Irineo Domínguez Méndez / La tercera Ley de Newton nos ilustra respecto a que: “a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario”. La acción de la magistrada Concepción Flores Saviaga, al denunciar valerosamente la injerencia del poder ejecutivo en la vida interna del poder judicial, tuvo como reacción que el gobernador declarara se tratase de una mentira de la magistrada. Añadió el gobernador – según se lee en notas periodísticas -, que la postura de la dama se debe a la renuencia de reducirse el salario. Algunos medios han dado a conocer, de manera desglosada, los emolumentos y salario que percibe la magistrada. Sin duda alguna, el monto es escandaloso; se presume a la magistrada como la funcionaria que más gana en el Estado.
La polémica creada por el quebranto del poder judicial, consistente en la falta de recursos para solventar su gasto corriente, ha enfrentado a los dos poderes y ha llamado la atención de propios y extraños. El primero, por conducto de la magistrada, señaló mala administración realizada por la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia: Isabel Romero, de quien solicita su remoción. Incluye en los malos manejos a la administradora, a la que señalan como exempleada de un familiar del gobernador en la secretaría de Finanzas; funcionaria que contrató a diestra y siniestra a personal no calificado y con altos salarios. El segundo, el ejecutivo, ni tardo ni perezoso, negando la injerencia, la calificó de mentirosa e insensible.
La consecuencia entre los dimes y diretes fue que “alguien” solicitó información de las percepciones de la magistrada y ¡¡ooooh, sorpresa, que prontitud para tener respuesta!! La unidad de transparencia del poder judicial (con minúsculas), de la cual se vislumbra inclinación para perjudicar a la magistrada, informa – a medias – lo solicitado; excluye a los magistrados que, se dice, no están de acuerdo en la reducción de salario y emolumentos. Ese “alguien” solicitante, probablemente, se “prestó” para “el trabajito” que golpeara la imagen de la magistrada. Sin duda, se desaprovechó la oportunidad de conocer a cuánto ascienden los salarios de todos los magistrados renuentes; así como de quienes laboran en la unidad de transparencia.
De una u otra manera, el gobernador ha destapado una cloaca: la del poder judicial. Desafortunadamente, existen, también, en los otros dos poderes del Estado; si el gobernador destapa una, pues, que destape todas con pelos y señales; incluso, las que existan en el poder ejecutivo. Urge una limpia en el legislativo; esto es así, porque muchos empleados “de confianza” en este poder han dejado de “trabajar”, imitando a los diputados; quienes son señalados del incumplimiento del deber legal por no sesionar conforme marca la ley orgánica; eso sí, cobran como si lo hicieran. Las ausencias de los diputados son acompañadas con las de sus allegados; actúan como aviadores.
La austeridad tiene que permear en todos los niveles de gobierno del País; en este caso, en Veracruz. Desde hace mucho tiempo atrás, la burocracia ya resulta una carga demasiado pesada para el pueblo. Los conceptos desglosados de las percepciones de la magistrada muestran emolumentos inmerecidos: vales o dinero para despensas, bonos, ayuda para compra de útiles, pago del día de las madres, ayuda a pasajes (sic ¿?), estímulo a servidores públicos, etc., tienen que desaparecer de un plumazo; por decreto. Los ajustes salariales tienen que contemplar a todos los trabajadores de confianza de los tres poderes. Hacerlo de manera personalizada e individual es pura demagogia y cobro de facturas por vendettas.
Estamos seguros que la intención del gobernador – siguiendo la línea policía de AMLO – es acertada: imponer la austeridad. También debe tener mucha razón la magistrada al señalar exceso de contratación de personal; ambos proponen eficientar el uso de los recursos. ¿Qué hace el Orfis sobre la denuncia de la magistrada?
Otro sí digo. – Para combatir la corrupción e impunidad hay que participar en la consulta.
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