Claudia Guerrero Martínez / Increíble, ante infinidad de cesados en el Poder Judicial, hubo daños colaterales y la presidenta magistrada, Isabel Inés Romero Cruz, en una reunión con jueces, reconoció su desconocimiento sobre los expedientes de los cesados, así como admitir la terrible situación económica del Poder Judicial, a tal grado, que hay problemas para pagar la última quincena. Además, allegados a la titular del Tribunal Superior de Justicia, de apellido “Niño” lloró en dicha reunión, durante el relato de un panorama devastador, digno de un premio Óscar.
La ilegalidad en el despido de jueces y trabajadores de los diferentes Juzgados provocará un colapso en el Poder Judicial, por el pago de indemnizaciones y hasta laudos. La lista de los empleados cesados son: Maribel Rodríguez Matamoros, Andrés Enrique Cruz Topete, Lorena Díaz Rodríguez, María Alicia Caram Castro, Franklin Hernández de la Cruz, Roberto Rafael Dorantes Guevara, Fernando José Oropesa Romero, quien lleva más de 11 años laborando para el Poder Judicial, así como Elvira Martínez Landa, Óscar Antonio Guerrero Hernández, Marco Antonio Castellanos Mar, María Concepción Andrade López, Alejandra Espinoza Fernández, Zulahmi Herrera Báez, Erycka Paola León Tablada, Jessica Elsa Sierra Arriola, Karla Sofía Barrera Torres, Epitacio Gómez Francisco, Diana Suárez Pérez, Adrián Duarte González, Liliana Robles García, Carlos Ramón Salgado Vásquez, Adriana Aburto Sánchez, Adriana Muñoz Díaz, Nazaria Calderón Valdivia, Karla Marina León Perdomo, Marlem González Pérez, Jesús González Jiménez, Delia de la Cruz Zárate y María del Carmen Rivera Huesca, quien es secretaria del civil menor en Cosamaloapan.
Lo interesante es desaparecer 12 Juzgados Familiares, 11 Microregionales, 2 Juzgados Digitales, un Juzgado Octavo de Primera Instancia en Córdoba y un Juzgado Tradicional, también en Córdoba. Los empleados del Poder Judicial criticaron duramente a Cuitláhuac García, llamándolo ignorante del Derecho y de la impartición de justicia, cuando en el discurso del Gobernador, asegura, sin ser experto, ni abogado, que los Juzgados Microregionales no servían, ni tampoco los Juzgados Familiares. Una afirmación sin sustento y su desconocimiento provocará un terrible colapso en el Tribunal Superior de Justicia en Veracruz.
Si bien, se asegura que el Poder Judicial atraviesa una terrible crisis económica, por presuntos desfalcos en anteriores administraciones, lo cierto es que en esta institución, donde se imparte la ley y presuntamente ser aplicada, no hay investigaciones sustentadas, tampoco imputados, ni indiciados, mucho menos haber librado órdenes de aprehensión en contra de expresidentes del TSJ, exadministradores del Poder Judicial, ni de personas que según el Gobernador de Veracruz, son los culpables de la situación del presunto colapso administrativo.
Ante esta crisis, culpan a la Secretaría de Finanzas y Planeación por no otorgar más presupuesto y salió a aclarar esto, el titular de SEFIPLAN, José Luis Lima Franco, quien aseguró que esta quiebra se atribuye a la mala administración del gasto de los más de mil 600 millones de pesos, designados en el 2021. Y lo más interesante, no hay culpables, ni imputaciones por esta debacle, como es en contra de Sofía Martínez Huerta, magistrada desaforada por el Congreso de Veracruz, sin recibir un castigo ejemplar.
Y nos comentan empleados del Poder Judicial sobre otra queja y la publicamos textualmente: “Poner del conocimiento al público, que el jueves 8 de julio de 2021, se llevó a cabo una discusión en la Sala de Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, donde se abordó el tema sobre el descuento del 30 por ciento de la compensación, que obtienen los Magistrados de dicha institución, con el fin de salvaguardar la “quiebra” que atraviesa el Poder Judicial del Estado, hasta terminar el año”.
“Algunos Magistrados se han mostrado renuentes en la aportación “voluntaria” que les solicitó el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y es que al momento de manifestar dicha solicitud por parte de la Magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz y los señores Magistrados prefirieron exigir cuentas del presupuesto”, comentaron los inconformes.
Y van más allá: “Sin embargo, el punto medular, lo es la negativa por parte de la Magistrada Claudia Reséndiz Aguilar, quien propuso eliminar a un secretario de estudio y cuenta (proyectista), cuya función es elaborar los proyectos de sentencia, es decir, son las personas quienes realizan el trabajo, al igual que los oficiales administrativos. Lo preocupante, es que los proyectistas reciben un ingreso mensual de $35,000 pesos mensuales, mientras que un Magistrado percibe la cantidad aproximada de $140,000 pesos mensuales, con una gran diferencia”.
Además: “Dicha Magistrada prefiere que recorten al personal, quienes se encargan de sacar el trabajo, a que le descuenten el 30 por ciento de sus percepciones. Lo que no saben, es que la servidora pública, hace años, igualmente fue proyectista, por lo que el día de hoy olvidó de dónde proviene, al mostrar cero empatías hacia sus colaboradores, cero respetos a la carrera judicial y sobre todo, cero ejemplo a la austeridad que prolifera la 4T”.
Esperemos que los señores Magistrados, aborden la preocupante situación económica, de forma madura y ética, pues como se mencionó en la sesión, es una cuestión temporal y la solución no es seguir recortando personal, menos aún, en tiempos de pandemia. Habrá que ajustarse el cinturón a los togados unos meses y ojalá brinden el ejemplo a la ciudadanía, pues son unos pocos, quienes deciden sobre muchos.
Comentarios