le exigen y que “los representantes populares en el Congreso de la Unión deberán tomar cartas en este asunto”.
¿Así o más claro todo el trasfondo de la aparentemente fallida consulta ciudadana?
Lástima que un ejercicio auténticamente democrático como lo es consultar a la población sobre decisiones trascendentales que deben tomar los depositarios de los poderes públicos, y que es un mecanismo por excelencia de la democracia participativa de uso común en diversas naciones del mundo, haya sido usado de esa forma.
El primer ejercicio de esa naturaleza que se realiza en nuestro país y que pudo haber tenido una enorme participación si se hubiera consultado sobre si se estaba de acuerdo o no en el regreso a clases presenciales en plena tercera ola de la pandemia de Covid 19, o sobre la continuidad de proyectos u obras gubernamentales (así como supuestamente se hizo para detener la construcción del aeropuerto en Texcoco) o sobre la militarización de la seguridad pública, entre un largo etcétera.
Pero en esos temas, decididos ya por el que manda en el país, la opinión de la gente es lo de menos.
Esa es nuestra Cuarta Transformación.
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